De “histórica” se calificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia al fallar el jueves pasado a favor de 25 niños y jóvenes que interpusieron una acción judicial contra el Estado para exigir la defensa de sus derechos a gozar de un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación y el agua, amenazados por la deforestación que se ensaña contra la Amazonia.
El alto tribunal no solo les dio la razón, sino que recalca que el Gobierno ha sido ineficiente en esta tarea. Señala que estamos ante un “perjuicio inminente y grave” porque la deforestación provoca “la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas y altera el recurso hídrico”.
Tras conocer el fallo, y durante la sesión de la Comisión Intersectorial de Control de la Deforestación, en San José del Guaviare, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, dijo: “Estamos comprometidos en generar alternativas de desarrollo sostenible para la población en la Amazonia, titularles sus tierras, y ese es nuestro propósito principal, pero también tenemos el propósito de conservar y mantener nuestros activos naturales”.
Estamos comprometidos en generar alternativas de desarrollo sostenible para la población en la Amazonia (...) tenemos el propósito de conservar y mantener nuestros activos naturales
Las cifras no son alentadoras. Según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia perdió cerca de 179.000 hectáreas de bosque natural en 2016, un 44 por ciento más en comparación con 2015. Solo en la Amazonia, la región más deforestada de Colombia y en donde se concentra el 67 por ciento de la superficie de bosque, se arrasaron 70.074 hectáreas.
Los accionantes –apoyados por Dejusticia– son de 17 ciudades y municipios que forman parte de las regiones con mayor riesgo por cambio climático en Colombia: Arauca, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.
“Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente”, dijo a EL TIEMPO César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de quienes presentaron la tutela. “La petición que hicimos es para que el Gobierno colombiano cumpla con lo que se ha comprometido, no para nuevas propuestas. La Corte señala que esos programas están siendo ineficaces y llama la atención para que entidades que ya han construido planes para reducir la deforestación en la Amazonia los ejecuten de manera eficiente. Para ello se necesita articulación y, fundamental, la participación de la comunidad”, agrega.
La Corte señala que esos programas están siendo ineficaces y llama la atención para que entidades que han construido planes para reducir deforestación en la Amazonia los ejecuten de manera eficiente
Como principales causas de la deforestación, explicó la Corte, están el acaparamiento ilegal de tierras (entre el 60 y 65 %), los cultivos ilícitos (entre el 20 y 22 %), la extracción ilegal de yacimientos minerales (entre el 7 y 8 %) y los cultivos agroindustriales y la extracción ilegal de madera.
“Este es un fallo trascendental en que los jóvenes demuestran su preocupación y representan a la sociedad interesada en frenar la deforestación. Ojalá que esto lo oigan los candidatos presidenciales para que incluyan mayor presupuesto al sector, y sea visto como un problema de Estado que todos deben asumir. Existen estrategias diseñadas. La Corte ahora nos exige redoblar los esfuerzos”, asegura José Yunis, director de Visión Amazonía, programa financiado por Alemania, Noruega y el Reino Unido, que busca reducir a cero la deforestación en la región.
Este es un fallo trascendental en que los jóvenes demuestran su preocupación y representan a la sociedad interesada en frenar la deforestación
Lo interesante, también, es que la Corte declara a la Amazonia como sujeto de derechos, tal como lo hizo con el río Atrato en 2017, y como pasó internacionalmente con los ríos Ganges Yamuna (India) y Whanganui (Nueva Zelanda).
“Decir que un objeto natural tiene derechos significa que merece protección de forma autónoma. Cuando se protege un bosque, un río o un animal, se analiza de qué manera afecta su condición a los humanos, pero cuando declaras una entidad como sujeto de derecho, los ciudadanos podemos acudir a su protección cuando está siendo amenazada”, explica Rodríguez.
La Corte ordena a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente que, en un plazo de no más de cuatro meses, formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonia, y haga frente a los efectos del cambio climático.
El ministro de Ambiente dijo a este medio que los principales retos tienen que ver con la articulación de las entidades territoriales y el papel de las corporaciones autónomas regionales (CAR), que presentan una grave debilidad institucional.
