'Un campesino no tiene 2 millones para tumbar una hectárea de bosque'

'Un campesino no tiene 2 millones para tumbar una hectárea de bosque'

El director de la CDA asegura que se necesitan operativos militares articulados para atacar el tema

Deforestación

Según el Ideam, Guaviare perdió 38.221 ha de bosque natural en 2017.

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Tatiana Pardo Ibarra

Por: Tatiana Pardo Ibarra
27 de mayo 2019 , 10:00 p.m.

En el Guaviare, el segundo departamento más deforestado de Colombia, casi nadie se atreve a dar nombres de aquellos que están detrás de las motosierras que en pocos minutos se llevan por delante miles de hectáreas de bosque natural para convertirlas en pastizales. Sin embargo, aunque no serán las grandes cabezas detrás del acaparamiento ilegal de tierras, ya empiezan a darse algunas sanciones económicas por el delito.

Según le contó a EL TIEMPO el director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), César Humberto Meléndez, los procesos adelantados entre 2017 y 2018 han arrojado 61 investigaciones sancionatorias, de las cuales 18 ya fallaron. Los infractores tendrán que pagar multas que oscilan entre los 3 millones y casi 500 millones de pesos. Los señores Abelardo Cano Ávila y Jimi Armando Cano Estado, esmeralderos boyacenses, tienen las penalidades más altas.

¿En este momento cuáles son los principales motores de deforestación en Guaviare?

El primero es la praderización para la ganadería, pero no son los campesinos los culpables. Ellos tumban una o dos hectáreas y siembran para autoconsumo, el problema es la gente que está llegando, que no son de la región, con grandes capitales, camionetas blindadas y escoltas armados. Llegan a una vereda y contratan a los habitantes para que tumben el bosque, zonas de reserva forestal, bosques primarios. Cuando llegamos a hacer los operativos, quienes están ahí son los campesinos. Deforestar no es barato.

¿Cuánto cuesta?

Tumbar una hectárea de bosque y sembrar pasto vale más de 2 millones de pesos. El que tumba 100 hectáreas, entonces, debe tener 200 millones para hacerlo en poco tiempo. Ese dinero no lo tienen los campesinos.

¿Y los otros dos motores?


Las vías. Con el tema de la Marginal de la Selva se nos presentó una deforestación de más de 2.000 hectáreas en solo tres meses, al parecer por órdenes de la guerrilla. También, se dice que la gobernación y la alcaldía de Calamar empezaron a abrir la trocha Calamar-Miraflores, que había sido construida por la guerrilla como corredor cocalero. Esas investigaciones se están adelantando.
El problema no es la vía misma, sino las fronteras de colonización que generan. Se está poniendo en riesgo la conectividad Andes-Amazonia.

En los sobrevuelos se ve coca y palma africana...

Allí, la palma no ha cogido tanto vuelo. Hay manchas de 100 y 200 hectáreas, aunque casi todas quietas. Pero los cultivos ilícitos sí son el tercer motor. Aquí seguramente los disidentes están involucrados, pero en los otros casos no sabemos por qué llegamos a hacer las evaluaciones del daño y luego nos toca salir corriendo. Mi gente trabaja sola.

¿Cuántas personas de la CDA monitorean la deforestación de 18 millones de hectáreas?

Son 37 personas para Guainía, Vaupés y Guaviare, de las cuales tres están de planta en este último departamento, que son 4 millones de hectáreas. Pero gracias a Visión Amazonia, ya tengo un equipo de casi 20 personas para el control ambiental allí, lo que sigue siendo insuficiente. Es un porcentaje monstruoso (son 200.000 hectáreas por persona, aproximadamente).

¿Desde hace cuánto tiempo están las 20 personas?

Desde hace seis meses, entre profesionales y técnicos. Del personal que tenemos en campo, ya hay dos que están amenazados directamente, con nombre propio. Los grupos residuales dicen: ‘Cuando vengan, cójanlos, amárrenlos o mátenlos, y digan que somos nosotros’.

¿Cómo se hacen las operaciones y cada cuánto tiempo?

