Arrasaron con 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonia colombiana

Arrasaron con 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonia colombiana

En los primeros 100 días del 2020 la deforestación incrementó respecto al 2019.

Deforestación 2020

Incendio observado en la selva colombiana en marzo del 2020.

Foto:

Rodrigo Botero

Por: Tatiana Rojas Hernández 
02 de junio 2020 , 12:00 a. m.

A tres días de que se celebre el Día Internacional del Medioambiente, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) entregó cifras no oficiales sobre cómo avanza la deforestación en el país durante los primeros 100 días del 2020: 75.000 hectáreas (ha) devastadas en la selva amazónica, 19.000 ha más que el año pasado en la misma época, cuando alcanzó las 56.000 ha, según cifras de Monitoring of the Andean Amazon Project.

Según FCDS –organización que con el apoyo de Rainforest Foundation Norway, Usaid, Andes Amazon Fund y Gordon and Betty Moore Foundation ha monitoreado los bosques de la Amazonia durante años–, hasta el 15 de abril los departamentos con la mayor tasa de devastación fueron Caquetá (25.876 ha), Meta (22.869 ha) y Guaviare (18.498 ha).

Además, las áreas protegidas, que no estuvieron tan protegidas, también fueron afectadas por las motosierras y la quema indiscriminada. El Parque Nacional Natural Tinigua (5.154 ha) y el Parque Nacional Natural La Macarena (1.453 ha) fueron los que registraron las cifras más altas de deforestación.

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El análisis de los datos indica que más de 280 kilómetros de vías que estaban bajo el bosque han empezado a ser despejadas a cielo abierto en los primeros 100 días del año, y se registra un proceso de apertura de lotes y fincas de diferentes tamaños.

Según Rodrigo Botero, director de FCDS y líder de este monitoreo, “algunos proyectos viales ilegales se abren camino en medio de la selva que tienen articulación entre sí y se conectan con los ríos. Estos accesos viales ilegales atraviesan zonas de resguardos indígenas, reservas forestales y parques nacionales”.

EL TIEMPO acompañó a Botero en un sobrevuelo por los departamentos del Meta y Guaviare en marzo de este año, y corroboró no solo la existencia de incendios activos, sino también de cultivos de coca en la Reserva Nukak, deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete y plantaciones de palma y eucalipto en medio de la selva en San José del Guaviare, que, según la gobernación del Guaviare, no son permitidos.

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La inanición estatal

Según José Jacinto Cubides, secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de Guaviare, aunque para marzo la institución había recorrido parte del departamento explicando el plan de desarrollo departamental, no se encontraron cultivos de palma, por lo que no tenía información al respecto.

“Hasta donde tengo conocimiento, no hemos visto cultivos de palma ni de eucalipto. En el corregimiento de El Boquerón se inició un cultivo de palma, pero la autoridad ambiental logró frenarlo”, dijo en su momento.

Para Cubides, una de las razones por las que es tan difícil cortarle el paso a la deforestación es la falta de presupuesto y articulación con el Gobierno Nacional.

“Contamos con 1.500 millones de pesos al año. Eso no es nada, solo los tractores agrícolas que tengo para mecanización de cultivos cuestan 800 millones de pesos. No tenemos presupuesto para ir en avión a los lugares en donde se está deforestando; podríamos ir por el río, pero sería una o dos veces, luego ya no podríamos entrar, porque los delincuentes ya estarían avisados o nos podrían amenazar”.

Por otro lado, Cubides asegura que cuando la fuerza Pública realiza operativos contra la deforestación, hacen capturas, pero no son legales. “Por eso nos tocó sentarnos como Gobernación a entender qué se necesita para que el Ejército pueda llegar a prestar la seguridad en la zona y para que la captura sea legal. Nos dimos cuenta que tiene que ir un delegado de Policía judicial, un delegado de Fiscalía, uno de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónica (CDA). Con eso se puede hacer una captura legal”, dijo.

Lo más grave de esta inanición institucional es que el área protegida que comparten los departamentos de Caquetá y Guaviare, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, está quedando a merced de grupos armados ilegales que están impulsando la ganadería y la siembra de coca. “Sabemos que los grupos armados dejan que los campesinos tumben 10 hectáreas, pero les exigen que dejen por lo menos una hectárea con coca”, añadió Cubides, quien también trabajó con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Rerseva Natural Nukak

En esta reserva ha sido un territorio ancestral de comunidades indígenas como la etnia Nukak-Makú, quienes han sido desplazados por mafias que se dedican a cultivar coca en esta área protegida.

Foto:

Tatiana Rojas Hernández

El lugar más deforestado

Ahora, en cuanto a la ganadería, los datos de FCDS registran más de 690.000 cabezas de ganado en los últimos cuatro años en los municipios más afectados por deforestación alrededor de Chiribiquete, en donde 290.000 ha han sido tumbadas.

En efecto, uno los municipios en donde la deforestación viene disparada desde hace años es Cartagena del Chairá (10.356 ha deforestadas en el 2020), ubicado en el departamento de Caquetá, muy cerca de Chiribiquete.

Pese a que un pequeño número de campesinos está dejando el bosque quieto, sin recibir ningún tipo de pago por servicios ambientales, 47 personas de 21 veredas conformaron cuatro grupos de vigías rurales desde el 2016 para frenar las alarmantes cifras de tala y quema en su región. Con el apoyo de organizaciones como Visión Amazonía, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y Parques Nacionales, hacen capacitaciones, monitoreos de fauna silvestre y en las escuelas enseñan a los más pequeños a proteger el bosque.

Sin embargo, según cuenta Luis Antonio Valencia, rector de la Institución Educativa Rural Monserrate y el líder de esta iniciativa, el año pasado recibieron amenazas de grupos armados que operan en la zona y están en contra de sus acciones de conservación.

“El año pasado, grupos armados llegaron a la escuela porque estábamos promoviendo la conservación. Nos obligaron a desinstalar unas cámaras trampas que teníamos en el bosque con el fin de conocer los animales que nos rodean. Además, estos grupos les prohibieron la entrada a varias organizaciones que los estaban apoyando; sin embargo, después de concertar varias reuniones con los uniformados, logramos retomar las actividades”, le dijo a EL TIEMPO.

A esto se suma que desde febrero de este año, los guardaparques de los parques Puré, Apaporis, Chiribiquete, La Paya, Macarena, Tinigua y Picachos y las reservas naturales de Puinawai y Nukak fueron sacados de sus lugares de trabajo por presuntas disidencias de las Farc, dejando sin la presencia de funcionarios y sin gestión ambiental con comunidades locales a por lo menos 9 millones de hectáreas de selva.

Redacción Medioambiente
leyroj@eltiempo.com

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