Como “criminales” calificó Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a algunos defensores de familia de la entidad, que, señala, estarían vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en lugar de defenderlos, como es su función.
Así lo dejó claro en una carta dirigida al presidente Iván Duque, en la que pide poner la lupa en presuntas irregularidades en las que estos funcionarios estarían incurriendo en perjuicio de los menores.
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En su carta, Plazas, quien actualmente trabaja con la fundación Casa de la Madre y el Niño, habla de algunos defensores de familia que “resultan ser unos criminales”, y señala que “en centenares de casos se reflejan la desidia y la crueldad de unos funcionarios, que no son pocos. Se requieren acciones y sanciones ejemplares”.
Ante esto, EL TIEMPO se contactó con Plazas, quien explicó sus denuncias. Asegura tener conocimiento de un elevado número de funcionarios que con sus decisiones están afectando el bienestar de los menores, en lugar de protegerlo. Esto se vería reflejado en casos de niños que entran en procesos de restablecimiento de derechos y tardan hasta nueve años en que se tome una decisión. Muchos de ellos llegarían a la mayoría de edad sin que hayan sido puestos en adopción o regresado con sus familias.
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“Pero hay otros casos como el de un menor de un año que fue gravemente violentado en su casa, terminó en el hospital con fracturas graves y desnutrición, y el defensor decidió devolverlo a su familia. Hicimos la denuncia y logramos salvar al niño. Este es un accionar muy grave que se repite constantemente”, señaló.
“En centenares de casos
se reflejan la desidia y la crueldad de unos funcionarios, que no son pocos. Se requieren acciones urgentes y sanciones ejemplares”.
Y añadió: “Si los defensores no cumplen bien con su trabajo, entonces tenemos menores que están siendo revictimizados desde el sistema de protección. Esto no quiere decir que no haya buenos defensores, porque claramente sí los hay, pero también vemos que no pocos están obrando de manera preocupante”.
Plazas señaló que el problema no solo se trata de negligencia de los funcionarios, sino de fallos estructurales del sistema que deben ser revisados por los organismos de control y, llegado el caso, llevar a una reforma del mismo. Se habla de falta de personal, elevada carga laboral de los defensores, que en ocasiones tienen que concentrarse más en trámites burocráticos en lugar de atender a los menores.
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“Y a eso hay que sumarle que cerca de 200 defensores tienen enfermedades graves, piden incapacidades, y cuando se cumple el tiempo para tener una pensión de invalidez regresan a trabajar unos días y vuelven a pedir incapacidad. Algunos llevan así dos años. No se pensionan, pero tampoco están en capacidad de hacer su trabajo, y las nuevas contrataciones llegan es a cumplir con sus funciones. Y como resultado, los más afectados son los niños”.
Ante esta denuncia, el Sindicato de Defensores de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sidefam) le respondió a Plazas en rechazo a sus declaraciones, las cuales calificaron como “calumnias”.
“Las declaraciones hechas por la exdirectora del instituto generalizan, injurian y calumnian a los defensores de familia, que día a día trabajamos en condiciones precarias, que la misma señora Plazas conoció, pero que no mejoró en nada”, dice el sindicato en un comunicado.
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Sidefam, además, solicitó una rectificación por parte de la exdirectora al considerar que sus palabras atentan contra su buen nombre, “pues no todos somos negligentes y mucho menos criminales, como lo afirma; pues si bien es cierto que existen algunos funcionarios cuyo actuar puede ser reprochable, también lo es que bajo ningún punto de vista resultan admisibles las generalizaciones hechas”.
En su comunicado, el sindicato también cuestionó los intereses de Plazas detrás de su denuncia por su actual labor en una fundación que se encarga de adopciones: “Las decisiones que adoptan los defensores de familia han de ser libres de presiones de cualquier naturaleza, y sus declaraciones ejercen presión indebida en aquellas autoridades cuyos niños y niñas están en protección, hecho que atenta contra la función misional del ICBF y contra el propio interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.
El ICBF, por su parte, señaló que aunque son funcionarios de la entidad, estos son autónomos por lo que no existe un superior que pueda modificar o revisar sus decisiones, a pesar de evidenciarse un indebido proceso.
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El número de defensores de familia en el país siempre ha sido uno de los puntos álgidos en cuanto a la problemática. Esto dada la sobrecarga que muchas veces existen en los despachos, lo cual a menudo afecta la manera en que se atienden los casos de menores vulnerados.
En los últimos años ha habido un incremento en el número de nuevos defensores. En el año 2019, el país contaba con 1.250 de estos funcionarios, y a la fecha son más de 1.355, lo que significa que el ICBF aumentó la contratación.
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Esto resulta fundamental, pero sigue siendo bajo en un país donde en el año 2021 han ingresado 6.961 niñas, niños y adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, 4.783 por negligencia, 1.221 por violencia física y 715 niñas por violencia psicológica.
Los defensores son autónomos en sus decisiones, es decir, no dependen de la dirección del ICBF en sus labores, y son los encargados de liderar los procesos de restablecimiento de derechos y participar en acciones de adopción, conciliaciones, denuncias penales, entre otras.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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