Desde indígenas que defienden la riqueza natural en el Amazonas, hasta guarda parques que protegen las reservas naturales de la República Democrática del Congo, las caras de las y los defensores del medio ambiente y el territorio están, en todos los continentes, enfrentando las mismas amenazas de manera silenciosa y valiente.
Según el último reporte de Global Witness, organización inglesa que cada año monitorea los actos de violencia contra estos líderes, en 2017 fueron asesinadas 197 personas, un número similar al de 2016 cuando 201 personas perdieron la vida, la cifra más escalofriante registrada hasta el momento.
Emilsen Manyoma hace parte de esa lista. El 17 de enero del año pasado se encontraron los cadáveres de ella y de su esposo, Joe Javier Rodallega, en Buenaventura. Emilsen era lideresa de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) que protege los derechos de los grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos. Emilsen se enfrentó a empresas que querían quitarles sus tierras para proyectos mineros y fue asesinada por un desertor de las Farc.
América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos, siendo Brasil, México y Colombia los países más peligrosos. La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (juntas representan el 60 por ciento) relacionados con proyectos de soja, palma de aceite y caña de azúcar. A su vez, la defensa de parques nacionales continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 21 asesinatos vinculados con la caza ilegal.
“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, advierte Rachel Cox, funcionario de Global Witness.
“La mayoría de los asesinatos ocurrieron en áreas forestales remotas de países en desarrollo, particularmente en América Latina, donde la abundancia de recursos a menudo es inversamente proporcional a la autoridad de la ley o la regulación ambiental”, advierte el informe. Brasil, con 46 asesinatos, fue una vez más el país más peligroso para los defensores, seguido de Filipinas (41), Colombia (32), México (15) y la República Democrática del Congo (13).
De los 197 asesinatos, 37 están relacionados con el sector agropecuario, 23 con la caza furtiva, 36 con minería, 19 con explotación maderera, y 3 con agua y proyectos de represas, entre otros.
Según el informe de Global Witness, los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los protectores de la naturaleza, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros, multas, ataques legales, desplazamientos forzados, estigmatización mediática, robos y lesiones personales. Los paramilitares, la policía y los terratenientes fueron los principales responsables de las muertes en 2016.
El asesinato de líderes sociales no cesa en el país. Hoy se registró la muerte de la ambientalista Yolanda Maturana, en Risaralda, una mujer dedicada a defender los recursos naturales, en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó.
REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE
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