U. Autónoma abrirá admisiones solo para tres carreras en 2020-2

U. Autónoma abrirá admisiones solo para tres carreras en 2020-2

El rector Ricardo Gómez explicó la difícil situación económica que atraviesa la institución.

Ricardo Gómez Giraldo

Ricardo Gómez Giraldo, presidente y representante legal encargado de la Universidad Autónoma.

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Universidad Autónoma de Colombia

Por: Redacción Educación
21 de mayo 2020 , 07:24 p.m.

Abrir solo tres carreras para estudiantes nuevos es solo una de las nuevas medidas tomadas por la Fundación Autónoma de Colombia (FUAC) para intentar sobrevivir en medio de una aguda crisis financiera que vive desde hace varios años y que, en tiempos de pandemia, podría agudizarse.

EL TIEMPO habló al respecto con Ricardo Gómez, rector y representante legal de la institución nombrado por el Ministerio de Educación, en el marco del proceso de intervención en el que la universidad se encuentra.

Dicho proceso comenzó el 5 de junio de 2019 por un año, es decir, el próximo mes terminaría. Sin embargo, podría ampliarse por un año más, si el ministerio así lo decide.

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Multimillonarias deudas, desacuerdos entre sindicatos de trabajadores y las directivas, así como problemas de gobernabilidad en años anteriores llevaron a la Autónoma a serios problemas, entre ellos, deberle a sus trabajadores unos 15.000 millones de pesos en salarios.

Gómez explicó las estrategias que analiza la FUAC para sobreponerse a esta difícil situación, así como las previsiones que se tienen en el corto, mediano y largo plazo.

¿Cuáles han sido las últimas decisiones de cara a garantizar que la universidad siga funcionando?

El Consejo Superior tiene la prioridad de garantizar que al ofrecer una carrera, para estudiantes nuevos o antiguos, se haga con las condiciones de calidad que nos exige el Ministerio. Debido a la situación financiera, se concluyó que el próximo semestre se va a abrir, pero solo bajo unas condiciones y cambios.

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No vamos a abrir todos los pregrados para estudiantes nuevos. Solo se abrirá primer semestre para Derecho, Historia y Estudios Literarios. Los otros pregrados de las facultades de Ingeniería, Economía y Filosofía entran en un proceso de autoanálisis, de estudiar cuál puede ser la manera de hacer currículos más adecuados, que cumplan con la demanda.

Esto va paralelo a la formulación de nuevos posgrados y carreras tecnológicas en las que se está trabajando.

Los estudiantes actuales de pregrado, así como a estudiantes nuevos y antiguos de posgrado, tienen abierta la puerta para que continúen con sus estudios.

Si bien esa es la decisión, se deben cumplir unas condiciones para que esto pase.

Existe mucho riesgo de que al último trimestre de este año estemos otra vez ilíquidos

¿Cuáles son esas condiciones?

Tenemos claro junto con el Consejo Superior que para garantizar esto se tienen que reducir los costos de la Autónoma sustancialmente desde mayo hasta mediados de junio.

Tenemos que lograr que un número importante de profesores y trabajadores se acojan a un Plan de Retiro Voluntario. Es decir, que dejen de ser empleados de la universidad mediante un acuerdo individual.

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También es necesario que suspendamos los costos de la Convención Colectiva con el sindicato, por lo menos durante dos años. Ellos ya aceptaron aplazarlos, pero requerimos es suspenderlos.

Si logramos estas dos cosas en los próximos días, tendremos la posibilidad no solo de estar activos academicamente, sino que podremos buscar un crédito para financiar la universidad, y garantizar el funcionamiento no solo este año sino a largo plazo.

Esperamos que a cinco años podamos llegar a un punto de equilibrio, pero todo está condicionado con estos puntos, así como la venta de algunos inmuebles.

¿Se tiene previsto cuántas personas podrían acogerse a este retiro voluntario?

El ideal es llegar a unas 180 personas, es decir, cerca del 40 por ciento del personal actual de la institución. Por ahora ha habido manifestación de interés de unas 35 personas.

Los sindicatos nos están colaborando a explicar que ahí puede haber una buena oportunidad para que cada uno de manera individual garantice el pago de su deuda y su indemnización.