“El fallo ratifica alguna de las cosas que ya hemos dicho desde el ministerio: que el compromiso con la reducción de la deforestación es de todos. Me hubiera gustado que la Corte resaltara el papel judicial, la importancia de fortalecer el control y la vigilancia con la Fuerza Pública, y asegurar el territorio”, dijo Murillo; y agregó que se debieron reconocer los programas vigentes, como la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Río Atrato, el antecedente tras el histórico falloEn noviembre del 2016, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los jueces reconozcan, vía tutela, que los recursos naturales también pueden ser sujetos de derechos cuando sufren graves afectaciones que no solo traen graves consecuencias para el medioambiente, sino también para el futuro de la humanidad.
En ese fallo histórico, la Corte reconoció que el río Atrato, en Chocó, es sujeto de derechos, y le dio al Gobierno órdenes para recuperarlo y salvarlo de la minería ilegal.
El fallo le ordena al Ejecutivo conformar una “comisión de guardianes del río Atrato” para proteger este afluente, y establecer una política minero-energética que le pueda hacer frente a la contaminación de la extracción ilícita de oro.
Al resolver una tutela de comunidades étnicas de la zona, el alto tribunal dijo que “las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio” por no haber hecho nada para frenar la minería ilegal.
El Gobierno ha instalado un comité para descontaminar el río Atrato. Una de las estrategias, liderada por Naciones Unidas, consistió en dar asistencia técnica y alternativas a las comunidades para que practiquen la minería en cuencas como las de Bebará y Bebaramá sin mercurio, para llegar a una reducción del 90 por ciento de ese químico.
El último reporte del Ministerio de Ambiente asegura que se proyectó la construcción de humedales piloto para eliminar el mercurio, reglamentar el uso de las zonas del río y emprender proyectos productivos para cambiar la minería informal como actividad.
Tomando en consideración la protección de derechos de los niños y jóvenes del país, así como del medioambiente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la protección de la Amazonia colombiana y declararla sujeto de derechos.
“Sin ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podremos sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las generaciones venideras. Tampoco podrá garantizarse la existencia de la familia, de la sociedad o del Estado”, dice el fallo del alto tribunal.
Sin ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podremos sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las generaciones venideras
En la demanda, presentada por jóvenes de entre 7 y 25 años, se argumenta que el país perdió 178.597 hectáreas en el 2016. Además, según el Ideam, la deforestación de la selva amazónica generaría un incremento de la temperatura en Colombia.
“Los individuos de la especie humana debemos dejar de pensar exclusivamente en el interés propio –indicó la Corte–. Estamos obligados a considerar cómo nuestras obras y conducta diaria inciden también en la sociedad y la naturaleza”.
Para el alto tribunal es indispensable pensar en las futuras generaciones, quienes ya son titulares de derechos. Por esto se debe plantear que la solidaridad y el ambientalismo son casi lo mismo: “Sin la existencia actual de un criterio equitativo y prudente de consumo, la especie humana podrá verse comprometida en el futuro por la escasez de recursos imprescindibles para la vida”.
“El deterioro creciente del medioambiente es atentado grave para la vida actual y venidera y de todos los otros derechos”, agrega.
El deterioro creciente del medioambiente es atentado grave para la vida actual y venidera y de todos los otros derechos
La Corte Suprema de Justicia sostiene que la conservación de la Amazonia es “una obligación nacional y global”. Esta región se ha catalogado como el ‘pulmón del mundo’, representa el 6 por ciento de la superficie del planeta y tiene una extensión de 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosque. Además, sus ríos aportan aproximadamente el 20 por ciento del agua dulce del planeta en los océanos.
Alianza contra la deforestaciónDesde las 8 a. m. de este lunes, representantes del Ministerio de Ambiente y ‘Semana’ (con apoyo de la Embajada de Noruega) presentarán la Gran Alianza contra la Deforestación, una estrategia para combatir la creciente problemática de la deforestación en Colombia.
Además de establecer el plan de acción con respecto al fallo de la Corte, esta alianza pretende abrir espacios de diálogo para movilizar a líderes sociales, expertos, académicos, gobernantes, organizaciones sociales, empresarios, cooperantes internacionales, medios de comunicación y ciudadanía.
MEDIOAMBIENTE Y JUSTICIA
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