El Ministerio de Educación determinó que la Fundación Universitaria San Martín superó las irregularidades académicas, administrativas y de buen gobierno que llevaron a la intervención, y por lo tanto “tiene posibilidades de continuar prestando el servicio educativo”.
No obstante, apunta la cartera de Educación, “debe presentar un nuevo plan para superar los problemas financieros que persisten”, en un plazo de cinco días. Fuentes de la universidad le dijeron a EL TIEMPO que están trabajando en una respuesta.
En el 2015, el ministerio le impuso a la San Martín una serie de medidas preventivas, con el fin de garantizar la prestación del servicio a sus cerca de 7.000 alumnos. El origen de la intervención, según se conoció en ese momento, fueron los dineros de las matrículas destinados a otras empresas del grupo, mientras varias sedes estaban cerradas porque no les pagaban a los docentes ni había plata para equipos médicos, y se debían servicios públicos.
De acuerdo con los informes del ministerio, hay un avance del ciento por ciento en el componente administrativo y de buen gobierno, del 64 por ciento en el consolidado académico y del 50 por ciento en el financiero.
Esas mejoras se traducen en el restablecimiento del servicio educativo, la regularización del pago de docentes y personal administrativo, la reactivación de los servicios públicos, así como la graduación de 5.094 estudiantes.
Mientras se cancelan los pasivos, el ministerio seguirá vigilando la gestión de la San Martín, que además debe seguir administrando sus recursos por medio de una fiducia.
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