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Tenemos una limitación. No tenemos dinero para ofrecerle a los trabajadores y profesores. Lo que ofrecemos es un patrimonio autónomo en cabeza de la universidad de unos edificios de la universidad y con eso garantizar que quedemos a paz y salvo.

¿Cómo van las conversaciones para la suspensión de la Convención Colectiva?

Hasta el momento los sindicatos no aceptan la suspensión de los beneficios de la convención. Después de dialogar con ellos durante seis meses solo aceptaron aplazar los costos.

Contando primas extralegales, en la Autónoma se pagan 17 meses de salario al año. Además hay una estabilidad absoluta en la que los contratos son a término indefinido y no hay manera de terminar de manera unilateral por parte de la institución un contrato.

Esta es una situación que los sindicatos consideran que no deben reformar, pero la universidad necesita que así sea porque, así sea justa causa, no se pueden abrir procesos disciplinarios.

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Lo que pasa es que acá el patrono, la universidad, no tiene capacidad subordinante sobre sus empleados.

¿Qué pasaría si no se cumple con estos puntos?

Si en el mes de junio estas condiciones (plan de retiro voluntario y suspensión de convención colectiva) no se cumplen como lo tenemos previsto, existe mucho riesgo de que al último trimestre de este año estemos otra vez ilíquidos.

¿Qué deudas tiene actualmente la universidad?

Tenemos actualmente una deuda de unos 15.000 millones de pesos solo en los salarios que no se pudieron pagar el año pasado. Tenemos deudas de seguridad social por algo más de 7.000 millones de pesos.

Con entidades financieras, la deuda más grande es con Fodesep por 6.000 millones de pesos. Estamos tramitando darle unos bienes a manera de pago.

Es importante señalar que los egresos de la universidad son mucho más altos que los egresos de cualquier otra. No solo por el tema salarial, sino que mantenemos la misma planta docente y administrativa desde hace varios años. Si sumamos esto a la reducción de estudiantes matriculados, tenemos un desfase muy grande.

Para hacerse a una idea: actualmente tenemos una relación de 9 estudiantes por cada profesor. Eso no existe en otras instituciones. Tenemos también una relación de 14 estudiante por empleado administrativo. Son cifras que nos generan un costo muy grande.

¿Qué impacto tendrá la pandemia en la situación económica de la Autónoma?

Creemos que va a haber deserción motivo covid-19. El 80 por ciento de los estudiantes del país, no solo de la Autónoma, manifiesta que sus familias han disminuido sus ingresos.

Además vamos a necesitar invertir en los protocolos para las clases presenciales. Estamos evaluando un presupuesto.

Actualmente tenemos 2.672 estudiantes en pregrados y pronosticamos que el efecto podría ser, combinando deserción, que siempre segundo semestre del año suelen entrar menos alumnos, y considerando que abriremos menos carreras para primiparos, que en 2020-2 tengamos alrededor de 2.000 estudiantes.

Cabe aclarar que en los últimos años hemos venido bajando en cantidad de matriculados. No es cuestión solo de la pandemia ni de la huelga del año pasado, sino que esto es recurrente desde el año 2015. Por eso sabemos que tenemos que repensarnos como institución.

¿Qué llevó a la institución a esta crisis?

Esta crisis fue resultado de varias causas. Esta universidad logró mucho prestigio académico. Actualmente tenemos tres magistrados en la Corte Suprema de Justicia egresados de la Autónoma.

Sin embargo, los últimos diez años han sido críticos. Desde el año 2009 los resultados económicos de la institución han sido negativos, y eso tiene que ver mucho con el gobierno corporativo, problemas de gobernabilidad.

La otra parte es el tema sindical. Los sindicatos pueden generar cosas muy buenas en las organizaciones, pero en este caso particular, la convención es muy generosa, lo que provocó una profundización del desgobierno que ya venía de los fundadores.

¿Cómo avanzan los procesos judiciales contra la universidad?

Tenemos en contra sentencias en última instancia en la Corte Suprema, condenas por más de 4.000 millones de pesos, y en camino hay procesos que podrían costar hasta 11.000 millones de pesos. Esas deudas son muy preocupantes.

MATEO CHACÓN
Redacción Educación
@EducaciónET

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