Con la reducción del 37,8 por ciento en el presupuesto para la gestión ambiental en Colombia –con un fenómeno de deforestación galopante, más de 31 millones de hectáreas protegidas para gestionar y los retos del posacuerdo–, los científicos ven con preocupación alcanzar las metas establecidas. EL TIEMPO habló con Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt.
¿Qué sensación le deja la reducción al presupuesto ambiental teniendo en cuenta los grandes retos del sector?
Esa cifra la recibimos con tristeza. Durante el Gobierno anterior los institutos de investigación se consolidaron y encontraron espacios de acción importantes, pero con estas condiciones quedan reducidos a su mínima expresión. Es la primera vez que tenemos un recorte de tal magnitud y eso significa que, en el caso del Humboldt, hay que cerrar algunos laboratorios, despedir entre 50 y 60 investigadores y reducir publicaciones.
Aunque siempre queremos más, es más importante la continuidad que la cantidad. Todo el esfuerzo que hemos hecho para reincorporar doctores ph.D, garantizarles espacios de trabajo y vincularlos a agendas de relevancia nacional, sencillamente se cae. Entonces, uno se pregunta: ¿será que no valoran lo que hacemos, será que no somos lo suficientemente importantes después de todas las palmaditas en la espalda y los premios que nos han dado?
Entiendo que el presupuesto del sector ambiental viene globalizado y no hay un presupuesto específico para los institutos de investigación. El Ministerio no ha sido el mejor ejecutor pero nosotros sí y, ahora, acabamos castigados igual. Lo que hacen los institutos por el país y por el Sistema Nacional Ambiental (Sina) a un precio absolutamente ridículo es enorme.
¿Esa reducción, entonces, tiene que ver con la mala gestión del Ministerio de Ambiente?
Cuando un sector no ejecuta el 100 por ciento de los recursos que le fueron entregados y los devuelve a la Nación, se puede interpretar como si sobrara dinero. Esa baja ejecución se convierte en un castigo. Hubo años en los que el Ministerio tuvo problemas estructurales, y no es por la falta de capacidad sino por las múltiples tareas que tiene siendo tan chiquito.
Ahora, es falso que el sector privado o la cooperación internacional puedan asumir los costos. Se necesita un mínimo de apalancamiento y con esta reducción se cae la confianza del sector privado.
¿Bajo esas condiciones Colombia puede cumplir con los acuerdos internacionales?
¡Es un completo desastre! Esto implica la renuncia de Colombia a cumplir con sus compromisos, y a integrar y desarrollar sus propias políticas. Nos deja en una situación de retórica ambiental ante la comunidad global, que percibe señales preocupantes porque una cosa son las declaraciones, los discursos e instrumentos jurídicos, pero otra es lo que pasa en el territorio. Colombia corre el riesgo de perder la credibilidad, su consideración de país líder en la gestión de biodiversidad de áreas protegidas, y más bien entrar en la categoría de los ‘carretudos’.
En el caso del Humboldt, hay que cerrar algunos laboratorios, despedir entre 50 y 60 investigadores
La casa está desordenada pero por fuera decimos que está impecable...
Claro, uno puede tener problemas de gestión ambiental y aducir que está experimentando formas alternativas para tratarlos, y es válido para construir un discurso de conexión global porque hasta Alemania, Francia, Japón y Argentina luchan con sus propios problemas; pero cuando se pone en evidencia que no existen ni inversiones ni construcción de capacidad ni voluntad política, sencillamente se pierde legitimidad.
Colombia dice que va a hacer cosas, y expide leyes, decretos, resoluciones, publicaciones, pero en la práctica no hay ningún indicador que permita evidenciar que eso está pasando. Ingresamos a la Ocde, lo cual es un paso sano porque implica adoptar buenas prácticas ambientales muy estrictas ¿y, qué ha pasado? Me preocupa que ante el esfuerzo que hace la comunidad científica y académica colombiana, tratando de impulsar una gestión seria y responsable, nos den a entender que “hay ganas, pero como que no tantas”.
Y no es que no haya plata. Colombia no es un país pobre pero la distribución de las inversiones no se hace pensando en el futuro, sino en la coyuntura. No están entendiendo la utilidad de invertir en ambiente y ciencia. La innovación no da frutos en el corto plazo pero es que no se está haciendo siquiera el intento.
¿Usted cree que este Gobierno realmente quiere transitar hacia otro modelo económico?
Comparto la misma pregunta y preocupación. Yo creo que el nuevo Gobierno la tiene clara y nosotros, 600 investigadores de cuatro institutos, estamos al servicio para ayudarlo a cumplir. Pero muchos recursos se van para ONG internacionales, consultores externos y vemos cómo pasa el presupuesto frente a nuestras narices.
