El gobierno del entrante presidente Gustavo Petro deberá hacer grandes cambios en cuanto a la financiación de la educación superior si pretende dar cumplimiento a su propuesta de aumentar sustancialmente el acceso a la universidad de manera gratuita.
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El ministro de Educación designado, Alejandro Gaviria, tras reunirse con los congresistas del Pacto Histórico en Santa Marta, anunció que desde ya se trabaja en un cambio en el modelo de financiación de las universidades oficiales: “Se ha hablado de posibles reformas legales. La más urgente es la Ley 30 de 1992, de la cual ya hay una iniciativa parlamentaria. La pretensión es poder dar más recursos a las universidades públicas, pero la intención es también amarrar esos recursos a los planes de aumento de la cobertura y al papel que juegan las universidades en el desarrollo regional y territorial”.
Así mismo, el ministro señaló a EL TIEMPO que esto hace parte del objetivo del nuevo Gobierno de aumentar la cobertura en educación superior, para lo cual el primer paso es tener instituciones estables económicamente: “El desafío es con la cobertura para universalizar el ingreso. Van a necesitarse más recursos, seguramente hacerse esta reforma y conseguir mayor financiación”.
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Precisamente, la modificación de la Ley 30 ha sido el principal pedido del movimiento estudiantil y de los mismos rectores de las universidades públicas. Lo primero que se deberá atender en el nuevo gobierno, y tal vez el mayor problema del sector, es la falta de recursos en las universidades públicas, que a la fecha tiene a las instituciones con un faltante presupuestal de 15 billones de pesos, de acuerdo con el Sistema Estatal Universitario (SUE, organismo que reúne a las 34 universidades oficiales del país).
Así lo explica Jairo Torres, presidente del SUE: “Hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública. Este consiste en gran medida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Estos establecen que las transferencias de la nación a las universidades públicas año a año serán con base en un indicador: el índice de precios al consumidor (IPC). El problema es que las universidades públicas hemos crecido en estos 30 años muy por encima de este indicador, lo que corresponde a un desfinanciamiento de más de 3,5 billones de pesos que hemos dejado de recibir solamente en funcionamiento, sin contar, por ejemplo, infraestructura, recursos faltantes, que las universidades han tenido que rebuscar por su propia parte”.
De esta manera, las universidades públicas pasaron de recibir la totalidad de sus recursos en 1992 por parte del Estado a recibir actualmente el 55 por ciento de recursos públicos (de la nación o gobernaciones y alcaldías), y el resto, el 45 por ciento, lo debe costear la propia universidad.
Lo que no se contempló en ese entonces era el ritmo acelerado en que las universidades iban a crecer. De esta forma, solo las universidades públicas (sin contar instituciones técnicas y tecnológicas) contaban en 1993 con 159.218 estudiantes. En el segundo semestre de 2021, de acuerdo con el Ministerio de Educación, este número fue de 638.625 estudiantes, es decir, se multiplicó por cuatro.
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A esto se suma que cada año, en promedio, los gastos en la educación superior pública aumentan 5 puntos porcentuales por encima del IPC. De esta forma, según el SUE, en la década de 2010 a 2019 el IPC fue, en promedio, del 3,86 por ciento, lo que significa que cada año este fue el aumento de recursos que recibieron las universidades. Sin embargo, anualmente sus gastos de funcionamiento subieron 8,81 por ciento, y el de personal, en un 9,25 por ciento.
Esto se explica por el aumento de estudiantes, que implica mayor número de docentes, nueva y mejor infraestructura, mayor cualificación docente (los profesores con formación doctoral pasaron de ser el 6 por ciento en 2004 a ser el 15 por ciento en 2016, y los que solo tenían pregrado pasaron de ser el 33 por ciento a solo el 18 por ciento), lo cual implica salarios más altos.
“Cuando se creó esa ley, el legislador pensó que las universidades no iban a crecer a ese ritmo y que no se necesitarían más recursos. Las transferencias actuales no cubren vincular más profesores, infraestructura, internacionalización, investigación, capacidad científica en términos técnicos, etc. Todo eso no se proyectó y hoy nos tiene en ese desfinanciamiento estructural”, menciona Torres.
Y añade: “Se necesita corregir el mecanismo de transferencia. En principio, para que los recursos que se transfieren se ajusten al crecimiento año a año de las universidades públicas”.
