A comienzos de marzo el Gobierno designó una notable comisión de académicos y economistas para analizar el gasto público, suprimir subsidios innecesarios y priorizar temas estratégicos para el país. Uno de los temas que más ha despertado interés en este “honorable” equipo de profesionales es el aumento del gasto público en todos los niveles educativos, asunto fundamental en tiempos del posconflicto.
Sin embargo, es paradójico ver como el Gobierno de Santos ha reducido las becas doctorales de Colciencias mientras países garantes del fin del conflicto están ofreciendo oportunidades y ayudas educativas. Bastante irónico.
Recuerdo que uno de los pilares del plan de desarrollo 2014-2018, que se promocionó ampliamente al comienzo del segundo mandato del Presidente, estuvo centrado en el famoso eslogan: “Colombia la más educada”, una ambiciosa iniciativa que pretendía posicionar al país como el más educado de la región en 2025. No obstante, la realidad actual del sector educativo pone en tela de juicio este ridículo compromiso.
Un primer punto que vale la pena analizar es la dramática disminución de las becas para hacer doctorados, las cuales pasaron de 650, en 2015; a 222, en 2016, pese a que había más de mil aspirantes. Este tipo de formación es la punta del iceberg de la educación superior y es la cuna de la investigación. Pero, desafortunadamente episodios de corrupción, muy mediáticos por estos días, como el despilfarro de los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación que terminaron en asaderos de Pollos y centros de estética tipo Spa, se convierten en la excusa perfecta para re-direccionar esta plata a temas con mayores réditos electorales o programas más asistencialistas, como la construcción de vías o las famosas casas gratis.
Aclaro, el problema no solo está en los programas de doctorado o en los recursos de investigación, dineros que por lo visto se embolaron; otros programas en educación superior han generado dudas de sostenibilidad o al menos angustias temporales a sus beneficiarios. Es el caso de Ser Pilo Paga, que a comienzo de semestre se retrasó en casi un mes en consignar los recursos de manutención a los pilos.
En cuanto a la educación superior pública, el escenario también es lamentable. Hoy las 32 Instituciones del SUE (Sistema Universitario Estatal) afrontan un déficit presupuestal y serios problemas de infraestructura. Ahora, no se puede desconocer el esfuerzo inicial de los recursos vía la ley de la estampilla - Pro Universidades Públicas, una buena intención que se desaceleró de la mano del enfriamiento de la economía local. Actualmente, y lo reconozco, es un milagro académico que algunas de estas instituciones del SUE aún figuren en posiciones destacables en rankings internacionales.
Con este escenario y pese a los esfuerzos del Gobierno actual, estamos lejos de ser el país más educado de la región.
Invitó a la comisión del gasto público, conformada seguramente por economistas influyentes y académicos de alto perfil, para que tengan presenten que por más políticas de austeridad que se promuevan, los rubros para educación deben ser sagrados, priorizados y exigen el mismo respeto que la llamada “estabilidad macroeconómica”, que a veces se persigue obsesivamente a costa del gasto público en derechos sociales y protección.
Gozamos de unos años históricos en los que el rubro de inversión en educación como proporción del PIB por fin superó el gasto militar, pero aún no es suficiente como se ha mostrado en lo dicho en este análisis.
Espero que los miembros de esta comisión, con visiones más amplias y plurales de la macroeconomía, hagan recomendaciones que vayan más allá de las recetas tradicionales que tienen a la macroeconomía teórica hoy en un estado de crisis. Le llegó la hora a la educación, es un buen momento para arriesgar.
Por: Diego Guevara
Profesor del Programa de Economía y Finanzas
Universidad de La Sabana
