Acoso en universidades: práctica sistemática pero poco dimensionada

Acoso en universidades: práctica sistemática pero poco dimensionada

Un informe reveló más de 30 testimonios contra 7 docentes de la Universidad Nacional.

Acoso en universidades

Las manifestaciones públicas también han sido formas de expresar rechazo contra todo tipo de violencia en la universidad.

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Tomada del Facebook de ‘No es normal’

Por: Redacción Educación
25 de julio 2020 , 06:57 a.m.

En las últimas semanas, se han dado a conocer varios escándalos de acoso sexual en instituciones de educación superior. El más reciente se dio en la Universidad Nacional, donde siete docentes fueron señalados de estas conductas en testimonios recopilados por la Comisión Feminista de Asuntos de Género del departamento de Antropología.

El caso está enmarcado en un contexto más grande. En una encuesta de la Universidad Central, hecha en 2019 en cinco universidades, el 27 por ciento de los estudiantes, docentes y personal administrativo conocen casos de acoso sexual en el ámbito universitario.

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Otro estudio de la Universidad Nacional en 2018 sostiene que 42 por ciento de las jóvenes universitarias dicen haber sufrido acoso sexual.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), no se tienen consolidadas cifras totales de número de casos o docentes investigados, aunque su director, Óscar Domínguez, aseguró a EL TIEMPO que instituciones asociadas “consolidaron un documento base para establecer los lineamientos de orientación en la construcción de protocolos para prevenir y atender estos casos”.

Además del ya mencionado caso en la Universidad Nacional, docentes de otras instituciones se han visto envueltos en escándalos similares. En las universidades Eafit y de Antioquia se conocieron a finales del mes pasado decenas de denuncias que involucran a docentes activos y directivos, las cuales incluyen tocamientos en partes íntimas y besos sin consentimiento.

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También se conocieron casos en la Universidad del Tolima y, en Bogotá; en la Universidad Distrital, donde la propia alcaldesa Claudia López pidió investigar a un maestro de la institución con más de 100 denuncias en su contra. Hechos que recuerdan precedentes emblemáticos, como el de los profesores Freddy Monroy, en la Universidad Nacional, y el de Adolfo Amézquita, en la Universidad de los Andes, ambos destituidos de sus cargos: el primero en el 2019 y el segundo, a principios de este año.

Para Nancy Orejuela, defensora de derechos de la mujer, esto demostraría una práctica “aterradoramente común. Conocemos casos de hace años, pero solo hasta ahora se visibilizan. Normalmente ocurren en carreras con tendencia tradicionalmente masculina y el problema es que hay un rechazo y juzgamiento social a quienes dan a conocer esta situación, reforzando esta conducta”.

Sin embargo, llamó a evaluar rigurosamente cada caso: “Se pueden presentar episodios en los que el señalado no haya cometido acoso –comenta Orejuela–, pero que existan estos hechos no puede ser excusa para despojar de su credibilidad a las denuncias ni revictimizar a las mujeres. El llamado es al debido proceso para ambas partes”.

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En el ámbito de políticas públicas, se han dado algunas victorias, como la Sentencia T-239 de 2018 de la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno expedir protocolos para la atención de este tipo de violencia en los entornos universitarios.

El caso de la Nacional

El informe de la Comisión Feminista de Asuntos de Género del departamento de Antropología de la Universidad Nacional puso en evidencia más de 30 testimonios en contra de siete docentes, de los cuales, según mencionaron a EL TIEMPO los realizadores del informe, tres tendrían este tipo de comportamiento de manera repetitiva mientras que contra los otros cuatro se registró una denuncia sin que implique un patrón de acoso.

De acuerdo con los relatos recopilados, a estos maestros se los señala de utilizar su posición para tener comportamientos indebidos, como insinuaciones de índole sexual, tocamientos sin consentimiento e incluso afectación en la parte académica a manera de represalia. Los testimonios provienen tanto de exalumnos como de estudiantes activos.

Para Mónica Godoy, asesora del informe y reconocida en la lucha contra la violencia de género en entornos universitarios, el informe mostraría cierta sistematicidad.

