Catorce años después de haberse iniciado el proceso para designar la Estrella Fluvial del Inírida como área protegida de interés mundial, indígenas y campesinos se reunieron –como nunca antes lo habían hecho– con distintas entidades y centros de investigación nacionales y regionales. El objetivo era definir la hoja de ruta en el manejo y uso sostenible de 253.000 hectáreas que conforman el sexto humedal Ramsar del país.
El pasado 14 de julio fue la cita. Los líderes locales llevaron la batuta de una conversación en la que participaron funcionarios del Sena, la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los institutos Sinchi y Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico y la Policía Ambiental.
La idea del Conversatorio de Acción Ciudadana era discutir tres temas cruciales para las comunidades que viven en la Estrella Fluvial: Gobierno propio, donde se espera fortalecer la diversidad y multiculturalidad que hay en la zona; el ordenamiento pesquero, dados los vacíos que existen en el control y la vigilancia de las especies ornamentales y de consumo que se capturan; y los medios de vida sostenibles, con el objetivo de garantizar alternativas económicas amigables con la naturaleza que disminuyan la presión sobre los ecosistemas.
Se lograron concretar 24 acuerdos, durante la jornada, que fue posible gracias al acompañamiento de WWF durante un año y medio a los indígenas puinave, curripaco, piapoco y sikuani, y a los campesinos colonos provenientes de diferentes regiones del país, como Meta, Casanare, Cundinamarca y Boyacá.
La Estrella Fluvial del Inírida está conformada por 253.000 hectáreas protegidas. Esta zona cobija una alta biodiversidad.
Tatiana Pardo Ibarra
Uno de los problemas que más preocupa a los lugareños tiene que ver con la minería ilegal, que se extiende silenciosa a lo largo de los ríos Inírida, Atabapo, Guaviare y el Orinoco.
El exministro de Minas Federico Renjifo sabía muy bien de qué se trataba. Años atrás había advertido que sobre esta región “existe un potencial muy importante en materia minera”, haciendo referencia a las reservas de coltán, oro, platino, cobre, fósforo y carbón metalúrgico que se encuentran allí.
“Durante 30 años seguidos vi cómo la gente trabajaba día y noche revolcando el agua para encontrar oro. Poco a poco se fue poniendo sucia, llena de sedimentos, y los peces fueron desapareciendo. Sin embargo, nunca supe que el metal que usaban para sacar estas pepas doradas era tan dañino para la salud y el medioambiente”, dice Delio de Jesús Suárez, líder indígena de la comunidad La Ceiba.
Con 52 años, Delio se pregunta si él y su familia tienen mercurio en su cuerpo, y si los peces que consume y vende podrían generar cambios de comportamiento, temblores, pérdida de la sensibilidad, malformación del feto o pérdida de la visión y audición a largo plazo.
“Ahora me lo cuestiono porque soy consciente de los efectos nocivos que tiene el mercurio en el cuerpo, y de la manera en que la minería está alejando a los jóvenes de sus comunidades”, agrega Delio. “Se van detrás de las balsas buscando plata, pero no saben del daño que le hacen a las futuras generaciones”, advierte.
Según una investigación realizada por el Sinchi, en la que se analizaron 260 muestras de peces provenientes de Leticia, Tarapacá, Leguízamo, Mitú y Guaviare, los animales tienen concentraciones de mercurio de 0,30 mg/kg. El 30 por ciento de las muestras analizadas superaron el valor máximo permitido en Colombia, que es de 0,50 mg/kg. El baboso, simí y pintadillo fueron los peces con mayores concentraciones.
Campesinos e indígenas participaron del Conversatorio de Acción Ciudadana, en Guainía. En total se lograron 24 acuerdos.
Tatiana Pardo
En el encuentro, los indígenas y campesinos le exigieron a la Secretaría de Salud del Guainía un examen exhaustivo que les diera un panorama sobre la condición en la que se encuentran sus organismos y el agua con la que cocinan y se bañan.
Dicha entidad tomó muestras de cabello y sangre a 200 personas para un estudio –que ya está listo– y que debió ser presentado ante la comunidad el pasado 25 de julio. EL TIEMPO intentó conocer los resultados, pero no fue posible.
Lo cierto es que las actividades a gran escala van en contravía de una zona Ramsar, que además cuenta con 903 especies de plantas, 476 de peces (cerca del 50 por ciento de la riqueza de toda la cuenca Orinoco), 40 de anfibios, 60 de reptiles, 324 de aves (el 66 por ciento de la riqueza registrada en la Orinoquia colombiana) y 200 de mamíferos.
“Como departamento amazónico tenemos una responsabilidad grande, teniendo en cuenta las altas tasas de deforestación que tiene la región. Hay que apuntarle y fortalecer masivamente el ecoturismo y el etnoturismo para no seguir haciendo minería ilegal”, le dijo a EL TIEMPO el gobernador del Guainía, Javier Zapata.
Aunque los peces ornamentales de la Orinoquia representan el 90 por ciento del mercado que se exporta a Hong Kong y a países como Japón, Reino Unido, República Checa, Singapur y Taiwán, esta actividad no está debidamente regulada.
Basta con ir al aeropuerto de Puerto Inírida para corroborar la escasa logística que hay para monitorear, con exactitud, el número de peces que salen del Guainía, el tamaño del animal y las condiciones en las que se encuentra.
“No tenemos una infraestructura adecuada para hacer un control minucioso de lo que sale”, asegura Diomedes Jaspe, funcionario de la Aunap. “El control lo hacemos confiando en la buena fe del acopiador”, precisa.
Pero esa buena fe, con tan solo dos funcionarios vigilando cuatro ríos, no es un mecanismo muy serio para una de las actividades económicas más importantes de la región.
La pesca ornamental es una de las actividades económicas más importantes para los indígenas que viven en la Estrella Fluvial.
WWF Colombia
Los expertos que trabajan en la zona hablan de una extracción descontrolada de peces ornamentales, que no solo está generando pérdidas monetarias para los indígenas que los venden a intermediarios a precios muy bajos, sino que hay un gran margen de mortalidad por las condiciones en las que son transportados y un impacto en la misma especie al ser capturada en las tallas y tiempos que no corresponden.
Saulo Usma, coordinador del Programa de Agua Dulce de WWF-Colombia, llama la atención sobre la necesidad de fortalecer y mejorar los sistemas de vigilancia y control (especialmente en épocas de veda) y las relaciones de mercadeo local y nacional.
“Si no se toman las acciones necesarias, prácticamente estamos obligando a estas personas a migrar a actividades ilegales. Aquí debería estar el personal más calificado del país atendiendo y mejorando la actividad pesquera”, advierte Usma.
De los 24 compromisos acordados durante el encuentro, 4 corresponden a temas de Gobierno propio, 9 a ordenamiento pesquero, 5 a turismo, 3 a seguridad alimentaria, 1 a ganadería sostenible, 1 a convenios entre Guainía y Vichada, y 1 a fortalecer el Plan Fronteras con Venezuela.
TATIANA PARDO IBARRA
@Tatipardo2
Redactora EL TIEMPO
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