Amazonia, una selva que arde: los motores de la deforestación
De este ecosistema dependen más de 40 mil especies de plantas y cerca de 390 mil millones de árboles que capturan entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono.
LOS motores de la deforestación
Ganadería, cultivos de uso ilícito, actividades agrícolas y minería: así ha sido la transformación de la selva amazónica en el último siglo.
Por: Santiago Valenzuela A. y Pamela Sanabria Cuervo - Centro ODS
C
cuando se habla de cambio climático es indispensable nombrar a la Amazonia. La regulación del clima, el aire que respiramos todos los días y los ciclos de
vida de miles de especies dependen en una buena medida de este ecosistema. El cambio en el uso del suelo es una de las grandes amenazas para la región amazónica y para el planeta. Cada vez que se talan árboles, la Amazonia se debilita. Los miles de hectáreas de ganado o los grandes cultivos de palma cambian radicalmente ese paisaje diverso y lo convierten en un rompecabezas que suple parcialmente las necesidades del ser humano, pero no las del planeta Tierra y sus ecosistemas.
cuando se habla de cambio climático es indispensable nombrar a la Amazonia. La regulación del clima, el aire que respiramos todos los días y los ciclos de vida de miles de especies dependen en una buena medida de este ecosistema. El cambio en el uso del suelo es una de las grandes amenazas para la región amazónica y para el planeta. Cada vez que se talan árboles, la Amazonia se debilita. Los miles de hectáreas de ganado o los grandes cultivos de palma cambian radicalmente ese paisaje diverso y lo convierten en un rompecabezas que suple parcialmente las necesidades del ser humano, pero no las del planeta Tierra y sus ecosistemas.
Los años más difíciles de la Amazonia continental han sido los últimos treinta. Basta con revisar unos datos para dimensionar esta crisis: entre 2000 y 2018, la Amazonia continental perdió un área similar al tamaño de España (513.016 km2),
lo que representa el 8 por ciento de este ecosistema. Salvarla es un compromiso internacional. En el Acuerdo de París, por ejemplo, quedó establecido que para cumplir la meta de no calentar el planeta en más de dos grados centígrados antes de 2030 es necesario preservar ecosistemas estratégicos como el amazónico. Por eso, hoy resulta vital preguntar cuáles son los motores de la deforestación de este ecosistema y cómo han ido cambiando con el paso de los años.
lo que representa el 8 por ciento de este ecosistema. Salvarla es un compromiso internacional. En el Acuerdo de París, por ejemplo, quedó establecido que para cumplir la meta de no calentar el planeta en más de dos grados centígrados antes de 2030 es necesario preservar ecosistemas estratégicos como el amazónico. Por eso, hoy resulta vital preguntar cuáles son los motores de la deforestación de este ecosistema y cómo han ido cambiando con el paso de los años.
GANADERÍA
Entre enero y marzo de cada año es habitual ver en los noticieros imágenes de bosques ardiendo en la Amazonia colombiana. Los incendios a gran escala, paradójicamente, no se presentan accidentalmente. En municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Miraflores y Solano, en el norte de la región amazónica colombiana, la deforestación suele esconder una razón preponderante: la ganadería extensiva.
Aunque gremios ganaderos lo han negado, lo cierto es que en los últimos años ha quedado en evidencia el aumento de cabezas de ganado en la Amazonia. De acuerdo con los reportes más recientes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en los últimos cuatro años se ha presentado un aumento de ganado que ha incidido directamente en esta problemática. El aumento de bovinos ha sido constante en este territorio: en 2016 se registraron 1’078.084 bovinos; en 2017, un total de 1’244.526; en 2018 la cifra alcanzó 1’627.285 y en 2019 este número se elevó 2’021.829. Los dos millones de bovinos censados se ven reflejados a su vez en las hectáreas deforestadas en estos municipios. En el transcurso de esos tres años, agrega la FCDS, 300.415 hectáreas fueron deforestadas en los municipios mencionados, lo que equivale a 430 canchas de fútbol profesional.
En los análisis que ha hecho el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva aparecen como dos motores contundentes que afectan esta región. El 66 por ciento de la deforestación en 2019, señala el Ideam, se registró en la Amazonia.
Las causas principales: praderización, malas prácticas ganaderas, cultivos de uso ilícito, entre otros motores menores. Al revisar las cifras en detalle surgen datos inquietantes. En ocho municipios aledaños al Parque Natural Serranía de Chiribiquete, por ejemplo, se registraron cerca de 650.000 nuevas cabezas de ganado y más de 300.000 hectáreas deforestadas en los últimos cinco años, según el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes). Y justamente en esa zona, entre 2018 y 2019, se ampliaron los corredores viales en más de 1.500 km, tanto legales como ilegales.