“El acoso sexual, así no se considere tan grave como una agresión sexual, sí tiene consecuencias duraderas, sobre todo porque se afecta el área psicológica y emocional, así como su desarrollo académico y vida profesional”, señala.

La Universidad Nacional cuenta con una veeduría con el fin de vigilar y hacer seguimiento a estos casos. Los autores del informe aseguran que en el pasado se puso en conocimiento de este órgano la conducta de los profesores, sin que se tomaran medidas.

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Sin embargo, vale decir que tras revelarse el informe la institución se pronunció mediante un comunicado en el que se informa que “los hechos y quejas que se presentan en el documento fueron puestos en conocimiento de las autoridades disciplinarias de la universidad para realizar la investigación correspondiente”.

Entre las acciones que ya se tomaron se encuentra la decisión de relevar de sus ocupaciones a los mencionados tres profesores, lo cual no significa que hayan sido suspendidos o despedidos, sino que no tendrán contacto con estudiantes mientras se adelantan las investigaciones.

De momento, el profesor Fabián Sanabria, sobre quien reposa una de las denuncias, dijo a EL TIEMPO que se trata de “una vil calumnia” y criticó ser incluido en el informe “en un párrafo confuso” que alude a un coctel al que, de acuerdo con el docente, no habría asistido.

¿Mecanismos de denuncia son efectivos?

Las últimas denuncias conocidas por la opinión pública de acoso dentro de las universidades han sido difundidas principalmente en redes sociales o por colectivos de mujeres que se organizan para tal fin, en muchos casos alegando no tener mecanismos efectivos para que sus casos sean investigados.

Ante esto, EL TIEMPO habló con Isabel Rincón, abogada especialista en este tipo de casos, quien sostuvo que muchas veces no se tiene conocimiento de los mecanismos existentes. Rincón señala la importancia de conocer si la universidad cuenta con una ruta de atención para violencia sexual o de género, con un protocolo claro de qué hacer en tales circunstancias. En caso de que la institución no tenga establecida la ruta, de todas formas se puede interponer la queja disciplinaria a través de la oficina de bienestar institucional.

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“En todo caso, exista o no un protocolo, siempre hay la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario al tratarse de conductas que pueden configurar delitos”, sostuvo la abogada.

Al tratarse de acciones que pueden catalogarse como delitos contra mujeres, las presuntas víctimas deben ser reconocidas como intervinientes, es decir, tienen el derecho de participar más activamente en el proceso, aportando pruebas y controvirtiendo versiones. Sin embargo, en muchos casos las víctimas señalan no ver resultados.

Camila Esguerra Muelle, experta en asuntos de género, asegura que “a pesar de que hay un marco legislativo y mecanismos de atención en las universidades, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Esto, sumado a un sentimiento de impunidad, hace que las personas busquen alternativas de organización y comunicación”.

‘Hay más conciencia de la violencia’

Tres preguntas a Camila Esguerra Muelle, Doctora en Humanidades y experta en género

¿Por qué se da esta oleada de denuncias de acoso sexual en entornos universitarios?

No creo que se trate de que haya más casos sino que las estudiantes se han organizado más. En muchos casos se trata de organizaciones estudiantiles que se han dedicado a investigar y denunciar estos casos de acoso. También es cierto que ha aumentado la conciencia sobre este tipo de violencia.

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de abordar estos casos?

Por un lado está el darle más crédito a la figura de autoridad, que por lo general es la persona acusada, un profesor que ostenta una posición notoria en la academia, por encima de la persona que hace la denuncia. También está la idea de que las personas que han sufrido daño deban mediar o conciliar con su presunto acosador en lugar de establecer investigaciones para verificar lo sucedido.

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¿Son suficientes las acciones judiciales e institucionales?

En ocasiones se pone la vía jurídica o disciplinaria como el único medio de reparación, pero hay otros mecanismos muy importantes como el brindar un espacio para contar sus experiencias. Los conductos regulares exceptúan otras formas de reparación y cuidado.

REDACCIÓN EDUCACIÓN@EducacionET

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