Después de dos meses de movilizaciones universitarias, la jornada de este jueves fue la más tensa debido a las acciones de violencia y enfrentamientos entre participantes de las marchas y fuerza pública. ¿Quién responde por lo sucedido y en qué estado queda la conversación que se venía adelantando entre representantes de estudiantes y profesores con el Ministerio de Educación?
Todos los sectores, sin excepción, han rechazado los actos de violencia y llamado a que las protestas se mantengan en la vía pacífica. En eso coinciden los estudiantes que han llevado la vocería del movimiento, el Sistema Universitario Estatal que reúne a los rectores y el mismo Ministerio, con María Victoria Angulo a la Cabeza.
En la noche del jueves el presidente Iván Duque dijo que “el deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia para que opere, porque lo que hay es una violación flagrante de la Constitución y de la Ley”.
Incluso, el Ministerio de Defensa anunció que presentará al Congreso un proyecto para promover que se "agrave la pena por cualquier forma de violencia contra servidor público”.
Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, presentó en la W Radio un balance de seis movilizaciones multitudinarias en dos meses en las cuales se han “ganado el apoyo de los ciudadanos a nuestras reivindicaciones”. Por eso asegura que “las acciones violentas y aisladas solamente le hacen daño al movimiento”.
La vocera aseguró que el movimiento estudiantil ha planteado que “ese tipo de mecanismos (los violentos) ya fueron desechados”, y que ese fue un aprendizaje de las protestas del año 2011. Consideró que el objetivo es conseguir el respaldo de los colombianos.
No obstante, sobre las responsabilidades de los hechos violentos pidió que se consideren los hechos en los que los estudiantes fueron agredidos, como según ella sucedió en la calle 100, cuando se reunían de forma pacífica y fueron atacados por el Esmad. También aseguró que esa ruta ya había sido informada al Distrito.
De parte de ellos como líderes, contó que se reunirán el próximo martes con los estudiantes y plantearán una manifestación con un mensaje directo a la movilización pacífica, en la que, por ejemplo, todos vayan vestidos de blanco. Su objetivo es que el foco de la discusión vuelvan a ser sus demandas, porque este viernes “pocos están hablando de las causas de la movilización”.
Alejandro Palacio, representante estudiantil y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) de la Educación Superior dijo a EL TIEMPO que las responsabilidades deben caer en cada actor: que los policías deben responder por sus actos y los encapuchados por los suyos. Sobre estos últimos, asegura que no puede asegurar si son o no estudiantes, debido al uso de la capucha, pero que en caso de que lo sean, estos “no representan el sentir del movimiento estudiantil”.
En contraste, el presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, cree que la protesta se “descarriló” y que las vías de hecho aparecieron como consecuencia de la suspensión de la mesa de diálogo. “Esto es lamentable porque no se está dimensionando el efecto social y económico” del cese de clases, aseguró.
Según sus cuentas, al menos una decena de las universidades que integran el SUE tienen el semestre suspendido, es decir, congelado hasta tanto se normalicen las actividades académicas. Para él, hay un "enceguecimiento" de parte de los estudiantes, pese a que se han socializado los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los rectores, que adiciona 3 puntos al IPC en 2019 y otros 4 puntos entre 2020 y 2022.
Para Luisa López, politóloga especialista en investigación y movimientos sociales, hay responsabilidad “principalmente” de parte del Estado porque los videos difundidos en redes permiten establecer que en muchos casos, no solo en Bogotá, la fuerza pública fue la primera en agreder. Pero también considera que si lograron capturar personas y se tienen pruebas contundentes contra estas, deben responder de forma individual. “En cualquier caso, no debería responder el movimiento estudiantil en abstracto. No debería estigmatizarse un movimiento social por acciones aisladas de individuos que ni siquiera sabemos si hacen parte de él o no”, asegura.
