Una marea de estudiantes de universidades públicas inundó desde la mañana de este jueves las calles de las principales ciudades colombianas. Salieron a marchar para exigir más recursos para las instituciones de educación superior.
Y aunque en general las movilizaciones transcurrieron en forma pacífica, en Bogotá, Medellín –donde hubo quema de llantas– y Barranquilla se presentaron conatos de enfrentamientos de encapuchados con el Esmad, sin llegar a hechos de violencia como los del jueves 8 de noviembre. Lo que sí sucedió fue que las vías por las cuales se desplazaron los manifestantes colapsaron.
Las manifestaciones de este jueves fueron de las más grandes de las que se han realizado en más de un mes de protestas. A estas se sumaron centrales obreras, que convocaron una toma de Bogotá para el 28 de noviembre; docentes; líderes sociales y hasta indígenas, y se realizaron en medio de un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del semestre académico y la advertencia del Gobierno de que no se iban a tolerar bloqueos de vías ni disturbios.
Desde por la mañana, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que había “más de 10.000 policías desplegados en todo el país, drones, helicópteros”. Y advirtió que además tenían “cámaras con capacidad de identificar cualquier persona que cometa desmanes”.
Botero reveló que 31 personas han sido judicializadas en el marco de las protestas que se han presentado este año en el país y destacó el caso de un campesino en el Cauca que amenazó a un soldado con un machete y que hoy está a la espera de una condena de 14 años. Sin embargo, sobre el responsable del ataque con una bomba incendiaria a un grupo de policías frente a la sede de RCN Radio, en Bogotá, solo dijo que “la identificación va por buen camino”.
Ya en la víspera de las marchas, la alcaldía de Bogotá había hecho una advertencia similar a los líderes de las cuatro manifestaciones autorizadas, incluida la de los sindicatos, que se desplazaron por la carrera 7.ª entre el parque Nacional y la avenida Jiménez. Ellos protestaron contra el proyecto de ley de financiamiento.
En la capital, al menos 14.000 jóvenes –según estimó la alcaldía– iniciaron sus recorridos desde las sedes de las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica con dirección a la calle 100, el mismo lugar donde la semana pasada se presentaron graves disturbios. Los tres grupos se reunieron en la calle 80 para luego continuar hacia la calle 100. Su intención, al escoger este punto de encuentro, era clara: causar un impacto en el norte de la capital, una zona poco acostumbrada a vivir esta clase de manifestaciones. Los líderes de las manifestaciones habían reconocido que, por más gente que se concentre en la plaza de Bolívar, lugar al que casi siempre llegan las protestas, no era suficiente la presión que lograban.
En medio de un ambiente tranquilo y de cordialidad, los estudiantes caminaron, al tiempo que cientos de curiosos interrumpieron su rutina y actividades para seguirles el paso, escuchar sus arengas y, en la mayoría de los casos, manifestarles apoyo.
Sin embargo, unas calles más adelante, la situación cambió y el ambiente de paz se tornó en caos cuando se empezaron a presentar choques con la policía. Los primeros enfrentamientos se dieron en la avenida Caracas, donde un grupo de encapuchados pintó grafitis en la estación de TransMilenio de Marly. Un rato más tarde, un grupo de estudiantes limpió los manchones. “Los estudiantes no podemos pagar los platos rotos de quienes rayan las paredes”, dijo Nicolás Arismendi, estudiante de Administración de Empresas de la Nacional.
Después, en la Autopista con calle 100, el Esmad intervino de nuevo para evitar que bloquearan esa vía troncal. A eso de las 3:30 de la tarde, el tráfico colapsó y así estuvo por cerca de dos horas. La jornada en la capital finalizó sobre las 6 de la tarde, luego de la intervención de personal de Derechos Humanos para que el Esmad dejara salir a 43 jóvenes que habían sido conducidos hasta un local de Tostao, en la autopista Norte con calle 104.
En el balance de la jornada, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Jairo García, señaló que en su gran mayoría las manifestaciones transcurrieron de forma tranquila y en paz. García señaló también que 35 personas fueron detenidas, de las cuales 14 están en proceso de judicialización, y que cuatro buses articulados y cinco estaciones fueron pintados.
