La Universidad Nacional se pronunció sobre la reciente polémica desatada por cuenta de una afirmación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del caso que se adelanta por el atentado al centro comercial Andino, la cual fue calificada por la institución como “estigmatizante”.
De acuerdo con un comunicado firmado por la rectora, Dolly Montoya, y la secretaria general, Carmen Cardozo, el ente acusador “estigmatiza de manera injustificada e inaceptable a nuestros egresados, estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y en general a nuestra alma mater”.
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El documento hace referencia al texto leído ante un juez por el fiscal delegado Miguel Olaya Cuervo en el que se solicita un principio de oportunidad a Natalia Trujillo Novoa, una de las principales sospechosas del caso, para que sirva de testigo en el mismo.
En tal documento se dice que “la ciudadana Trujillo Novoa fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como otras personas que hasta este momento no han sido identificadas, ni individualizadas, ya sea por la Fiscalía o por los Organismos de Seguridad del Estado".
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Lo anterior causó gran revuelo en los últimos días, ya que un considerable grupo de estudiantes, egresados y docentes de la universidad opinaron que se estaría vulnerando el buen nombre de la institución al asociar a su comunidad con grupos armados ilegales.
Incluso, recientemente se conoció que un profesor de la Facultad de Derecho interpuso una tutela contra la Fiscalía por lo ocurrido.
Sin embargo, fue solo hasta el momento de la publicación de este nuevo comunicado que la misma Universidad Nacional emitió una respuesta, en la que cuestiona la actuación de los funcionarios del ente investigador:
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“Señalamientos infundados e irresponsables como estos contribuyen a la estigmatización de la universidad pública y desdicen mucho del correcto proceder que debe guiar el actuar de los funcionarios que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación”.
Y añade: “En ese sentido, no aceptamos ni los señalamientos, ni los términos ni ninguna intención que vulnere nuestra dignidad y buen nombre como institución y que pueda menoscabar nuestro patrimonio moral, académico e institucional”.
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Así mismo, la Universidad Nacional le solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, pronunciarse públicamente al respecto y que rectifique las afirmaciones mencionadas en el proceso judicial.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
