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30 años de la Constitución, balance agridulce para la niñez
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La situación de la niñez en Colombia.

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30 años de la Constitución, balance agridulce para la niñez

La situación de la niñez en Colombia.

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El reconocimiento de la niñez sigue siendo precario, a la sombra de la Contitución del 91. 

Mañana, 4 de julio de 2021, es una fecha importante para Colombia. El país conmemora 30 años de la Constitución nacional que buscó construir una nueva nación en la que la vida, la paz y la inclusión sean derechos fundamentales para todos, sin importar el lugar en el que nacen o viven, su edad, credo, género, grupo étnico o condición. Un territorio en el que se consagren los derechos humanos y se tengan los mecanismos para hacerlos cumplir.

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Tan relevante aniversario amerita un balance para establecer qué tanto hemos avanzado en ese propósito y qué retos tenemos para alcanzarlo. En el caso de los 16 millones de niñas, niños y adolescentes puede decirse que Colombia dio un paso gigante porque con la nueva carta política cambió la visión que se tenía de ellos y el trato que deben recibir del Estado.

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Dejaron de ser objetos de protección para ser sujetos de derechos, con dos elementos adicionales: sus derechos prevalecen sobre los demás y la familia, y el Estado y la sociedad son corresponsables de garantizarlos. Sin embargo, el balance es agridulce porque la situación que viven niñas y niños de diferentes niveles socioeconómicos, zonas rurales, zonas dispersas, urbano-marginales, grupos étnicos, con discapacidad o según su género dista mucho de lo que está escrito en la Constitución.

En el conversatorio ‘Situación de la niñez a 30 años de la Constitución nacional’, convocado por EL TIEMPO y NiñezYA, la coalición de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil que aboga por los derechos de niñas, niños y adolescentes, quedó claro que en 1991 se dieron grandes aciertos para el desarrollo humano de la niñez y desde entonces se ha avanzado en la meta, pero los retos por delante son muchos.

Cifras demuestran incumplimientos en derechos como la vida, la salud y la educación, entre otros.

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EL TIEMPO

Son sujetos de derechos

Aunque 1991 marcó el cambio, el proceso comenzó dos años antes, en 1989. Por un lado, el país terminó una década marcada por la violencia y vio surgir movimientos estudiantiles que impulsaron diferentes acciones para la creación de la Asamblea Constituyente (ver línea de tiempo). Por otro, por fin el mundo se puso de acuerdo, después de diez años, y el 20 de noviembre un total de 192 países aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado en todo el planeta.

En sus 54 artículos reconoce que los menores de 18 años son individuos con derechos plenos y agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Como lo ha dicho Unicef, la convención era necesaria porque muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, pero algunos no las respetaban.

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“Uno de los elementos más poderosos que tiene la Constitución es que se abre al derecho internacional de los derechos humanos; es decir, se da como una fusión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho colombiano”, señaló el constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny, para hacer hincapié en esa armonía que se dio entre la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Colombia con la Ley 12 de 1991) y la Constitución.

Colombia contaba con el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), cuyo enfoque era de intervención del Gobierno en la atención de los niños solo cuando habían sido vulnerados sus derechos. Con la convención y el artículo 93 de la Constitución, que incorpora al ordenamiento colombiano las reglas de derechos humanos internacionales, se debió transformar el enfoque.

De esa manera, “el Estado colombiano cambia el paradigma de atención basado en la situación irregular para hacer tránsito a una situación que está basada en el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Ya no solamente de los niños que estaban en una situación de vulnerabilidad manifiesta sino ahora de todos los niños y niñas en Colombia, para quienes el Estado tiene un deber de protección y garantía de sus derechos”, explicó Gissela Arias, defensora delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría del Pueblo. Uno de los organismos creados por la carta magna.

El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, agregó que ese catálogo de derechos fundamentales para la niñez, consagrados principalmente en el artículo 44 de la Constitución, es un gran acierto de los constituyentes, pero no es el único. También están los artículos 50, que establece atención gratuita en instituciones de salud que reciben aportes del Estado a menores de un año no afiliados al sistema de salud y seguridad social; el 53, que da una protección especial a los trabajadores menores de edad, y el mencionado artículo 93.

“Otro gran acierto es el desarrollo que ha hecho el legislador para garantizar, proteger y materializar esos derechos a través de diversas disposiciones como el Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006 y la política De Cero a Siempre, adoptada en la Ley 1804 del 2016. Tenemos un marco jurídico adecuado para la garantía y protección de los derechos de esta población”, afirmó Lizarazo.

Avances gracias a las tutelas

La adopción de la ley 1098 ha obligado a que el Estado vaya especializando los servicios. Por ejemplo, para el acceso a la justicia de los menores de edad...”.

La Corte Constitucional fue otro de los organismos que creó la Constitución, le confió la guarda de su integridad y su supremacía. En ese sentido, ha ido desarrollando jurisprudencia en diferentes líneas al fallar en casos de tutela que buscan proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. En concepto de su presidente, los derechos a la educación y a ser escuchados en todo tipo de actuaciones administrativas y judiciales son las líneas más desarrolladas.

