Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, se pronunció este miércoles sobre el fallo mediante el cual la Corte Constitucional protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao (Quindío) a expresarse, a través de una consulta, sobre un proyecto de minería a gran escala en su territorio. En su decisión, el alto tribunal confirmó, además, que las cabeceras municipales pueden oponerse a su ejecución.
El Ministro señaló al respecto que aun cuando acata la decisión de la Corte, considera que "dejar esa decisión sobre la conveniencia del desarrollo de una industria tan importante en municipios, desde el punto de vista ambiental, no es la ruta más conveniente para el país".
Murillo señaló que estos entes territoriales no tienen la información técnica de detalle para determinar si se debe hacerse minería o no en sus territorios, más allá de si se prefiera o no esa actividad.
Explicó, además, que un fallo de esa naturaleza genera mucha incertidumbre e insistió en que el Gobierno ha venido mejorando la política ambiental de control a la minería.
En la sentencia proferida por la Sala Sexta de Revisión del alto tribunal se precisa que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
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