Entre agosto y septiembre del 2019, el mundo perdió cerca de tres millones de hectáreas de selva amazónica a causa de voraces incendios. Solo para dimensionar la magnitud del desastre, la extensión del bosque destruido fue equivalente a casi 80 veces el espacio que hoy ocupa el área urbana de Bogotá.
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Lo peor de todo fue que pasaron varias semanas antes de que la gravedad de la situación se hiciera visible: el fuego ya había arrasado con cientos de miles de árboles y de especies animales cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (Nasa, por su sigla en inglés) publicó las primeras fotos de los incendios.
Por eso, una de las principales enseñanzas que dejó la tragedia fue que el impacto se habría podido minimizar si se hubiera contado con información oportuna que permitiera movilizar equipos y gestionar recursos para atender la emergencia. Justamente, ese es el foco del proyecto Amazonía 2.0: generar alertas tempranas desde los territorios para prevenir nuevos desastres ambientales.
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La iniciativa va en un 75 por ciento de ejecución y ha sido financiada por la Unión Europea e implementada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en seis países de Suramérica, en conjunto con cinco socios ambientales estratégicos: Fundación Natura, Ecociencia, Eco Redd, Amerindian Peoples Association y Amazon Conservation Team.
El proyecto se ha encargado de formar, con el apoyo de la Universidad de la Amazonia, a cerca de 50 personas pertenecientes a las nueve agrupaciones campesinas de Mononguete y a dos comunidades del resguardo indígena Niñeras del pueblo inga, todas en el departamento de Caquetá. Sin embargo, Amazonía 2.0 impacta a casi 500 familias campesinas e indígenas, por cuanto está previsto que las personas capacitadas repliquen en sus respectivas comunidades los conocimientos adquiridos.
Álvaro Vallejo, director de la UICN para América del Sur, afirma que, para el caso colombiano, las once comunidades que desde hace décadas habitan la selva amazónica son los mejores aliados y están en mejor capacidad de reportar las señales de alerta que identifiquen. Y es que son muchas las amenazas: incendios, tala ilegal, actividades extractivas (tanto lícitas como ilícitas), expansión agropecuaria desmedida y los proyectos de urbanización no planificados que cambian el uso de los suelos forestales, entre otros.
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César Monje, biólogo de la Fundación Natura y coordinador del proyecto para Colombia, precisa que no se trata de formar guardabosques, “lo que se busca es que las comunidades valoren y se apropien del territorio, lo manejen adecuadamente y lo gobiernen interculturalmente para hacer frente a presiones, así como a amenazas externas e internas”, dice.
Los expertos de la UICN manifiestan que los riesgos también se generan en el interior de las propias comunidades debido al desconocimiento, la pobreza y la falta de organización. Todo eso también juega en contra de la naturaleza.
Con ellos coincide Eider Valderrama, líder de la comunidad campesina de Mononguete, quien señala: “La principal amenaza para el bosque es la ganadería porque en esta zona donde nosotros estamos ese es el sustento de las familias, acá no hay otra forma de producción”.
Y es por esto, agrega el líder comunitario, que “hay familias que cada año están talando el bosque para agrandar las pasturas”.
Por ese motivo, Monje asegura que los habitantes de estos territorios han recibido una formación que les permite comprender mejor que el bosque es parte de un socioecosistema. Y es de esta manera como los habitantes reportan si ven humos en la zona, traslados de madera en áreas protegidas, presencia de personas ajenas a las comunidades, entre otras señales.
El proyecto Amazonía 2.0 no solo brinda conocimientos, sino que también dota de tecnología a las comunidades. Por ejemplo, han podido usar cámaras, binoculares y equipos que nunca habían manipulado y que les sirven para proteger el bosque.
Dentro del proyecto se contempla, además, que para las áreas de mayor extensión, los monitores comunitarios puedan tener acceso a sensores remotos, que les envían información e imágenes satelitales sobre deforestación. “Las señales de alerta se reportan primero en la comunidad y, dependiendo de la alerta, se escala a otras instancias”, apunta César Monje.
El experto lo ejemplifica así: “Si se trata de un tema que no se puede resolver allí, el caso va a la asociación indígena o campesina y luego a las instituciones pertinentes del Estado”.
El cuidado del medioambiente se ha interiorizado tanto en la zona que, por ejemplo, cada una de las nueve comunidades campesinas de Mononguete ya cuenta con un comité ambiental, integrado por tres personas.
“De esta manera, las 27 personas conformamos un comité central, y cuando tenemos alguna problemática ambiental la llevamos allá y miramos qué podemos hacer para solucionarla”, señala Valderrama.
El cronograma de Amazonía 2.0 señala que sus actividades finalizarán este año y sus resultados definitivos serán presentados a principios de 2021. Sin embargo, el balance parcial es muy satisfactorio.
Con corte a 2019, se han conformado e implementado 49 veedurías comunitarias en los seis países y se han producido más de 200 reportes de monitoreo que dan cuenta del estado de los 1,5 millones de hectáreas cubiertas.
Vallejo sostiene que, desde la UICN, están “buscando cómo darle continuidad al proyecto, más allá de la fecha oficial de finalización, para que las comunidades puedan seguir teniendo acciones apoyadas por nosotros y los demás socios”.
Una de las tareas de cierre que faltan por afinar es la de formalizar convenios con las distintas autoridades ambientales de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana.
El director regional de UICN para América del Sur asegura que la idea es que los reportes de los habitantes vayan directamente a las autoridades competentes para que puedan tomar las acciones del caso y que la información llegue hasta los sistemas nacionales de monitoreo.
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
