Universidades públicas, en alerta roja por crisis financiera

Universidades públicas, en alerta roja por crisis financiera

Desde los planteles aseguran que tienen un déficit de $ 15 billones. Análisis.

Marchas Estudiantiles

El Sistema Universitario Estatal expresó recientemente que existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones y 15 billones de inversión.

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EFE

06 de octubre 2018 , 11:06 p.m.

“Declaramos la posibilidad de iniciar una huelga de hambre indefinida que invite a la reflexión serena y pacífica en torno a la situación de nuestras instituciones y sus demandas prioritarias de financiamiento”. Estas son las palabras de Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, y de otros tres docentes, plasmadas en una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque.

La carta es una de las tantas acciones que han venido tomando en las últimas semanas las universidades para llamar la atención ante la fuerte crisis financiera que viven desde hace décadas y sigue creciendo. Otra de las acciones parte de los estudiantes, que para este miércoles 10 de octubre convocaron movilizaciones en las principales ciudades con el fin de presentar varias exigencias. La primera: un incremento de 4,5 billones de pesos para las públicas.

Estas acciones y otras tantas pueden parecer reiterativas, pues también se dieron el año pasado. Pero es que la situación, según denuncian las universidades, no deja de ser grave y no cambia. El Sistema Universitario Estatal (SUE), conformado por 32 rectores de las universidades públicas, expresó recientemente que existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones y 15 billones de inversión.

Esto se suma a que en el debate del Presupuesto General de la Nación (PNG) que plantea el actual gobierno no se ve reflejado un incremento adicional a los recursos que se destinarían a la educación superior pública los próximos cuatro años. Según explicaron en un comunicado, se contemplan cerca de 1,97 billones en el PNG para calidad y fomento de la educación superior; sin embargo, este monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación de la demanda de las cohortes del programa Ser Pilo Paga, estampilla UN y fomentar la educación superior.

Eso significaría que el vacío financiero seguiría sin subsanarse y que, por lo tanto, el déficit no solo se mantendría sino que se incrementaría, pues las universidades cada año se están endeudando más y más para poder cumplir sus funciones. Los recursos adicionales para revertir esta situación para 2019, y que el SUE solicitó al Congreso, son 500.000 millones. Aseguran que estos debieron haber ingresado en el 2018, pero terminaron financiando becas del Icetex y el programa Ser Pilo Paga.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, refleja con sus palabras la situación de las universidades: “No estamos pudiendo más”, refiriéndose a que año tras año, desde 1992, los administrativos de las públicas rebuscan los recursos para lograr sostenerse.

Montoya asegura que con un presupuesto que no aumenta de manera estructural desde 1993 y que, además, congeló desde esa época la planta profesoral de las 32 universidades públicas, las universidades deben financiar con recursos propios el 45 por ciento de sus actividades. En la actualidad enfrentan un déficit de 434.874 millones y un desfinanciamiento de 15 billones si quisieran adaptarse a los imperativos de cobertura, calidad, pertinencia e impacto social que deben tener.

Y es que el principal reto que afrontan cada año es lograr los recursos para pagar la nómina, ya que es el principal grueso para continuar con el funcionamiento. Es este el rubro que incrementa cada año y genera que el gasto sea superior al ingreso del IPC.

Según explica Luis Orozco, director del área de Gestión y Políticas Públicas de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes y quien formó parte de la comisión de la Ley 30 de 1992, la cual rige las universidades, desde antes de esta ley, el problema financiero ya era una realidad.

“Para que los rectores no estuvieran en el Ministerio de Hacienda negociando todos los años, se estableció que el incremento de cada año a las universidades debe corresponder al incremento del IPC”, afirma.

Sin embargo, el experto sostiene que, efectivamente, la Ley 30 no previó el crecimiento de las universidades ni las demandas del desarrollo institucional. Es justo ahí donde brota el déficit que reclaman las universidades. “No ha habido una política pública que genere una fórmula de financiamiento efectiva”, concluye Orozco.

SIMÓN GRANJA MATIAS
Redacción Domingo
En Twitter: @simongrma

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