Las seis propuestas con las que los estudiantes y profesores llegaron a la mesa de diálogo con el Gobierno para encontrar la plata que garantice el final del año académico, y de paso levantar el paro que completa más de 40 días, se guardaban con recelo.
Pero este martes, casi al filo de la medianoche y luego de más de 12 horas de conversaciones, el acta conjunta que firmaron las partes dejó ver las fuentes de las que, según los estudiantes, pueden sacarse los 500.000 millones de pesos de la discordia.
Dicen los líderes estudiantiles que se trata de alternativas “técnicas, serias, sólidas y viables que pueden resolver, en el corto y en el mediano plazo, la profunda crisis financiera de la educación superior pública en Colombia”.
Plantean como una posibilidad viable apropiar de manera extraordinaria las utilidades del Icetex, que para el 2017 suman $ 948.000 millones (utilidades de $ 338.541 millones de pesos del año pasado y $ 610.953 millones de vigencias anteriores). También una apropiación total de su fondo patrimonial de $ 2,8 billones o una porción (30 %) que corresponde a $865 mil millones de pesos. En este caso, argumentan que dichos fondos pueden ser transferidos a las universidades públicas según la Ley 1002 de 2005.
2. Traslado del Fondo de Compensación InterministerialLa siguiente fuente que proponen los estudiantes es el Fondo de Compensación Interministerial, del cual, afirman, se pueden disponer de recursos hasta por el 1% de los ingresos corrientes de la Nación, lo cual puede llegar hasta el monto de $ 2,3 billones de pesos.
Este Fondo, recuerdan, se creó “con el propósito de atender faltantes de apropiación en gastos de funcionamiento de los órganos en la respectiva vigencia fiscal, y para los casos en que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros califiquen de excepcional urgencia”. En la mesa de diálogo, por tanto, le pidieron al Gobierno esclarecer cuál es el monto efectivo del Fondo para el 2018, y el gasto efectuado este año.
Señalan estudiantes y profesores que los acompañan que tal como quedó estipulado en la Reforma Tributaria del 2016, una parte del IVA social estaba destinada a la educación superior pública a través del fondo FoSIES, que no ha terminado de reglamentarse y por tanto esos recursos terminaron directamente en el Icetex.
Se trata, según afirman, de $ 548.271 millones que deberían ser trasladados a la base presupuestal de las universidades públicas.
Generación E, el programa anunciado por el Gobierno como sustituto de Ser Pilo Paga y frente al que los estudiantes han expresado rechazo porque, dicen, alimenta las universidades privadas y no a las públicas, es otra fuente sugerida para conseguir el medio billón de pesos.
Cuestionan que como el Gobierno no ha explicado ni el origen ni la distribución del dinero anunciado para la Generación E, se debe revisar cuánta de esa plata (cerca de 3,6 billones de pesos) puede ir para el funcionamiento de las universidades públicas.
En este punto, preguntaron al Gobierno en la mesa de diálogo cómo se distribuirá ese dinero y qué entidades y bajo qué condiciones lo recibirán.
Los estudiantes en huelga argumentan igualmente que si bien el acuerdo logrado entre el presidente Iván Duque y el Sistema Universitario Estatal comprende la entrega de $ 1,2 billones para inversión en 4 años, las universidades tienen mayores necesidades en funcionamiento y parte de ese dinero puede ser llevado directamente a la base presupuestal.
Dicha suma, aseguran, se debe sumar al acuerdo de aumentar el presupuesto tres puntos por encima del IPC en el 2019 y 4 puntos por encima del IPC en 2020, 2021 y 2022.
Finalmente, aseveran que de acuerdo con el registro del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestal total a octubre 31 de 2018, hay $ 57,13 billones sin comprometer en funcionamiento, deuda o inversión. Si se tomara el 1 por ciento de estos recursos sin comprometer se podrían obtener $ 570.000 millones.
En esta propuesta concreta, el Gobierno les respondió a los estudiantes que si bien son ciertos esos 57 billones, ya están comprometidos en gastos de funcionamiento, inversión y saneamiento de deuda.
Con estas propuestas vale la pena preguntarse: ¿qué tan viable resultan para solucionar la crisis?
"Aparentemente es una opción viable. Pero primero, habría que validar la viabilidad jurídica de las propuestas antes de convertirlas en una bandera política. Insisto que ha faltado claridad en torno a cómo calculan el déficit del que se habla, por qué 2018 cierra con un déficit de 550.000 millones de pesos y, especialmente llama la atención que los rectores (que son los que tienen que administrar los recursos) hayan aceptado las propuestas del Gobierno y los estudiantes, no", aseguró Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.
Para el experto, es necesario una reforma estructural en el Icetex. "Lo que es claro es que el Gobierno ya lo prometió (acuerdos con los rectores) y tiene que meter todo el esfuerzo en el Plan Nacional de Desarrollo y en una reforma integral al Icetex, porque eso le traería buenos resultados políticos y calmaría a los estudiantes".
Añadió que: "De otro lado, es "triste" para el Gobierno que su gran esfuerzo y apuesta por la cobertura, el programa de Generación E, no ha nacido formalmente y no tiene buen ambiente en el sector, y es una gigantesca apuesta económica. Tal vez si intentara replantear los recursos de ese programa, podría ganar una buena receptividad en el sector".
El especialista en educación Ángel Pérez afirmó que estas propuestas no solucionan el problema estructural de las universidades públicas.
"Estos paros no le sirven a nadie porque se negocia para resolver problemas del momento y no de largo aliento. Es importante un gran pacto nacional por la educación, porque si en verdad queremos dar una solución al problema estructural de la educación superior pública se necesitan 10 o 15 años", señaló.
Pérez indicó que ve viable la propuesta de hacer el traslado de presupuesto del programa Generación E. "Sin embargo, esto se debe realizar de manera gradual porque actualmente hay 40.000 'pilos' que deben ser financiados, y el año entrante quedarán aproximadamente 30.000. Pero, insisto, el problema es estructural porque actualmente para financiar a cada uno de los 'pilos' se necesita alrededor de 20.000 millones de pesos al año (lo que equivale a 800.000 millones de pesos año), mientras que para los estudiantes normales es de 5 millones", dijo.
REDACCIÓN EDUCACIÓN