'Hoy operan todos los centros de atención para la primera infancia'

'Hoy operan todos los centros de atención para la primera infancia'

Ante su renuncia, Juliana Pungiluppi responde sobre dos hechos que pusieron a tambalear al Icbf.

Juliana Pungiluppi

Juliana Pungiluppi renunció esta semana a su cargo por razones personales. Se mantendrá en funciones hasta el próximo 9 de marzo.

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Cortesía ICBF

Por: Vida de hoy
24 de febrero 2020 , 09:31 a.m.

Después de un año y medio como directora del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi renunció a esta semana a su cargo por razones personales. Se mantendrá en funciones hasta el próximo 9 de marzo y la reemplazará Lina María Arbeláez, gerente nacional reducción de pobreza e inequidad PNUD-Colombia, designada por el presidente Iván Duque.

Pungiluppi anunció su retiro en medio de dos coyunturas que sacudieron la entidad: los contratos sin definir de los operadores del Banco Nacional de Oferentes (es decir, los operadores que les ofrecerán servicios integrales a 1 millón 750 mil niñas y niños menores de cinco años) y un enfrentamiento entre los menores del Centro de Servicio Judiciales para Adolecentes (Cespa), que resultó en la evasión de tres menores y dos heridos, un adolescente y un educador.

(Lea también: Directora del ICBF presenta su renuncia por motivos personales)

“El lunes (24 de febrero) arrancamos con la operación de todos los centros de atención para la primera infancia del país”, aseguró la directiva a EL TIEMPO, luego de que operadores de todas las regiones y padres de familia llamaran la atención de la opinión pública a través de varios plantones, en los que condenaron a la institución por no firmar a tiempo los contratos que aseguraban la operación de tres de sus cuatro modalidades de atención.

La apertura de los centros institucionales, los de modalidad familiar y los de modalidad propia e intercultural, que atienden cada año a 1’192.101 niños y niñas, estaba programados para iniciar actividades el 28 de enero del 2020. Esto no ocurrió, como lo reconoce Pungiluppi: “Mi error fue no arrancar todo ese día. Anuncié que esto pasaría y les dije que empezaríamos la segunda semana de febrero, porque teníamos un evento extraordinario por la conformación del banco de oferentes”.

La razón del retraso estuvo en el vencimiento del Banco nacional de oferentes, en el 2019, y en la transformación del proceso para hacer parte de este grupo de operadores elegibles.


“Cuando se venció el banco, decidimos subir los estándares para escoger a mejores oferente y cambiamos el proceso. Antes del 2019, se hacía una contratación directa y cerrada. No había criterios que respondieran a las capacidades técnicas. Nosotros le dimos la vuelta al procedimiento y exigimos capacidad financiera, jurídica y una propuesta pedagógica”, dice Pungiluppi.

A la convocatoria se presentaron 2.194 oferentes, de los cuales quedaron habilitados 1.257. De los no habilitados, 830 presentaron un recurso para que les revisaran de nuevo documentación y procedieron 156. Al final del proceso 1.413 oferentes quedaron habilitados en el Banco Nacional. Al grupo que no pasó el proceso, compuesto por 674 oferentes –que según la entidad son quienes estuvieron detrás de las protestas de la semana pasada–, les está llegando una comunicación indicándoles que no procedieron. El 14 de marzo todos tendrán la respuesta.

“El banco se abrirá cada año para incluir a nuevos interesados y excluir a quienes tengan sanciones (por muerte de niños o por violencia, falta de recursos, etc.). Lo abrimos para que actualicen la información financiera, la propuesta pedagógica y para que se habiliten de nuevo los que no alcanzaron a entrar”, explica la entidad.

El lunes (24 de febrero) arrancamos con la operación de todos los centros de atención para la primera infancia del país”

Reformar el sistema penal

Frente a la situación de desórdenes al interior del Cespa, que hasta hoy dejó a tres menores evadidos, el Icbf respondió que la situación se controló a tiempo con la intervención de la Policía, la Personería y los defensores de familia: “Resultaron tres jóvenes evadidos, que saltaron por los techos; 18 resultaron aprehendidos y reingresados al centro. Un educador y un joven resultaron heridos. Fueron atendidos por el sistema de salud”, dijo la institución.

Pungiluppi, sin embargo, explicó que el problema va más allá de este episodio. El Cespa es el lugar a donde el juez envía a los adolescentes mientras se desarrolla el proceso judicial. Los adolescentes pueden durar 4 meses (máximo 5) allí. El problema, explica la directiva, está en que casi el 50 por ciento son mayores de edad.

“El sistema de responsabilidad penal está diseñado para atender, en el cumplimiento de su sanción, a adolescentes entre 14 y 18 años. El pico de la comisión de los delitos está entre los 16 y 17 años y las sanciones pueden ser de hasta 8 años máximo. Esto hace que el sistema reciba o ingrese a muchos que cumplen su mayoría de edad adentro o que reingresan cuando han cometido delitos siendo mayores. No se pueden trasladar”, dice.

Por esto, agrega Pungiluppi, “hay que modificar el sistema de responsabilidad penal. No podemos seguir recibiendo adultos que han cometido delitos en el sistema de adultos y tampoco podemos seguir atendiendo a jóvenes que ingresan siendo adolescentes, pero que cumplen su mayoría de edad en nuestros centros”.

Antes de dejar su cargo, la funcionaria dejó preparado un proyecto de ley para reformar el sistema de responsabilidad penal. Allí plantea que el código de las sanciones no privativas es muy débil y que, a pesar de que privar de la libertad al adolescente debe ser la última opción, los jueces optan por esto. “Lo privativo debe ser el último recurso y debe ser restaurativo. Tenemos que desarrollar el código para que sea la primera opción”, explicó.

Logros de la gestión de Pungiluppi

Aumento del 10 por ciento en las adopciones de niñas, niños y adolescentes, y del 18 por ciento en la población infantil con características y necesidades especiales. Esto, acompañado de una disminución en los tiempos del trámite de adopción de 24 a 9 meses, gracias a la nueva plataforma de adopciones en línea, ADA, disponible desde diciembre de 2019.

Reducción del 11,4 por ciento en las notificaciones de muertes asociadas a la desnutrición entre 2018 y 2019, gracias al Plan Ni1+. La Guajira bajó un 50 por ciento sus índices de desnutrición.

Conformación del Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, Sector Justicia, Medicina Legal e ICBF para dar respuesta unificada y para la recolección de pruebas oportunas y de calidad con el fin de reducir la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores de edad. Ese grupo élite empezará a operar en abril en Pereira, uno de los focos de explotación sexual de menores.

Liderar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que incluye formulación de política pública (que ya sentó la bases para un documento CONPES) y movilización social (con el lanzamiento de campaña Todo lo que Hacemos les Queda).

Puesta en marcha del programa de acompañamiento familiar ‘Mi Familia’, el cual aborda tres potenciales causas de violencia contra la niñez: prácticas deficientes de crianza, problemas de salud mental y desconocimiento de rutas de acceso a la oferta social del Estado.

Descongestión del 86 % de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), que permitió definir la situación jurídica de 43.000 niñas, niños y adolescentes en tiempo récord.


REDACCIÓN VIDA DE HOY

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