Por estos días el Congreso de la República discute si prohibirá o no el castigo físico a los menores de edad. Se trata de un proyecto de ley que busca, con esto, reducir los índices de violencia infantil.
El propósito de esta norma es incluir en el artículo 262 del código civil el siguiente texto: “Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina”.(Lea también: Directivos docentes rechazan regreso a clases presenciales)
En su último debate, llevado a cabo el pasado 4 de junio, se propuso archivar el proyecto, medida que fue votada en contra, por lo que el tema pasó a ser estudiado por una subcomisión encargada de estudiar su comunicado antes de que la plenaria de la Cámara de Representantes vuelva a discutirlo en el transcurso de esta semana.
De acuerdo con los críticos del proyecto, se estaría dando pie al Estado para estandarizar un modelo de crianza al interior del hogar, lo cual iría en contra del derecho de los padres de determinar el mejor modelo de crianza hacia sus hijos.
Según el representante del partido Colombia Justa y Libres Carlos Acosta, “este proyecto es una clara usurpación del papel de la familia”.
(Lea también: Los otros virus que se ciernen sobre la niñez y la juventud)
Este argumento fue el usado para intentar archivar la iniciativa, que ha recibido otros reparos, ya que algunos consideran que se estaría penalizando a los padres que quisieran corregir a sus hijos por medio de estrategias como las palmadas o el popularmente conocido ‘chancletazo’.
Sin embargo, según la organización Alianza por la Niñez, organización impulsora de esta iniciativa, se ha entrado en un malentendido al respecto, el cual espera que se aclare con el estudio del documento por parte de la subcomisión.
Señala que en la propuesta en ningún momento se espera que el Estado interfiera en los métodos de crianza que los padres consideren los correctos para educar a sus hijos.
“Si bien la Constitución dice que ‘los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores’, decir que este artículo hace inconstitucional este proyecto de Ley es una errada lectura de la Constitución, porque esta jamás está avalando la práctica del castigo físico cuando se refiere al tipo de educación”, asegura la organización.
(Lea también: ¿Cómo será la educación después de la pandemia?)
Y añade: “Tienen derecho a ser protegidos de un tipo de crianza que afecta su desarrollo integral, sin que esto quiera decir que se les quita la responsabilidad a los padres de educar, de poner normas, límites y de sancionar, pero sin el uso de la violencia”.
En cuanto a los cuestionamientos sobre una posible penalización a los padres de familia en el marco de su derecho a corregir a los menores, la Alianza sostiene que se busca que la ley sea de carácter pedagógico y no sancionatorio.
Señala que no se busca equiparar el castigo físico con el maltrato infantil, el cual sí es considerado un delito en la legislación colombiana.
(Lea también: ¿En qué consiste el proyecto que prohibe el 'chancletazo'?)
El proyecto, asegura la organización, “se refiere al golpe con la mano, la cachetada, el correazo, coscorrón, baños con agua fría, etc., que son conductas que la gente considera muy violentas, si son aplicadas en contra de sí mismos, pero que validan cuando se ejercen contra la niñez.
Estas conductas no ameritan sanción penal y no se contempla por ningún lado, enviar a un padre o madre a la cárcel o multarlo por castigar físicamente, pero la Ley sí contempla dotar a las familias de herramientas pedagógicas y educativas que no vulneren la dignidad de sus hijos. El proyecto no equipara disciplina con un delito”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET
Comentar