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Educación

Reformas educativas tienen un futuro incierto, dicen expertos

Van 40 días de paro estudiantil por el déficit en la financiación educación superior pública.

Van 40 días de paro estudiantil por el déficit en la financiación educación superior pública.

Foto:Juan Barreto / AFP

Los proyectos siguen sin una fecha de radicación. Analistas temen que retrasen los planes.

Mateo Chacón Orduz
Son dos las grandes reformas que el gobierno Petro quiere sacar adelante en materia de educación, ambas encaminadas a traer más recursos a un sector que, no obstante ser el principal rubro en el Presupuesto General de la Nación (54,8 billones de pesos), cuenta con serias dificultades económicas, que afectan a las universidades del país y la educación básica y media, esta última con un desfinanciamiento de alrededor de 2 billones de pesos, de acuerdo con cifras dadas por el mismo Ministerio de Educación.

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Se trata de las reformas de la Ley 30 de 1992 y del Sistema General de Participaciones (SGP), con las cuales se espera superar estas problemáticas. Sin embargo, el futuro de estas dos iniciativas todavía es “incierto”, según expertos, principalmente porque, pese a las necesidades del sector, no se han priorizado en la agenda legislativa del Gobierno.
Así lo explica el asesor en política educativa Ricardo Rodríguez: “Las iniciativas no tuvieron cabida en las sesiones extraordinarias, ni siquiera hay un texto elaborado, aunque sí mesas de diálogo. Con una agenda copada por las reformas de la salud y la laboral, preocupa el incierto futuro de las educativas, vitales para las metas del Plan Nacional de Desarrollo”.
Días antes de conocerse su salida del gabinete, el exministro Alejandro Gaviria dijo que se esperaba radicar la reforma de la Ley 30 en las sesiones ordinarias del Congreso (que se inician el 16 de marzo), mientras para la del SGP la meta era incluirla en la agenda legislativa del segundo semestre.
Pero sin Gaviria al frente del Mineducación, la responsabilidad recae en la nueva ministra, Aurora Vergara, quien ya manifestó su interés en sacar adelante ambas reformas.
“Toca ver si la falta de una figura política de peso para dar las discusiones en el Congreso y alto Gobierno, como Gaviria, será un obstáculo en el trámite, lo cual sería lamentable, o si una persona con perfil técnico como Vergara logra darles su lugar”, dice Rodríguez.

¿Para qué las reformas?

Para entender la urgencia de sacar adelante estas iniciativas, es importante entender primero su importancia. La Ley 30 de 1992 (la cual estipula las transferencias a las universidades públicas), según denuncian rectores, el movimiento estudiantil y el mismo Gobierno, es la norma responsable del hueco fiscal que afecta a las instituciones de educación superior, lo cual no solo ha provocado los paros estudiantiles de los últimos años, sino que impediría cumplir la meta de crear 500.000 cupos.
Así lo explicó a EL TIEMPO Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE): “Hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública que consiste en que las transferencias de la Nación a las universidades públicas año a año se dan con base en el índice de precios al consumidor (IPC). Pero no se tuvo en cuenta que las universidades hemos crecido en 30 años muy por encima de este indicador, lo que corresponde a un desfinanciamiento de más de 3,5 billones de pesos que hemos dejado de recibir”.
En cuanto a la segunda reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el cual se refiere al dinero que transfiere la Nación al sector (y también a salud y saneamiento básico), siendo para 2023 el responsable del 56,3 por ciento del dinero para la educación (30,9 billones de pesos).
Pese a ello, los recursos no han sido suficientes, lo que explica el déficit de 2 billones. “Esta situación dificulta la administración del sector. En 2022 tuvimos que dejar de girar los aportes patronales al fondo de prestaciones del magisterio. También frustra planes como los aumentos que el país requiere en educación inicial, y dificulta las conversaciones con el magisterio, por ejemplo, retrasos en los ascensos. Con el déficit actual no será posible cumplir con esos compromisos”, señaló Gaviria a inicios de año.
Modificar el sistema no solo ayudará a cubrir el déficit, sino a mejorar la infraestructura rural y ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuya meta es su universalización.
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Mateo Chacón Orduz
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