Para Anyeline Escudero, estudiante de 6.º semestre de Derecho y representante del Grupo Intergeneracional de Investigación (Gidi) de la Universidad de Antioquia, que realiza ejercicios de participación con niñas, niños y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos, el derecho a la libre expresión y participación es el mayor acierto de la Constitución y en el que más avances se evidencian.

“Gracias a esa participación se permite recoger acuerdos y desacuerdos y generar alternativas de solución para mejorar las condiciones de niñas, niños y adolescentes”, afirmó. Puso como ejemplo el desarrollo de alternativas y estrategias para que no se repitan vulneraciones a los derechos de la niñez, como son campañas para la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual y reproductiva y los acuerdos para prevenir su explotación comercial en los que niñas y adolescentes han tenido voz y voto.

Para la defensora de la Infancia, un avance para destacar es la especialidad en la prestación de los servicios institucionales para la niñez, como está contemplada en el Código de la Infancia y la Adolescencia. “Antes, cuando el menor abandonado, infractor de la ley penal o en situación irregular era llevado a un servicio institucional del Estado, casi que había una decisión discrecional del servidor público sobre la base de su opinión o criterio de qué era lo mejor para esos menores, desconociendo su proyecto de vida, el entorno en el que vivían. La adopción de la ley 1098 ha obligado a que el Estado vaya especializando los servicios. Por ejemplo, para el acceso a la justicia de los menores de edad, la prestación u orientación psicosocial en procesos administrativos de restablecimiento de derechos”.

Grandes retos para el futuro

El Estado está llamado a reforzar sus capacidades para identificar patrones de violencia, identificar sistematicidades, recurrencia en tipos de conductas en ciertas zonas.

Ese reconocimiento de la autonomía, la libertad, la posibilidad de expresión y de participación de niñas y niños es para Uprimny el gran avance porque ha permitido otra visión de la niñez. “Antes un niño o niña que era atropellado en su autonomía o sancionado arbitrariamente (en el colegio) no tenía protección, salvo que fuera de una familia poderosa que pudiera hablar con el ministro de Educación. Gracias al reconocimiento de sus derechos y de acciones como la tutela, esos ámbitos han reducido el autoritarismo. Es el buen camino que hay que seguir y profundizar”, afirmó.

Sin embargo, enfatizó que eso no es suficiente, ya que el goce precario de los derechos de la niñez (ver infografía) refleja problemas estructurales de la sociedad colombiana, como son el conflicto armado y la desigualdad, la cual tiene directa relación con la falta de educación de calidad para todos, principalmente para la primera infancia. En su concepto, el desafío está en diseñar políticas públicas firmes, establecer pactos nacionales y mejorar la articulación entre organizaciones a cargo de la garantía de los derechos.

La defensora de la Infancia coincide en ese último punto, así como en la imperiosa necesidad de trabajar más en prevenir cualquier forma de violencia o abuso contra niñas, niños y adolescentes. “El Estado está llamado a reforzar sus capacidades para identificar patrones de violencia, identificar sistematicidades, recurrencia en tipos de conductas en ciertas zonas. La violencia ocurre de manera asociada a los contextos. No es la misma en el centro, norte, en la zona pacífica, por razones culturales, geográficas, antropológicas, sociales y económicas, entre otras”, aseguró.

Las cuestiones culturales también son parte de los retos que relevó el presidente de la Corte Constitucional. Afirmó que, si bien las prácticas cotidianas se han ido impregnando de los principios y valores de la Constitución y los desarrollos legislativos, se encuentran dificultades en la aplicación en algunos territorios. Puso como ejemplo la situación que viene ocurriendo en La Guajira, donde la Corte Constitucional ha adelantado intervenciones a partir de la declaratoria de un estado de temas inconstitucionales. La declaratoria le ha permitido proteger los derechos relativos a salud, alimentación y educación de los niños wayú.

“Desde que se inició la intervención de la Corte, han muerto 285 niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición. Empieza uno a observar la falta de compromiso de las autoridades. No obstante que, en sus planes de desarrollo, como consecuencia de leyes y obligaciones que se han impuesto a las autoridades de todos los niveles, oficialmente o en el papel estén reconociendo los derechos de la niñez, estos no están siendo garantizados.

En el caso de La Guajira, hace un par de años, a pesar de la problemática de la desnutrición que lleva a la muerte de los niños, la Gobernación contrató la enseñanza del inglés. Varios miles de millones de pesos fueron destinados. Nuestro papel como jueces es que en los casos que nos llegan hagamos valer la Constitución”, puntualizó.

La futura abogada, precisamente, señaló la asignación y buena utilización de recursos como uno de los retos para que los derechos de la niñez se cumplan y prevalezcan sobre los demás. “Sobre todo en las comunidades indígenas y afrocolombianas, para que se garanticen verdaderamente los derechos fundamentales, como a la salud, la educación, la alimentación y los servicios públicos como agua y energía. También se requiere examinar más detenidamente la materialización de todos los componentes de justicia que se convinieron en los acuerdos de paz; por ejemplo, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, concluyó.

* Coordinadora de NiñezYA. www.ninezya.org

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