En los análisis que ha hecho el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva aparecen como dos motores contundentes que afectan esta región. El 66 por ciento de la deforestación en 2019, señala el Ideam, se registró en la Amazonia. Las causas principales: praderización, malas prácticas ganaderas, cultivos de uso ilícito, entre otros motores menores. Al revisar las cifras en detalle surgen datos inquietantes. En ocho municipios aledaños al Parque Natural Serranía de Chiribiquete, por ejemplo, se registraron cerca de 650.000 nuevas cabezas de ganado y más de 300.000 hectáreas deforestadas en los últimos cinco años, según el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes). Y justamente en esa zona, entre 2018 y 2019, se ampliaron los corredores viales en más de 1.500 km, tanto legales como ilegales.
La cadena de valor del proceso
El modelo de la ganadería en la Amazonia ha tenido dos propósitos fundamentales: por un lado está la producción de lácteos para el sustento de la mayoría de pequeños productores y, por otro, la venta de ganado, principalmente de crías. Usualmente, la ganadería se desarrolla en zonas extensas (dos reses tienen en promedio una hectárea en esta región para pastorear); en la mayoría de los casos, el pasto introducido supera el 50 por ciento, dependiendo del ecosistema. Usualmente, el promedio de producción de leche es de 3 a 4 litros por día por res y el intervalo de partos de una finca con escasa tecnología es de 600 a 700 días.
En Caquetá, uno de los departamentos con más ganadería en la región amazónica, prima el siguiente modelo: el propietario del ganado se lo entrega al dueño de un terreno para que lo críe, lo levante, lo engorde y lo venda para después repartir las ganancias. Este sistema ha generado un aumento de fincas en bosques de piedemonte de la cordillera, en bosques húmedos inundables y de tierra firme. Cealdes explica, por ejemplo, que los campesinos no obtienen mayores ganancias en todo este proceso: para el campesino tenedor se generan ganancias aproximadas de 500.000 a 600.000 pesos cada dos años por res, sin contar con los gastos de cuidado y el tiempo de crianza.
En este sistema, la estabilidad económica de los campesinos depende considerablemente del número de cabezas de ganado, por lo cual este debe aceptar, cada vez con más frecuencia, las vacas que le ofrecen para cuidar. El problema es que este sistema sobrecarga el suelo, provocando problemas de erosión, lo que motiva a los productores a renovar sus pastizales. La venta de ganado equivale al 30 por ciento del sustento de la familia campesina, y cerca de un 65 por ciento, a la venta de leche. En este proceso, en el que también han participado los grupos armados históricamente, se ha presentado un proceso de acumulación de tierras para la venta y la ganadería, incluso en áreas protegidas.
Caquetá es un departamento que está en el arco de la deforestación de la Amazonia, el cual se forma por áreas de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico (Meta); San José del Guaviare, Calamar y El Retorno (Guaviare); San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo (Putumayo).
En la región priman los propietarios ausentistas, quienes utilizan el endeudamiento como forma de mantener a los campesinos trabajando de manera permanente y pidiéndoles, a su vez, transformar más bosques en pastizales para aumentar las ganancias.
Este departamento es el quinto que más leche produce anualmente en Colombia. El 42 por ciento de la distribución de leche, de acuerdo con el Comité departamental de Ganadería de Caquetá, corresponde a Quesería Rural; un 52 por ciento, al acopio de industrias transformadoras y un 5 por ciento es vendida a Nestlé, multinacional que les compra a 750 productores certificados en el departamento. En diálogo con el Centro ODS, Nestlé señaló que en esta región, “desde 1974, se identificaron grandes ventajas para el abastecimiento de leche: más de un millón de hectáreas de praderas con pastos nativos, bancos y fondos ganaderos que favorecen la producción lechera”. En el proceso de compra, la multinacional señala que solo les compra a fincas certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), un certificado que no garantiza que las zonas no hayan sido previamente deforestadas, ya que en el país no existe una trazabilidad de la leche que se consume, según Tropical Forest Alliance.
En el caso de la cadena cárnica es difícil rastrear grandes compradores. En la comercialización de la carne se encuentran acopiadores locales como la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá (Cofema) y, en un último eslabón, frigoríficos como Guadalupe S. A.S., San Martín de Porres Ltda. de Bogotá y centrales ganaderas de Medellín y Cali. En este negocio, como explica Cealdes, usualmente se presentan intermediarios entre productores y las redes de comercialización. “El intermediario va hasta la finca y realiza la compra de animales a un precio inferior del kilo vigente en la plaza de ferias de Cofema. El destino de este ganado puede ser local o extrarregional”.