Otro estudioso del tema, el antropólogo y magister en ciencia política Juan Camilo Portela, considera importante destacar que "no se ha establecido una agenda de diálogo y concertación clara con los estudiantes" y que "el movimiento ha sido claro desde el inciio en sus repertorios pacíficos, tanto que el grito '¡Sin violencia!' es casi una de sus consignas". Lo importante, destaca, es que la manera como esta ola de manifestaciones sea tratada por parte del Gobierno marcará el tono con el que se va a relacionar con la protesta social en los próximo años.
Aunque no hay un balance consolidado todavía, se sabe que hubo daños en estaciones de TransMilenio, policías y estudiantes heridos, ataques a las instalaciones de medios de comunicación como RCN Radio y Citytv, además de fuertes congestiones y traumatismos en la movilidad nocturna de las ciudades, en especial de Bogotá.
"Esperamos que se esclarezcan los hechos en los que se ven implicados tanto integrantes de la comunidad universitaria como funcionarios de la fuerza pública. Invitamos a que la fuerza que se escuche sea la fuerza de las ideas, de la razón y de los argumentos", invitó Juan Camilo Muñoz, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y copresidente de Acrees.
Muñoz anuncia que la próxima movilización será el 15 de noviembre.
“Estamos muy afectados con lo que pasó ayer, así que nos reuniremos la próxima semana para discutirlo”, dijo Jennifer Pedraza.
De parte de los estudiantes es claro que, por lo pronto, convocarán a nuevas manifestaciones en las que insistirán en la necesidad de que tengan un carácter pacífico. El objetivo es volver a una mesa con el Gobierno, en la que exigen que esté el presidente Iván Duque.
La politóloga Luisa López cree que tras la jornada del pasado jueves las dos partes se van a radicalizar. “Los estudiantes van a decir que el Estado viola sus derechos humanos y el Gobierno va a deslegitimar al movimiento estudiantil diciendo que es violento y que no se va a sentar en esas condiciones”, considera. Si antes no cedían en posiciones, dice, ahora es más difícil.
Una consecuencia posible, para ella, es que los estudiantes logren convocar a otros movimientos, por ejemplo, de actores que han protestado en el pasado y que tienen todavía acuerdos pendientes de que les cumplan, como es el caso de campesinos, indígenas o camioneros.
Alejandro Palacio espera que “los hechos aislados y violentos no empañen y opaquen una causa tan noble que llevamos adelantando dos meses”.
Por su parte, el presidente del SUE, quien defiende la importancia de lo acordado hasta ahora, cree que los estudiantes “tienen su propia agenda” y por eso no se sienten recogidos en el acuerdo logrado entre rectores y Gobierno. También cree que es posible la radicalización, pero dice que el SUE va a tratar de mediar. El próximo martes los rectores se reunirán para ver qué pueden hacer “sobre la base de que normalicemos las actividades académicas”.
Según Palacio, desde que se levantaron de la mesa el pasado martes con la exigencia de que el presidente Duque escuche sus peticiones y presente una propuesta, no han recibido ningún contacto para volver a dialogar. “El Gobierno decide cuánto dura el paro. Queremos negociar y entendemos que el Gobierno no nos va a dar 18,2 billones de la nada, no es tan fácil, por eso estamos dispuestos a sentarnos, a que lleguemos a una cifra en común, a un acuerdo justo y rápido que encuentre una solución progresiva”.
El trasfondo de las negociaciones sigue siendo la preocupación por la continuidad del semestre académico. Es por eso que Palacio pide que se agilice la posibilidad de un acuerdo. Pero también pide a rectores y al Ministerio que no se suspendan. Incluso, considera que esto puede radicalizar a los estudiantes, pues “no tendrían nada que perder”. “Una suspensión tiene costos graves para la universidad y para la vida personal de cada estudiante”, reconoce.
Esta mañana, la Ministra Angulo dio que están buscando respuestas responsables, porque “es muy fácil hacer promesas que no se van a cumplir y a honrar, porque ni el presupuesto ni el marco jurídico dan”. Aseguró que buscan adelantar una agenda amplia, y que estarán de nuevo en el diálogo “cuando se den las condiciones”.
ELTIEMPO.COM y EDUCACIÓN
