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Acuerdo de Escazú entra en vigor con la aprobación de México
Carteles de marchas 13

Las manifestaciones llevaron a que el presidente Iván Duque se reuniera con los líderes del paro. Ellos le dieron un documento con 13 puntos sobre acciones económicas, políticas y ambientales.

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Acuerdo de Escazú entra en vigor con la aprobación de México

México se convirtió en el onceavo país en ratificar el acuerdo. ¿Qué responsabilidad tiene Colombia?

El Senado mexicano aprobó ayer, por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Así las cosas, el convenio entra en vigor en los próximos 90 días.

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En un comunicado, el Senado indicó que el acuerdo, respaldado con 66 votos, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El Senado recordó que el acuerdo es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas. "Esto se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad", comunicó el Senado.

El dictamen precisó que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos "daño" y "daño significativo" para mantener la congruencia entre estos y el marco jurídico nacional. En particular, busca coherencia con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.(También: Descubren en Japón una avispa 'Godzilla' que parasita a sus víctimas)

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo se firmó el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, y México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año. Colombia, lo firmó en diciembre del 2019, y actualmente se encuentra en proceso de ratificarlo en el Congreso.

Para que entrara en vigor se requería que 11 países lo ratificaran. Los primeros que lo hicieron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Con México, ya son 11 países que lo ratificaron.

(Lea: Colombia, primer lugar en el mundo por líderes ambientales asesinados)

Ahora, según Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, tanto México como Argentina (los últimos países en ratificarlo) "deben depositar su instrumento de ratificación en la ONU. Un tramite que deberán hacer en los próximos días sus respectivas cancillerías".

Según Muñoz, "el acuerdo entra en vigor 90 días después de que el onceavo país haya depositado su instrumento de ratificación, según se lee en el artículo 22 del Acuerdo de Escazú", señaló la abogada. 

¿Qué sucede con Colombia, en caso no ratificarlo? De acuerdo con Muñoz, si Colombia no ratifica el acuerdo en el Congreso, el país no tendrá obligaciones ni beneficios. De lo contrario, se sumaría a la lista que deberán cumplir el convenio.

¿Para qué sirve este acuerdo? 

El instrumento tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental". También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.

(Contexto: Cuatro datos que debe saber sobre el Acuerdo de Escazú)

Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.

También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Para ello, pide "la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros"

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
CON INFORMACIÓN DE EFE

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