Un profesor habría abusado de tres menores de entre 10 y 13 años en la Institución Educativa Distrital Venecia Nuevo Muzú, en el sur de Bogotá; un docente fue separado de su cargo por estar involucrado en varias denuncias de acoso en el reconocido colegio femenino Marymount y, otro más, del colegio Colsubsidio, fue capturado, en la capital del país. Un exrector del colegio Inem de Cali fue inhabilitado por la Personería el pasado 22 de febrero por presunta explotación sexual de menores. Decenas de estudiantes protestaron en el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), en Medellín, por presunto acoso cometido por un maestro.
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Todos estos casos que se conocieron en lo que va del año involucran a docentes y directivos tanto de instituciones públicas como privadas. En algunos, incluso, ha habido señalamientos hacia funcionarios de las instituciones por presuntamente haber ocultado o ignorado las denuncias.
Pero esta problemática que recientemente se ha visibilizado más a causa de las últimas denuncias es más común de lo que se cree. De hecho, de acuerdo con un consolidado elaborado por el Ministerio de Educación, con base en información de 81 de las 96 secretarías de educación sobre presunto abuso en entornos escolares, se tienen 876 casos, de los cuales 65 procedieron a sanción, 127 han sido archivados y 684 están actualmente en investigación.
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Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó nueve procesos de restablecimiento de derechos a los menores afectados por los casos del Marymount, Colsubsidio, Venecia y el Cefa.
De acuerdo con las autoridades, el número real de casos podría ser mucho mayor por causa de la falta de denuncia que persiste en este delito. Paula Andrea Bernal, psicóloga infantil especialista en casos de abuso, explica que “este no es un fenómeno reciente. Es más, muchas de las denuncias que hoy se conocen ocurren luego de años en que el señalado comete este accionar. Y además de ser un tema recurrente, sucede en un espacio que en teoría debe ser seguro”.
Las acusaciones van desde acoso, abuso y hasta explotación sexual. Este último es el caso de Argemiro Méndez Hernández, exrector del Inem de Cali, inhabilitado doce años porque habría pagado a dos menores de 15 años para llevarlas a su casa y abusar de ellas. Lo paradójico del asunto es que cinco años antes Méndez fue ganador del premio Compartir al Maestro, siendo reconocido por una iniciativa con la que buscaba, en sus propias palabras, que sus estudiantes “se sientan bien tratados, amados y respetados”.
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Consultadas por EL TIEMPO, dos jóvenes detrás de los plantones en el Cefa, en Medellín, señalaron complicidad de la institución al no prestar atención a constantes denuncias por parte de las estudiantes. A propósito, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, le dijo a este diario que desde hace nueve años existe, por ley, una ruta de atención que todo colegio debe seguir: “La Ley 1620 de 2013, a través de la cual se creó Sistema Nacional de Convivencia Escolar, es muy clara en señalar que la omisión, incumplimiento o retraso en la implementación de la ruta de atención integral da lugar a investigaciones y sanciones de naturaleza disciplinaria y penal”.
El protocolo define la ruta de atención para delitos de suma gravedad que señala que estas situaciones deben ser puestas en conocimiento de las autoridades de protección y justicia, y ante estos casos, la institución educativa debe reportar en el sistema de alertas y notificar inmediatamente a la Secretaría de Educación y en el marco del protocolo hacer las denuncias según la competencia a la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF y, en paralelo, iniciar los procesos disciplinarios.
Pese a esto, muchas veces las instituciones prefieren manejar las acusaciones de manera interna, ya sea por omisión o desconocimiento de la norma. Ante esto, Angulo destacó: “Para reforzar la norma se emitió la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022, que da orientaciones que deben tener en cuenta las administraciones departamentales, distritales y municipales, así como los establecimientos educativos de carácter oficial y privado, para fortalecer las acciones pedagógicas para la prevención de la violencia sexual, así como para brindar atención a casos de violencia sexual en el entorno escolar”.
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De esta forma, se insta a tomar medidas de prevención a la vulneración y protección, así como a brindar garantías reales a los denunciantes de que su caso recibirá atención inmediata siguiendo la ruta establecida por ley.