Se hacen todos los días. Hay gente de base en Calamar, en San José del Guaviare y Retorno. Hay dos grupos, uno encabezado por una ingeniera ambiental y el otro, por una ingeniera forestal. Trabajamos principalmente con los reportes de puntos calientes que nos da el Ideam.

Ellos van en motos, hacen el recorrido de la zona para levantar el polígono, se mira si hubo afectación de humedales o no, si hay especies en vía de extinción, si era bosque primario, secundario o rastrojo; en cuánto tiempo se podría recuperar el ecosistema y cuánto cuesta el daño aproximadamente. La información hace parte del concepto técnico, pero el problema real es el proceso jurídico.

¿Cuántas investigaciones tienen entonces?

Sesenta y una investigaciones abiertas y 18 falladas. La multa por hectárea es de unos 4 millones de pesos. El parámetro más grande de esa multa es el beneficio ilícito (el enriquecimiento que obtiene el infractor como consecuencia del delito que comete). Por ejemplo, de una multa de mil millones, 700 millones pueden corresponder a beneficio ilícito.

¿De cuánto son las multas de los 18 casos?

Oscilan entre los 3 millones y casi 500 millones de pesos.

¿Y son los grandes deforestadores?

No. Son lo que hemos logrado hacer. Pero ya empiezan a salir los grandes…

¿Como cuáles?

Una familia de esmeralderos boyacenses de apellido Cano, con multas entre los 300 y 500 millones de pesos. Hay otras multas donde han caído políticos de la región y/o sus familiares, con multas entre 160 y 200 millones. Y la más grande, en el sector de La Panguana, es una multa que estará entre los 2.000 y 2.500 millones.

Deforestación

La especulación de la tierra, la praderización, los cultivos ilícitos y la infraestructura vial son algunas de las principales causas de deforestación en Colombia.

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Tatiana Pardo Ibarra

¿Qué tan efectiva es la articulación con la Policía y el Ejército?

Es poca. Son solo tres policías ambientales en el departamento, pero si vamos a ir a campo, ya necesitamos el acompañamiento del Ejército. No se van a ir tres personas a suicidar con nosotros. Para poder coger a los grandes deforestadores, se necesitan operativos militares, y en este momento, no hay capacidad para hacerlo.

Hay cierto temor en Guaviare por dar nombres exactos de quienes deforestan ¿se sabe quiénes son? ¿por qué tanto silencio?

Tenemos grupos de esmeralderos, pero el Ejército nos dice que hay gente financiada por el cartel de Sinaloa, o gente que simplemente llega a praderizar bajo la idea de que, en algún momento, se va a levantar la zona de reserva forestal y esos predios podrán ser titulados.

¿El gobernador Nebio Echeverry auspicia la deforestación?

Yo puedo decir dos cosas: el plan de desarrollo era GuaVIAre, en mayúscula, o sea que tenía un compromiso vial. En el departamento, solo una o dos vías son legales, el resto son ilegales y están en zona de reserva forestal, que llegan a fincas que no deberían estar ahí. Y, por otro lado, el gobernador tenía una propuesta agropecuaria grande, con intervenciones de arroz en las riberas de los ríos.

Pero si hay un gobernador que, incluso, públicamente habla de una visión de desarrollo agropecuario, ¿qué tan fácil es frenar la deforestación?

Él inició con una política antiambientalista abierta, pero después de charlas, presiones y demandas, ahora, no se fomentan esos programas; al menos no abiertamente, o que sepamos
.
¿Es posible revertir el fenómeno o se dejaron coger mucha ventaja?

Yo creo que cuando se estaban negociando los acuerdos de paz, nadie estudió que íbamos a tener una hecatombe ambiental. No sé si se habrá valorado la función ambiental que cumplía la guerrilla en estas zonas, porque ellos sí tenían presencia en el territorio. El Estado no tiene esa capacidad de estar finca a finca. Ahora, los que quedan ya son delincuentes.

TATIANA PARDO IBARRA
tatpar@eltiempo.com
Twitter: @Tatipardo2

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