Fórmulas para salvar a la educación superior pública

Fórmulas para salvar a la educación superior pública

El déficit que afecta a universidades oficiales exige soluciones para garantizar su sostenibilidad.

Así transcurrieron las marchas por la reforma en la educación públicaSe estima que solo en Bogotá salieron a protestar cerca de 30 mil personas. En las principales ciudades del país también se vivieron manifestaciones pacíficas.
Marchas por la educación superior pública

Luis Robayo / AFP

Por: Julia Alegre Barrientos y Simón Granja Matías
14 de octubre 2018 , 10:36 a.m.

El miércoles pasado, decenas de miles de estudiantes y profesores salieron a las calles de las principales ciudades del país para exigir al Estado más recursos para la educación superior pública. Protagonizaron así el primer gran pulso con el gobierno de Iván Duque, al que también se unieron algunas instituciones privadas, como La Javeriana y los Andes.

En una jornada histórica, y una de las más multitudinarias que se recuerdan en los últimos años, el reclamo fue unánime: que en 2019 el presupuesto para las universidades públicas ascienda a los 4,5 billones. El monto garantizaría la supervivencia en el mediano plazo de estas instituciones que acumulan un déficit de financiamiento de 3,2 billones (esto solo para pagar la nómina de los docentes y los gastos administrativos) y de inversión en calidad e infraestructura de 15 billones, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), conformado por los rectores de las 32 universidades públicas de Colombia.

Tras el éxito de las movilizaciones, convocadas y lideradas por el Movimiento Estudiantil Colombiano, el presidente Duque compareció esa misma tarde ante los medios para anunciar que la inversión en educación pública para el próximo año sería de 4,3 billones de pesos (500.000 millones de pesos más). Sin embargo, la comunidad educativa considera insuficiente esa asignación porque “no repara la deuda histórica” que, según ellos, les debe el Estado.

Al claro problema de la falta de financiación se añade otro agravante: se necesita una profunda reestructuración del modelo para asegurar estándares de calidad en la formación de las siguientes generaciones, como advirtieron una decena de expertos consultados por EL TIEMPO. Un punto que requiere de inversión adicional constante y no está concebido de forma concreta en ninguna parte.

Esa es la base, dicen, para también romper con las brechas de inequidad y garantizar el acceso de todos a una educación pertinente. “Debe ser la prioridad en la construcción de un mejor país”, insistió durante la marcha Dolly Montoya, rectora de la Nacional.

En este difícil pulso entre el Gobierno y las universidades públicas, que por el momento no parece que vaya a acabarse –los universitarios de las públicas convocaron un paro desde el pasado jueves y hasta el 21 de octubre–, cabe entonces preguntarse qué medidas se hacen necesarias para fortalecer una educación superior pública cada vez más debilitada.

Una de las posibilidades que se barajan, y a la que aluden expertos como el director del Instituto Merani, Julián de Zubiría, es cambiar la distribución del gasto público.

Más exactamente, transferir a las instituciones de educación superior parte de las partidas que se destinan en la actualidad al Ministerio de Defensa (que recibe 32,4 billones de pesos frente a los 35,3 billones que le tocan al Ministerio de Educación y que no son suficientes). Una lógica que responde a la nueva situación de posconflicto que transita Colombia después de la firma de los acuerdos de paz con las Farc.

Desde la Unión Nacional de Educación Superior (Unees) también apoyan esta medida, que no parece inmediata en un momento en el que resurgen otros grupos delincuenciales en la carrera por hacerse con el control de los territorios dejados por la guerrilla y el negocio de la coca.

Otra de las opciones que se perfilan, y que demandan los rectores que conforman el SUE (Sistema Universitario Estatal), es la de reformar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, al que responsabilizan de la crisis presupuestal y de calidad que vive la educación superior pública.

En este se determina que la transferencia de recursos a las universidades se ajusta anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), que, según Luis Orozco, director del área de Gestión y Políticas Públicas de la facultad de Administración de los Andes, no tiene en cuenta el aumento del número de estudiantes ni los costos que deben asumir las instituciones para integrarlos. Un dato: en una década, el número de universitarios pasó de 160.000 a más de 600.000.

Tampoco concibe el aumento salarial de los maestros ni otros factores que han incidido en que las necesidades económicas de las universidades superen las transferencias que entrega el Estado.

El IPC no considera ninguno de estos criterios, por lo que la asignación está completamente desajustada y desconectada de las necesidades de las instituciones

Isabel Segovia, exviceministra de Educación, propone que este indicador se reemplace por otro que tenga en cuenta la cobertura y la calidad para distribuir los recursos de forma más equitativa. “El IPC no considera ninguno de estos criterios, por lo que la asignación está completamente desajustada y desconectada de las necesidades de las instituciones. El aumento de la cobertura ha generado un déficit que oscila entre los 15 y los 18 billones de pesos, y eso hay que resolverlo”, explica a EL TIEMPO.

