Nueve profesores han sido asesinados en Colombia este año, en hechos relacionados principalmente con su actividad social y sindical, denuncia la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Según los especialistas, en la mayor parte de estos casos la autoría está asociada con mafias del microtráfico y bandas criminales, entre otros actores que representan una amenaza para los maestros.
Las cifras son preocupantes. Desde 1980 hasta el pasado 31 de julio se registraron 1.088 homicidios de maestros, de acuerdo con Fecode. Esto quiere decir que, en promedio, cada año son asesinados 28 docentes. En ese mismo periodo se han reportado 1.549 situaciones de desplazamiento forzado de maestros, según la Escuela Nacional Sindical.
“¿Qué está pasando con los maestros de Colombia?”, se pregunta Carlos Rivas, presidente de Fecode, quien afirma que la seguridad de los maestros sindicalizados se ha agravado en los últimos meses. “Es un hecho sintomático que en Colombia la palabra mata. El maestro no solo dicta clases y crea conocimiento; también construye democracia. No entendemos por qué nos están matando, si lo que hacemos es acompañar a los estudiantes y comunidades”, lamenta.
La situación de inseguridad fue una de las causas que motivaron a los maestros a realizar, el 25 de julio, su tercer paro de este año. El Ministerio de Educación rechaza las amenazas y asegura que ha adelantado, ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para que se proteja la integridad de los educadores.
Un caso que encendió las alarmas recientemente fue el de Magda Deyanira Ballestas Chivatá, profesora que huyó del sur de Bolívar por amenazas atribuidas a ‘Carlos Mario’, cabecilla del ‘clan del Golfo’.
Señora Deyanira Ballestas, me da mucha pena, pero se tiene que ir, nosotros acá asesinamos a quien nos da la gana. ¿Me entendió?
“Señora Deyanira Ballestas, me da mucha pena, pero se tiene que ir, nosotros acá asesinamos a quien nos da la gana. ¿Me entendió?”. Con estas palabras amedrentaron a Ballestas en una conversación telefónica que trascendió a las redes sociales.
Afortunadamente, ella no corrió la misma suerte de Holman Mamián Mamián, en Cauca; Evelia Atencia Pérez y Hernando Manjarrez Escudero, en La Guajira; Delmayro Reyes González, en el Valle; Frank Darío Rincón, en Pitalito, Huila, y Juan de Jesús Moreno, en Curillo, Caquetá, algunos de los maestros asesinados en los últimos meses.
Para Rivas, una de las principales razones de este flagelo es que el Estado no llega a las zonas más apartadas, por lo que muchos profesores llenan ese vacío. “Ellos luchan por los derechos fundamentales: acceso al agua y a la salud, por ejemplo. Son sujetos políticos integrales y esta sociedad no los respeta. Hoy, por ejemplo, el maestro tiene que denunciar el microtráfico, porque la escuela se volvió un epicentro de la venta de narcóticos y los afectados son los estudiantes”, explica.
Según las estadísticas de Fecode, los departamentos más peligrosos para los educadores son Nariño, Cauca, Atlántico, Cesar, Huila, Bogotá, Tolima, La Guajira, Caquetá y Putumayo. Carlos Medina, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, asegura que en el país se creó una cultura de criminalidad contra los maestros que tienen algún tipo de protagonismo en una comunidad.
“Algunos de ellos son líderes sindicales y sociales en zonas de conflicto, y padecen la estigmatización y el señalamiento cuando desarrollan un pensamiento crítico. Se convierten entonces en objetivo de la violencia y en blanco de la acción criminal de distintos grupos”, comenta el experto.
Él, al igual que el presidente de Fecode, piensa que la violencia contra los educadores se genera también por la conflictividad social. “Muchos maestros buscan marcar pautas de comportamiento en instituciones en las que algunos estudiantes pertenecen a pandillas o tienen problemas de drogas. Los profesores, entonces, actúan en defensa de los derechos fundamentales de las comunidades, de la salvaguarda de los territorios”, señala Medina.
Los reportes de Fecode correspondientes al periodo 2015-2017 dan cuenta de entre 250 y 300 amenazas anuales contra profesores. Viviana Colorado, profesional en derechos humanos de la Escuela Nacional Sindical, una ONG que defiende los derechos laborales, entrega otras cifras sobre la gravedad de la situación: “En nuestra base de datos se han registrado, desde 1973 hasta la fecha, alrededor de 14.700 violaciones (desapariciones, amenazas y torturas, etcétera) contra sindicalistas. De esas, 6.189 han sido contra docentes, una cifra escandalosa. Durante el 2018 hemos registrado 141 violaciones, de las cuales 26 corresponden a docentes”.
Colorado apunta a que la coyuntura del país también juega un papel determinante en esta situación. “Estamos viviendo días de posconflicto y muchos profesores se han dedicado a la pedagogía de la paz. En consecuencia, se oponen al reclutamiento forzado de menores de edad y al expendio de drogas en los centros educativos. A medida que su rol se amplía, diferentes actores que quieren controlar un territorio ejercen violencia contra ellos”, denuncia.
A pesar de todos los diagnósticos, es difícil saber de dónde viene la violencia contra los maestros. De hecho, señalan los especialistas, la mayoría de los asesinatos no se han resuelto. “Acá hay de todo: bandas emergentes (‘bacrim’), narcotráfico, delincuencia común y extorsionistas”, señala Rivas.
Carlos Medina, el experto de la Nacional, dice que para reducir los casos de violencia contra los docentes se deben tener en cuenta estas recomendaciones: “Primero, Fecode debe orientar a los maestros con estrategias de seguridad que les permitan sobrevivir dentro de los territorios de altísima conflictividad. Se debe construir una postura de autocuidado. También es fundamental que el Estado defina políticas públicas que garanticen la seguridad de los maestros. Y por último, pero no menos importante, se debe crear un sistema de alerta temprana”.
‘Sigo esperando que me reubiquen’La profesora Deyanira Ballestas, amenazada por un supuesto líder de una banda criminal, contó, con la voz quebrantada, que se encuentra a la espera de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) expida un certificado para que el Gobierno la pueda reubicar.
“Después de las amenazas en mi contra estuve encerrada casi ocho días –relata–. Una amiga me llevaba comida a escondidas. Se demoraron en brindarme protección, porque yo no sé manejar el celular y la Fiscalía no tenía permiso para acceder a él y abrir la grabación de la llamada amenazante. Con ayuda de mi hijo, logré acceder y por fin me brindaron protección”.
Ballestas vive escondida y bajo estrictas medidas de seguridad. “Donde estoy, la plata no me rinde. Estoy muy enferma y cada mes recibo alrededor de 400.000 pesos para mi sustento. Tengo un chaleco antibalas, escolta y un botón de seguridad; si lo activo, las autoridades vendrán a ayudarme”, resume.
“Yo solamente me he dedicado a trabajar. Me interesa que los estudiantes no tomen caminos indebidos para que puedan surgir. En la zona donde yo estaba (San Pablo, Bolívar), de pronto le caí mal a algunas personas porque traté de enfocar esas perspectivas”, concluye.
CAMILO PEÑA CASTAÑEDA
EL TIEMPO
En Twitter: @penacamilo
