El Ministerio de Educación determinó este miércoles que la Fundación Universitaria San Martín superó las irregularidades académicas, administrativas y de buen gobierno halladas tras la intervención a la institución y esta “tiene posibilidades de continuar prestando el servicio educativo”.
No obstante, apunta la cartera de educación, la San Martín “debe presentar un nuevo plan para superar los problemas financieros que persisten” en un plazo de cinco días.
En el 2015, el Ministerio le impuso a la San Martín una serie de medidas preventivas, de vigilancia especial y de salvamento, con el fin de garantizar la prestación del servicio a los cerca de 7.000 alumnos que tenía en ese momento.
El origen de esta intervención fueron las graves irregularidades encontradas en la institución y que generaron una crisis en 2014. Según se conoció en su momento, la familia Alvear, dueña de la universidad, desvió al menos 200.000 millones de pesos para sus arcas personales, mientras varias sedes estaban cerradas porque no les pagaban a sus docentes, no había dinero para equipos médicos y debían hasta los servicios públicos.
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Transcurridos dos años desde la imposición de medidas, el Ministerio entregó la evaluación del plan de mejoras exigidos a los nuevos directivos, elaborada por expertos del propio Gobierno y asesores externos especializados.
En los informes se evidencia que hay un avance consolidado del 64 por ciento y discriminado de 99 por ciento en el componente académico, de 100 por ciento en el administrativo y de buen gobierno y de 50 por ciento en el financiero.
En términos prácticos, esas mejoras se traducen en el restablecimiento del servicio educativo, la regularización del pago de docentes y personal administrativo vinculado, la reactivación de los servicios públicos en la sede principal y en los 19 centros tutoriales en el país, así como la graduación de 5.094 estudiantes que cumplían con los requisitos para recibir su título académico, puntualiza el Ministerio.
Pero la San Martín aún tiene una misión por cumplir y es lograr una estabilidad financiera. Según se encontró, los pasivos de la institución vienen desde antes del 2014 y, por tanto, la Institución deberá presentar al Ministerio de Educación un plan que permita saldar esas deudas.
Mientras se cancelan los pasivos, el Ministerio -afirma- continuará con la medida de establecer un inspector in situ que vigile permanentemente la gestión administrativa, académica y financiera de la institución.
Asimismo, la San Martín deberá seguir administrando sus recursos a través de la fiducia designada para ello.
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