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‘Inhabilidades para violadores eran exageradas’
Corte Constitucional
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Carlos Ortega. EL TIEMPO

‘Inhabilidades para violadores eran exageradas’

Abogado que ganó demanda ante la Corte dice que la ley vulneraba el derecho al trabajo.

Luego de conocerse la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ‘inhabilidad perpetua’ de personas condenadas por delitos sexuales contra menores edad para ser contratadas en un escenario laboral y fijarles un límite de tiempo, el abogado Alejandro Vélez, quien demandó la norma, señaló que con esto se evita la vulneración de los derechos de estas personas a ser reintegrados a la sociedad.

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En diálogo con EL TIEMPO, Vélez, docente de la Universidad de Manizales, argumentó por qué demandó la Ley 1918 de 2018, en la cual se estipulan estas inhabilidades.

“Había una violación al principio de dignidad humana, porque parte de la consideración de que hay personas que son prescindibles en la sociedad. También se violaba el derecho al trabajo y a la igualdad”, señaló el abogado. Y añadió: “Estamos ante una legislación que considera que un delincuente sexual no tiene posibilidades de resocialización”.

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La norma establecía que los condenados por delitos sexuales contra menores de 18 años ingresen a un sistema de registro que las empresas deben consultar para evitar contratarlos en determinados empleos dados sus antecedentes.

La Corte señaló que esas inhabilidades deben tener un límite temporal ya establecido en el Código Penal, según el cual debe ser de hasta veinte años y no a perpetuidad.
Además, ahora la entidad encargada de definir cuáles son las actividades en las que aplica esta inhabilidad ya no será el ICBF sino el Congreso de la República.

“Esto también es muy importante porque se buscará limitar el número de empleos en las que hay esta inhabilidad, que antes era muy extenso y prácticamente dejaba a estas personas excluidas de la vida laboral”, mencionó Vélez.

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La exdirectora del ICBF Cristina Plazas fue crítica con la decisión y aseguró que “las cortes siempre les fallan a los niños y ponen los derechos de los violadores por encima de los de los menores”. Plazas insistió en que en la Constitución está claro que los derechos de los niños priman por encima de otros.

Por su parte, Alejandro Ruíz, jurista especializado en infancia y adolescencia, sostuvo que “si bien se entiende la interpretación de la Corte, se debe señalar que en ningún momento esta elimina el régimen de inhabilidades que en este caso funciona como pena complementaria. Es decir, una persona con estos antecedentes claramente no puede estar en un trabajo en el que tenga contacto con menores”.

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Pese a la decisión, se mantienen otras disposiciones, como que empresas que contraten a individuos que estén en el sistema, sean sancionadas. El Alto Tribunal manifestó que hasta que el legislativo regule la norma, esta no podrá ser aplicada.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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