Esta falta de recursos es la misma que en 2018 llevó a muchas instituciones al borde de no poder funcionar, incluso algunas comenzaron a registrar en su momento importantes retrasos en el pago de salarios, desencadenando el paro estudiantil y universitario de ese año, que duró varios meses y que finalmente permitió la firma de los acuerdos en los que el Gobierno se comprometió a dar 4,5 billones de pesos en los siguientes cuatro años.
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EL TIEMPO consultó con la ministra de Educación María Victoria Angulo, quien señaló: “Las cifras muestran que efectivamente se cumplió con los acuerdos en educación superior con recursos adicionales por 4,6 billones de pesos, por encima de lo pactado. Esta es la mayor inversión en educación superior pública en los últimos 12 años”.
Sin embargo, la actual vigencia es la última en la que las universidades recibieron esta adición presupuestal, por lo que a partir de 2023 se volvería al mismo escenario de hace cuatro años.
“En las condiciones actuales, no sería raro que la difícil situación económica de las universidades públicas vuelva a llevarnos a un nuevo descontento social y nuevos paros, que, por cierto, en Colombia son un fenómeno cíclico. El cambio debe ser estructural, y el movimiento estudiantil, profesoral y las mismas universidades, coinciden en que el único camino es una modificación de la Ley 30”, explicó la analista Rocío Ávila.
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Proyecto de ley
Pese a ser un tema recurrente y con reclamos desde hace años, la reforma de la Ley 30 no fue priorizada en los gobiernos anteriores, y los intentos de realizarla en el Congreso se vieron frustrados. Sin embargo, la semana pasada fue radicado en el Congreso un proyecto de reforma entre cuyos firmantes figuran varios congresistas de la bancada de gobierno, lo cual permite creer que esta vez sí llegará a buen puerto.
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Este nuevo proyecto modifica los artículos 86 y 87 de dicha ley, de tal forma que el incremento presupuestal anual de las universidades ya no estaría medido por el IPC, sino por diferentes variables, incluido el índice de costos de la educación superior (Ices) de las universidades públicas provisto por el Dane, así como los incrementos salariales.
Al respecto, la representante a la Cámara y principal autora del proyecto, Jennifer Pedraza (quien fue una de las líderes estudiantiles detrás de las negociaciones con el Gobierno en 2018), sostiene que la proyección con esto es “que se duplique la base presupuestal de 4,2 billones a 8,5 billones".
‘Es posible conseguir los recursos adicionales’
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.
Cortesía, Jennifer Pedraza
5 preguntas a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.
¿De dónde salió la fórmula que ustedes proponen para cambiar la financiación de las universidades públicas?
El proyecto está basado en la propuesta de los rectores, que diseñaron una fórmula que, en vez de tener en cuenta la inflación contemplara el índice de costos de la educación superior pública (Ices) del Dane. También recoge otra propuesta del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de la Educación Superior. Esto es importante porque el IPC muestra cómo suben de precio los productos básicos, que suben a un nivel diferente que los gastos de las universidades, lo cual sí mide el Ices. Con esto, no se acumulará más el déficit en el futuro.
¿Y qué pasa con el faltante de años anteriores?
Proponemos crear un Fondo para el Mejoramiento de la Universidad Pública, que tendría la tarea de conseguir esos recursos del faltante histórico. La idea es que de aquí a diez años se logre saldar esa deuda histórica. No estamos pidiendo que estos recursos se logren de un día para otro, sino que es un proceso progresivo.
¿Esto no se quedaría en solo sanear finanzas y no ampliar cobertura?
No. También incluimos un elemento de ampliación de planta docente, de trabajadores y de cobertura nueva. Estos factores están contemplados en la fórmula propuesta, porque ese fue el problema de la Ley 30: no prever el aumento de la cobertura.
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¿Si hay plata para eso?
Nada más con el dinero que se dio al programa Ser Pilo Paga esto sería posible. Y si tenemos en cuenta que viene una reforma tributaria y el mismo ministro Gaviria ha hablado de la necesidad de una reforma en este sentido, creo que es posible conseguir los recursos. Todo va a depender de si la voluntad del Gobierno es apostarle al acceso a la universidad con créditos educativos o por medio del sector público.
Respecto al ministro Gaviria, ¿ya se ha socializado con él el proyecto?
Este proyecto lo estamos trabajando con Ariel Ávila (senador de la Alianza Verde) y Gabriel Becerra (representante a la Cámara del Pacto Histórico). Y cuenta con el aval de varios congresistas de ese partido. En ese sentido, aún no he hablado con el ministro, pero estamos en absoluta disposición para presentarlo al Gobierno y llegar a un consenso para sacar adelante la iniciativa.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Redacción Educación
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