Ahora, no nos digamos mentiras, si el mecanismo de transición lo quieren hacer a través de otras instancias pues, listo, lo hacemos, pero el país se inventó hace 25 años los centros de investigación, como instrumento público-privado para hacer gestión e innovación ambiental. Entonces hago un llamado a que reconozcamos en los institutos un poder gigantesco para mover la agenda del Gobierno. No tenemos partido pero sí la capacidad orientada a fortalecer planes y estamos al servicio del ministro de Ambiente para ayudarlo.
Colombia corre el riesgo de perder la credibilidad, su consideración de país líder en la gestión de biodiversidad
¿Cuál es su hipótesis frente al aumento de la deforestación? Se preveía, los estudios existieron...
Son las autoridades regionales las que promueven la deforestación en Colombia. Para las fuerzas políticas de Guaviare, Meta, Caquetá, Casanare, Arauca e incluso Chocó, la selva es un estorbo entonces dicen que no tienen la capacidad de controlar el fenómeno, pero, de espalda, dan luz verde para abrir monte. Eso es gravísimo porque rompe la unidad de política nacional y plantea conflictos de gobernabilidad.
Hay una contradicción fuerte entre fuerzas regionales y el Gobierno, y eso se ve en las disputas ambientales que hay con las Corporaciones Autónomas (CAR), donde la autonomía que tienen a veces se convierte en una ruptura para el cumplimiento de las políticas.
¿Es abrir monte por abrirlo o qué hay detrás?
Voy a ser benévola y no voy a suponer razones oscuras sino la convicción que tienen muchos de que el único uso económico posible es la ganadería o la potrerización para el mercado inmobiliario, que finalmente es lícito. Así que podrían aducir que están protegiendo intereses de las comunidades… Pero piensa mal y acertarás.
¿Dónde está el cuello de botella de la deforestación?
En recuperar la gobernabilidad del territorio, y eso se hace con el Ejército, la Policía, la Fiscalía y las CAR, y de manera contundente.
Los políticos locales no entienden nada de lo que le está pasando al mundo en términos ambientales, que eso sería el menor de los males, pero la deforestación en Colombia es un tema de corrupción. Aquí no se deforesta por hambre o ampliación de la frontera agrícola para satisfacer la seguridad alimentaria de los habitantes, como algunos dicen, aquí se deforesta por corrupción, punto.
¿Esto del ‘fracking sostenible’ de dónde sale?
Añadirle el adjetivo de ‘sostenible’ a la minería o a las actividades extractivas es innecesario. Uno puede realizar actividades de manera responsable y asumiendo los riesgos que conllevan, pero no son sostenibles.
Estamos nerviosos ante esas opciones que el país tiene que definir en el corto plazo, como la continuidad de la minería de carbón y las transiciones energéticas porque no es fácil redireccionar a los sectores. Un tratamiento prudente de esas decisiones es importante. Evaluar con cuidado los beneficios y los contras, socializar la discusión, y darnos un plazo para tomar las decisiones que haya que tomar. El 'fracking', eventualmente, es una opción para Colombia, es inevitable que el país no lo haga, pero ojalá que nos tomemos el tiempo necesario hasta llegar a esa etapa, y que no nos toque.
Hay mucha desconfianza y mucho desconocimiento, y la resistencia a esta técnica se ha convertido en un símbolo del ambientalismo contemporáneo y una bandera política, pero no se ha complejizado la discusión lo suficiente como para que el Congreso de la República analice si Colombia debe o no entrar en la era del fracking.
¿Y por qué dice que es inevitable?
Porque mientras no tengamos otras fuentes vamos a seguir dependiendo de combustibles fósiles. Colombia tiene reservas petroleras para 6-8 años, somos un país dependiente de esa economía y transformarla rápidamente en una economía baja en carbono y más sostenible requiere de una inversión gigantesca. Ni siquiera los países más desarrollados lo han hecho del todo, están construyendo apenas las condiciones para hacer la transición energética con plazos de 25 años para lograrlo.
Paulatinamente ese giro lo van a dar todos, pero no igual de rápido. Construir plantas eléctricas, plantas solares, ajustar la política de hidroeléctricas, etc, es difícil y además súmele la incapacidad de pensar más allá del periodo de gobierno. No se puede hacer gestión ambiental en plazos de años. Los ecosistemas funcionan en escalas de decenas de años, y miles y cienmiles de hectáreas. Hay que pensar es en los grandes procesos ecológicos que afectan la seguridad nacional, como la deforestación o la contaminación de los ríos por mercurio y heces fecales, y, pues ante el cambio climático, ahora ya somos pasivos, solo podemos adaptarnos y no hay tiempo. El cambio climático se nos vino encima y nos va a volver chicuca.
