Tras el anuncio de la reactivación de la presencialidad en jardines infantiles, colegios y universidades del país a partir del 15 de julio, fecha en que termina la vacunación de docentes, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) sostienen que la inmunización no es suficiente, sino que también es necesario que se cumplan los protocolos y las adecuaciones necesarias en las sedes educativas.
Martha Alfonso, vicepresidenta del sindicato, le dijo a EL TIEMPO que los docentes están dispuestos a volver a las aulas solo en los colegios donde estas condiciones y los nuevos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud se cumplan.
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Es precisamente el tema de las adecuaciones lo que preocupa tanto al magisterio como a sectores que sí han estado a favor del retorno a los salones de clase.
En diálogo con este diario, Nelson Alarcón, expresidente y directivo de Fecode, señaló que el 25 por ciento de las 43.800 sedes educativas del sector oficial no tienen acceso al agua, un elemento indispensable para cumplir con los protocolos de bioseguridad; si bien estos fueron simplificados con la resolución 777 del Ministerio de Salud, se mantienen el constante lavado de las manos y la desinfección de los entornos educativos.
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Sin embargo, las cifras reales de la falta de acceso al agua en las instituciones serían menores, aunque no dejan de ser alarmantes.
Un informe difundido a principios de este año por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) reveló que al menos el 11 por ciento de los colegios del sector oficial quedan ubicados en manzanas en las que más de la mitad de las viviendas no tienen acueducto. También señala serias desigualdades respecto al acceso al agua dependiendo de la región, entre zonas urbanas y rurales y entre los sectores oficial y privado.
Por un lado, en regiones como el Quindío y Bogotá, el porcentaje de sedes ubicadas en manzanas donde más de la mitad de las viviendas no tienen acueducto es nulo. En cambio, en zonas del Magdalena, Córdoba, Chocó, San Andrés y Guainía, este porcentaje es mayor al 30 por ciento.
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A esto se suma que a nivel nacional el porcentaje de sedes rurales oficiales sin acueducto es del 13 por ciento, mientras que los colegios oficiales urbanos en estas condiciones son solo el 3 por ciento. Esta brecha entre sedes rurales y urbanas es persistente en la mayoría de los departamentos del país.
Y se nota un mayor contraste si se compara con el sector privado, en el que las instituciones sin acueducto son solo el 1 por ciento.
Con todo esto, los expertos señalan que, aunque estas cifras son preocupantes, el acceso al agua no sería impedimento para la presencialidad en la mayor parte del país: "Se podría decir que gran parte de las sedes educativas podrían cumplir con la condición de tener agua para el lavado de manos; aunque se desconoce si esta es agua potable o no", menciona el LEE.
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Con todo esto, a la fecha solo el 30,4 por ciento de las sedes educativas del país han tenido alternancia, y ahora el reto es retornar a la presencialidad. Al respecto, el Observatorio de Gestión Educativa de Empresarios por la Educación encuestó a las entidades territoriales, e identificó los principales desafíos señalados por las mismas.
"El regreso a la presencialidad ha sido heterogéneo en el país y responde a distintos factores, como la infraestructura educativa, la aprobación e implementación de los protocolos de bioseguridad, la confianza de los padres y de la comunidad educativa, la evolución de la pandemia, la articulación entre actores y otros factores", señala el observatorio en el informe.
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Dicha encuesta encontró que el 30,8 por ciento de las secretarías participantes estiman que entre el 81 y el 100 por ciento de sus instituciones cuentan con condiciones de infraestructura.
En contraste, el 26,1 por ciento de las secretarías dicen que menos del 40 por ciento de sus sedes están listas para volver a la presencialidad.
Ante esto, los investigadores sostienen que "es crucial que se acelere la ejecución de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para adecuar la infraestructura e implementar los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas".
Con respecto a esto último, es importante recordar que a noviembre del 2020 el Ministerio de Educación giró a las secretarías recursos del Fome por 400.000 millones de pesos para hacer las adecuaciones. Sin embargo, a corte del 31 de mayo, solo se había ejecutado el 43,5 por ciento de este dinero.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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