“Las secretarías de Educación deben organizar un comité interno, el cual de manera periódica y constante debe realizar seguimiento a los casos de reportes de violencia sexual”, dice la ministra.
Y agrega: “La política del Gobierno Nacional es de cero tolerancia frente a cualquier hecho que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el marco de la misionalidad del Ministerio de Educación, y como quedó señalado en la directiva emitida, debemos redoblar esfuerzos tanto a nivel nacional, gobiernos locales, rectores y demás instancias y autoridades para garantizar que en todos los colegios públicos y privados del país, se conozca el protocolo, se adopte y se revisen los manuales de convivencia”.
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Pese a los recientes escándalos en colegios, expertos advierten que el actual estado de la niñez en lo relacionado con violencia sexual no es nada alentador. De acuerdo con cifras del ICBF, de los 37.567 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos por la entidad en 2021 en casos de vulneración de menores, 18.616 corresponden a hechos de violencia sexual. En otras palabras, cada día esta entidad abre 51 procesos por menores que fueron víctimas de algún delito sexual. De ellos, el 87 por ciento fueron contra mujeres.
Por su parte, de acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, elaborado a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación, el 61 por ciento de los 43.993 denuncias de delitos sexuales en 2021 corresponden a casos contra niños, niñas y adolescentes. De ellos, apenas el 13 por ciento son llevados ante un juez.
El informe explica que muchos de los casos de abuso a menores se dan por personas cercanas a ellos, como por ejemplo en contextos escolares y familiares, en donde el victimario se aprovecha de su posición o jerarquía para cometer el delito.
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Los investigadores también sostienen que lo anterior es resultado de múltiples variables, incluyendo la falta de educación sexual, dado que esto le permitiría a los niños, niñas y adolescentes tener herramientas para identificar cuándo se está vulnerando sus derechos. “Por ello es indispensable implementar en Colombia una estrategia de educación sexual y reproductiva, que les dé herramientas a los menores y a sus familias para protegerse de abusos y tomar mejores decisiones en pro de su bienestar físico y psicológico”, afirma Luz Karime Abadía, codirectora del LEE.
Lina María Arbeláez, directora del ICBF, responde a propósito de los casos registrados en colegios.
¿Qué se ha hecho en estos casos particulares?
Hemos activado todas las rutas necesarias para proteger y garantizar los derechos de quienes los han visto vulnerados por las denuncias recientes. Hay rutas de atención que ya existen pero que deben ser usadas en los colegios, y para ello el presidente Duque estará emitiendo un decreto que fortalecerá lo que está en la Ley 1620, pero además dará más herramientas a las autoridades administrativas como los defensores de familia para actuar de manera inmediata.
¿Los colegios pueden saltarse este protocolo?
Un docente o un rector no puede ser juez y parte. No puede revisar la denuncia y evaluar si lo que dice el estudiante es mentira. Inmediatamente debe activar el esquema de verificación de derechos y la ruta de salud, que es donde se recoge en 72 horas parte del material probatorio. No aplicar el protocolo tiene implicaciones administrativas y penales.
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¿Cuál es la atención que recibirán los menores de estos colegios?
Se verifica el daño de cada individuo e inicia una ruta particular a partir de ese daño generado para restablecer sus derechos. Hablamos de acompañamiento psicológico, trabajadores sociales, y, si se trata de comunidades indígenas, antropólogos.
¿Cómo se explican las altas cifras de violencia sexual a menores?
Desafortunadamente en Colombia la violencia sexual se ha naturalizado y se ha vuelto un fenómeno de todos los días. El 72 por ciento de estos hechos ocurrieron en las casas. Esto nos hace pensar que somos una sociedad inviable que no respeta a lo más sagrado que son los niños y niñas.
Muchas veces no se cree la versión de los menores…
El mensaje aquí es muy claro: un menor no dice mentiras para meterse en problemas, dicen la verdad para salir de ellos. Los padres de familia y los adultos tenemos que ser corresponsables en la garantía de los derechos de los niños y niñas.
REDACCIÓN EDUCACIÓN