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Niegan tutela de Red PaPaz que exigía regreso a clases presenciales
Colegios

Los niños, maestros y demás personal de los colegios deben usar tapabocas y lavarse las manos antes de entrar a las instituciones.

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Jaiver Nieto

Niegan tutela de Red PaPaz que exigía regreso a clases presenciales

Una juez de Bogotá declaró que la acción judicial era improcedente.

La tutela interpuesta por Red PaPaz, con la que se buscaba ordenar al Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación de Bogotá retornar de manera inmediata a clases presenciales fue negada.

La decisión fue tomada por la juez Stella María Osorno Bautista, del Juzgado sexto laboral del circuito en Bogotá, quien consideró que la acción presentada por la organización no era procedente.

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De esta forma, queda claro que no se puede obligar a estas entidades a reactivar todos los colegios totalmente, tal y como pretendía la tutela.

Precisamente, en la acción, Red PaPaz señaló que con el cierre de los establecimientos educativos se estaría vulnerando el acceso a la educación y desarrollo integral de los menores.

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“Proteger los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral en la primera infancia, a la vida, a la educación, al cuidado y amor, a la salud, a la alimentación, a la comunicación, a la integridad y a la igualdad”, mencionó la organización.

Así mismo, en la tutela se considera que pese a que desde mediados del año pasado se dieron a conocer los lineamientos y protocolos para el retorno a las aulas, muchas secretarías de educación no han avanzado en su implementación, retrasando el retorno.

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De igual manera, con esta acción judicial también se cuestionó la efectividad del modelo de alternancia, el cual combina clases presenciales con virtuales, el cual es el actualmente implementado por el Ministerio de Educación y las entidades territoriales.

“La alternancia y el retorno de niñas, niños y adolescentes a clases presenciales de manera ‘gradual y progresiva’ es discriminatorio ya que, al delegar la implementación de este modelo condena a población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin acceso al internet”, señala la red.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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