En 2011, el último intento por modificar la Ley 30 cayó en saco roto y tumbó cualquier opción de corregir el artículo 86, que hubiera evitado la desfinanciación. Segovia reconoce que lo prioritario ahora es un plan específico para que las universidades públicas puedan operar con normalidad. A partir de ahí, la sociedad podrá pensar en qué educación quiere, “pero no antes, no si las universidades públicas se están ahogando”, dice.

La entrada de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) puede dar un respiro a este respecto. Como miembro de este club de países desarrollados que representa el 60 por ciento del producto interno bruto global, el Gobierno está obligado a revisar todos sus sistemas (incluido el de educación superior pública) y ajustarlos de acuerdo con las recomendaciones de expertos y funcionarios del resto de Estados miembros.

Un referente para Colombia dentro de la organización podría ser Chile, apunta Pedro Cerdán, especialista en educación del Banco Mundial. Ahí las universidades públicas deben justificar los recursos que les entrega el Estado con una serie de indicadores de mejoramiento de infraestructura y cumplimiento de metas de calidad. A medida que cumplen con lo acordado, reciben mayores montos.

La generación de alianzas público-privadas es otro mecanismo que podrían adoptar las universidades colombianas para captar recursos y no poner todo el peso de la financiación en el Estado. Es la recomendación que se desprende del último estudio regional del Banco Mundial. Una de las fórmulas sería por medio de la venta de servicios al sector productivo, por ejemplo en temas de innovación, investigación o que requieren de cierta ‘expertise’ en los que la academia tiene mucho que añadir.

El único inconveniente que se desprende de este modelo es el de garantizar la transparencia en las contrataciones, lo que obligaría a contar con un ente externo –y previsiblemente estatal– encargado del control de estos contratos.

Antecedentes similares en otras áreas de la educación, como el Programa de Alimentación Escolar, en el que los operadores son privados y la corrupción ha sido una constante, podrían hacer desconfiar de la viabilidad de este modelo.

Cerdán propone una segunda vía que ya funciona en países como Inglaterra y Australia: la creación de un fondo solidario que se iría abasteciendo con una contribución mínima de cada egresado una vez accede al mercado laboral. De esta forma, llegaría un momento en el que la educación superior pública sería autosuficiente y autosostenible en el tiempo. El monto de este pago individual respondería a un principio de proporcionalidad en relación con el salario devengado, es decir, una financiación contingente al ingreso.

Como quiera que sea, ya no se puede aplazar más la búsqueda de una solución que logre reflotar de una vez por todas la educación superior pública. En ese punto coinciden todos los expertos consultados, al margen de sus propuestas.

Es el momento de que el Estado y la sociedad asuman este reto, clave para el progreso y el futuro del país, con acciones que aseguren la viabilidad de un sistema sumido en la indiferencia colectiva durante décadas. Quizá la más urgente, apuntan varias fuentes, la de reformar la Ley 30, aprobada hace más de 20 años.

¿Qué tanto sirven los 500.000 millones?

Una vez finalizó la movilización del pasado miércoles, el Congreso aprobó $ 500.000 millones de pesos adicionales para la educación superior pública. Recursos que solicitaron los estudiantes e instituciones educativas para poder finalizar este año con lo justo. Sin embargo, el Ministerio de Educación anunció cómo sería la distribución de este dinero, a lo cual las otras facciones demostraron su descontento. Estas son las reacciones.

Iván Duque
Presidente
“Hemos logrado, en un trabajo exhaustivo con el Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, que los recursos de inversión para el sector superen los 4 billones de pesos, la cifra más alta de inversión que se haya visto en el sector educativo”.

Jairo Miguel Torres Oviedo
Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE)
“¿Qué esperábamos nosotros? Que el Ministerio de Educación distribuyera estos recursos en funcionamiento e inversión. Lo que nos ha incomodado es que se ha hecho una distribución que no tiene en cuenta nuestras necesidades”.

Jennifer Pedraza
Representante al Consejo Superior de la Universidad Nacional
“Lo más grave de ese anuncio, además de ser mentira, es que tiene un objetivo claro de confundir y desmovilizar a los estudiantes y trabajadores. De esos recursos, solo 55.000 vendrían para las IES (Instituciones de Educación Superior)”.

JULIA ALEGRE BARRIENTOS Y SIMÓN GRANJA MATÍA
EL TIEMPO
En Twitter: @JuliaAlegre1 - @simongrma

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