¿Está amenazada la libertad de cátedra?

¿Está amenazada la libertad de cátedra?

Un proyecto de ley plantea penalizar a los profesores que promuevan ideología política en clase.

Por: Camilo Peña Castañeda
25 de febrero 2019 , 09:49 p.m.

En el Congreso de la República fue radicado esta semana un polémico proyecto de ley que busca penalizar a los maestros que promuevan ideologías políticas en clase. Una postura que, según expertos en educación, atenta contra la libertad de cátedra consagrada en la Constitución política de 1991, en el artículo 67.

La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, ha planteado un gran debate. “Este proyecto nace de la preocupación de algunos padres de familia, profesores y estudiantes que se ven vulnerados a la hora de recibir sus clases”, dijo Rodríguez a este diario.

La iniciativa surge en medio de fuertes críticas que el uribismo ha hecho contra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Twitter, señalando que los maestros de colegios públicos “adoctrinan pero no educan”.

Así mismo, en esa red social se presentó una acalorada discusión por una charla académica que realizó Victoria Sandino, congresista del partido Farc, en la Universidad de los Andes el pasado 12 de febrero.

El evento se realizó durante una clase del profesor Sergio Lizarazo, del Departamento de Ciencia Política, en un curso electivo sobre el conflicto armado y el proceso de paz con las Farc.

Algunos alumnos, simpatizantes del Centro Democrático, acusaron al docente de “adoctrinar a sus estudiantes, haciendo apología del terrorismo”. Incluso, en Twitter circuló un comunicado de ese partido político advirtiendo que “la presencia de Sandino, señalada de animar las violaciones y abortos en las Farc, viola la libertad de los estudiantes”.

La Universidad de los Andes respaldó a Lizarazo señalando que “la institución es autónoma e independiente de propiciar el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas, e imparte a los estudiantes una formación crítica y ética”.

Precisamente, el representante Rodríguez señala que con su proyecto de ley se “protegerá la libertad de pensamiento y la integridad física de los estudiantes”. Su idea es que, a través de un pacto social, “se acuerden unas medidas para que en las aulas no impongamos nuestra ideología política”.

Expertos en educación no ven con buenos ojos la iniciativa, dirigida a colegios. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, cabeza máxima del Centro Democrático, no apoyó la propuesta. “El adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante, a la democracia y a la ciencia, deberían buscarse soluciones que no sean sanciones legales”, expuso en su Twitter.

Víctor Alberto Gómez Cusnir, rector del Gimnasio Moderno, opina que ningún proyecto que pretenda coartar las libertades fundamentales debe ser viable. “La libertad de cátedra significa en su esencia, proteger el ámbito de aprendizaje en las aulas de clase; es en este espacio en donde la relación docente-alumno permite desarrollar las competencias básicas para la vida”.

Para el académico, “no se puede proteger el libre desarrollo de la personalidad del estudiante y ejercer la libertad de pensamiento cuando se va en contra de un derecho constitucional”.

En una posición similar se encuentra Marcela Junguito, rectora del Gimnasio Femenino, pues afirma que el proyecto de ley es “errado”. “Cualquier clase es un escenario idóneo para tener discusiones de tipo político, y todo profesor está en condiciones de liderar una discusión política de manera objetiva a fin de que ésta desarrolle el criterio de los estudiantes, los exponga a diferentes puntos de vista y les enseñe a cuestionarlos, incluido el suyo propio. No me imagino una clase de Literatura o de Humanidades donde no se pueda dar el debate político”, agrega Junguito.

De acuerdo con el representante Rodríguez, la medida “no cobijaría a la asignatura de Ciencias Sociales, en la que objetivamente se podrá hablar sobre el Frente Nacional y todo el componente social que se construye con el sector educativo”.

Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional (2012-2018), dice que esta iniciativa pondría en riesgo la autonomía universitaria, conquistada en América Latina por primera vez en 1918. “Las universidades colombianas han alcanzado un grado de madurez suficiente que les permite establecer unos planes de estudio con asignaturas, seminarios, conferencias, talleres, laboratorios y todo tipo de actividades académicas medidas en créditos académicos, que son de público conocimiento para el Ministerio de Educación”.

Para Mantilla, de ser aprobado el documento, “sería abrir una puerta para que, desde el Congreso o desde cualquier otro organismo no académico, se limite la educación a unos planes de estudio hechos a la medida de intereses políticos o económicos”.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA
Redacción Educación
En Twitter: @penacamilo

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