La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de exigirle al Ministerio de Ambiente suspender los efectos de la resolución sobre las zonas compatibles para la actividad minera en la Sabana de Bogotá, pone de nuevo en debate dónde se debe permitir esta actividad en la región.
Para Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, la comunicación de la magistrada es más una necesidad sobre la inspección técnica de las zonas que un llamado a replantear la propuesta de la cartera ambiental.
Según la comunicación del alto tribunal “se requiere realizar junto con peritos en la materia la inspección judicial” para comprobar que efectivamente hay un acatamiento del fallo del río de Bogotá y que la decisión del Minambiente no viola el espíritu de esa histórica orden de descontaminar el principal afluente de la capital del país.
“La decisión de la magistrada es preventiva. Lo cual creemos que fortalece la resolución, para que se pueda revisar que efectivamente cumple con el fallo”, precisó Murillo, quien agregó que el Ministerio de Ambiente tiene toda la voluntad de cumplir con esta orden. “Hace dos años se tenía en mora crear la gerencia para el río y ya se presentó ese proyecto de ley”.
La exclusión de las zonas de minería en la Sabana “se hizo con criterios técnicos muy sólidos. Sí hubo un proceso de discusión, pero por lo general este tipo de decisiones no dejan contentos a todo el mundo”, agregó el Ministro.
En entrevista con EL TIEMPO, el Ministro de Ambiente también se refirió a las transformaciones que se plantean para el Sistema Nacional Ambiental. Aunque esta semana se había dado a conocer que tales cambios se presentarían mediante la vía legislativa del fast track, Murillo especificó que todavía se está construyendo el documento que se presentaría como proyecto de ley para febrero.
El líder de la cartera ambiental adelantó algunos de los cambios que se tendrían en el sistema, compuesto por los institutos de investigación y las corporaciones autónomas regionales.
Por un lado, explicó que la idea es reforzar la capacidad de vigilancia y control de las autoridades ambientales para la prevención y sanción de delitos como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de fauna.
“Se plantea crear una unidad de planeación ambiental, similar a la Upme en el sector energético”, agregó. Esta unidad tendría la tarea de traducir las investigaciones científicas y académicas que se producen en los institutos para consolidar los planes en prospectiva del campo ambiental. Agregó que se espera diseñar una unidad específica para los ecosistemas marinos.
En cuanto a las finanzas del sector ambiental- uno de los problemas más graves debido a los continuos recortes a las instituciones- Luis Gilberto Murillo planteó que se estudia la posibilidad de transformar el Fondo Nacional Ambiental para crear subcuentas específicas para temas como el de cambio climático.
Además, señaló el Ministro, que también se reformará la composición de las juntas de las Corporaciones Autónomas Regionales para que haya más presencia del Gobierno nacional en las autoridades locales.
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