Anoche, la ministra de Educacion, María Victoria Angulo, le dijo a EL TIEMPO que el Gobierno reiteraba la voluntad del diálogo e invitó a los estudiantes a volver a la mesa y “establecer una ruta de trabajo”. Agregó que recibía “de manera positiva” la carta del 13 de noviembre en la que los estudiantes y docentes manifiestan “su voluntad de retomar el diálogo” (ver nota anexa).
Además de Bogotá, en Medellín la protesta se vio enturbiada cuando en medio de los choques de estudiantes con el Esmad, donde además hubo quema de llantas y gases lacrimógenos, un profesor que estaba dentro de la Universidad de Antioquia resultó herido al recibir el impacto de un artefacto. Por los disturbios fueron suspendidas las clases en esa institución. Y en Barranquilla, de acuerdo con las autoridades locales, se presentó una confrontación sin mayores consecuencias entre manifestantes y el Esmad, lo que afectó la movilidad y el sistema Transmetro por cerca de una hora.
Al finalizar la jornada, Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional, destacó la tranquilidad y el ambiente pacífico con los que sus compañeros impulsaron la protesta y rechazó los actos violentos que tuvieron lugar cuando la manifestación ya llegaba a su fin.
Y afirmó que el siguiente paso es esperar la respuesta de los ministerios de Educación y de Hacienda a una carta que radicaron el miércoles pasado en la primera de estas entidades y en la cual manifiestan su intención de reunirse para hallar una salida.
“Esperamos la citación del Gobierno para la mesa de negociación con la ministra de Educación. También hacemos un llamado a los rectores para que nos den un tiempo de espera y nos apoyen frente al Gobierno, pues la suspensión del semestre no le conviene a nadie”, le respondió a EL TIEMPO. Y agregó que, en su opinión, las cinco semanas de clase aún pueden reponerse en el calendario académico: “Estamos dispuestos, incluso, a sacrificar nuestras vacaciones porque nuestra causa ahora trasciende cualquier aspiración personal”. Inicialmente se habló de que este viernes se tomaría una decisión en la mayoría de universidades, pero este jueves se planteó un nuevo plazo: hasta el lunes 19 de noviembre.
“Hay varias cosas que decirle al Gobierno: la plata estaba, se recaudó con el IVA y otros impuestos como el Cree (impuesto sobre la renta para la equidad), que inicialmente iban a ser destinados a la universidades públicas, pero que luego el Gobierno desvió hacia el Icetex. Sabemos que hay recursos del presupuesto nacional que aún no se han ejecutado, que no están comprometidos y podrían ser útiles para este fin. También estamos estudiando otras fuentes de financiación, pero la última palabra la tiene el Gobierno, que es el que conoce el estado de las finanzas públicas”.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, recibió “de manera positiva” la solicitud de los estudiantes de retomar el diálogo, “pues esta decisión permitirá a las partes abordar nuevamente la discusión de las diversas agendas y avanzar con medidas que sigan sumando al fortalecimiento de la educación superior, y así conseguir el objetivo de finalizar en condiciones de calidad el actual semestre académico”. Y añadió que esta mesa “debe construir soluciones reales y cumplibles de corto, mediano y largo plazo que se sumen a las decisiones ya tomadas por el Gobierno Nacional”.
Reiteró la inexistencia del medio billón de pesos adicionales solicitado por los estudiantes para antes de que se termine el año y recordó que más de 5,3 billones de pesos se destinarían de forma exclusiva a las universidades públicas en los próximos cuatro años.
Los 450 indígenas que llegaron desde el martes a Bogotá procedentes del bajo Atrato, en Chocó, para pedir la atención de la situación que viven por las confrontaciones de grupos armados ilegales en sus territorios, suspendieron este jueves la mesa de diálogo con el Ministerio del Interior para participar en las marchas de estudiantes. En la mesa, según un vocero de la Onic, participan miembros de los pueblos embera, wounaan y zenú, quienes esperan retomar hoy las conversaciones con el fin de encontrar una solución a sus reclamos.
EL TIEMPOEste informe se realizó con reportería de Hugo Parra, Nicolás Bustamante, Guillermo Reinoso y José Alberto Mojica y corresponsales.