El municipio de San Juan de Losada se ubica en el límite entre los departamentos del Meta y el Caquetá. Esta es es una región ganadera productora de leche. Foto: Juan Diego Buitrago
Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO
Nuevas colonizaciones y deforestación
En las últimas dos décadas, los parques naturales Picachos y Tinigua, así como el de Chiribiquete, han ido perdiendo ecosistemas nativos por el avance de la deforestación para el ganado. En el caso de Cordillera de los Picachos y la zona occidental de Tinigua, la pérdida de bosques se ha dado en torno a los ríos. Según registros del Ideam, en Picachos ha aumentado esta problemática en los últimos años: mientras que en 2016 se talaron 137 hectáreas en este parque natural, en 2017 la cifra ascendió a 1.064 y para 2018 la pérdida de bosque alcanzó las 2.045 hectáreas.
Al estar ubicado entre Caquetá y Meta, este territorio ha sido dominado históricamente por la guerrilla de las Farc y, recientemente, por las disidencias de este grupo armado, lo cual ha dificultado el control estatal.
En las últimas dos décadas, los parques naturales Picachos y Tinigua, así como el de Chiribiquete, han ido perdiendo ecosistemas nativos por el avance de la deforestación para el ganado. En el caso de Cordillera de los Picachos y la zona occidental de Tinigua, la pérdida de bosques se ha dado en torno a los ríos. Según registros del Ideam, en Picachos ha aumentado esta problemática en los últimos años: mientras que en 2016 se talaron 137 hectáreas en este parque natural, en 2017 la cifra ascendió a 1.064 y para 2018 la pérdida de bosque alcanzó las 2.045 hectáreas. Al estar ubicado entre Caquetá y Meta, este territorio ha sido dominado históricamente por la guerrilla de las Farc y, recientemente, por las disidencias de este grupo armado, lo cual ha dificultado el control estatal.
El parque Tinigua, ubicado en la Serranía de La Macarena, también ha sido víctima del conflicto armado y la ganadería ha venido avanzando con nuevas colonizaciones. Históricamente controlado por las Farc, este parque ha sido el más golpeado en los últimos años. De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entre 2017 y 2019 perdió 16.000 hectáreas, de las cuales el 96 por ciento eran de bosque primario, el cual es difícil de recuperar. La misma fuente señala que la deforestación se caracteriza por el acaparamiento de tierras y el ganado.
La ganadería en la Amazonia colombiana ha estado presente desde los años 50, de acuerdo con los testimonios de los primeros colonizadores en los llanos del Yarí.
En Tinigua, Parques Nacionales ha encontrado más de 410 kilómetros de trochas, pero han admitido un desconocimiento parcial del territorio por el control histórico de la guerrilla de las Farc. Allí, por ejemplo, cerca de 500 familias han llegado a habitar las áreas protegidas esperando los beneficios de la reforma rural del acuerdo de paz. Esta nueva colonización ha quedado en evidencia de forma dramática: en el caso de Tinigua, fueron deforestadas más de 12.000 hectáreas en 2018, cuando el promedio anual era de 4.000 hectáreas como máximo.
En las sabanas del Yarí, zona ubicada dentro del Parque Nacional Chiribiquete, también entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, se ha presentado una deforestación descontrolada. Según la FCDS, el patrón de colonización en esta serranía se ha dado por un aumento en el hato ganadero y, tras la desmovilización de las Farc, se ha presentado una apertura de vías locales para ampliar las zonas por intervenir, como la zona sur de las sabanas del Yarí, donde ya se pueden encontrar fincas tecnificadas de ganado.
¿Qué dicen los ganaderos y las autoridades ambientales?
En febrero de 2021 se contactó a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Sobre la ganadería en áreas protegidas señaló que, en este caso, “las preguntas deberían ser para una autoridad pública y yo represento es a un gremio. No tengo ninguna facultad en materia de política pública”. El presidente de la federación aseguró que desde el gremio están trabajando en el área de la ganadería sostenible desde 2007: “Logramos un proyecto con el Banco Mundial que nos permitió involucrar a más de 4.500 pequeños productores en cinco macrorregiones de Colombia con un impacto de 150.000 hectáreas de ganadería sostenible”.
Sobre la colonización de áreas protegidas para ganadería en el arco amazónico, el presidente de Fedegán respondió que la federación que representa ha denunciado dichos procesos de deforestación: “Nosotros no apoyamos ese tipo de actividad, y aunque pueda ser lícita, termina en un paréntesis porque se hace en zonas donde está prohibido. Nosotros hemos venido cuestionando ese tipo de labor, aunque no podemos hacer nada diferente a denunciar los hechos”. No obstante, frente a la evidencia de ganadería en áreas protegidas, el presidente señaló: “Fedegán es un gremio que actúa en actividades absolutamente lícitas, me parece una pregunta entre otras cosas irrespetuosa. La ganadería que nosotros promovemos hoy en día es la ganadería con árboles porque es la que permite que el ganado tenga un mejor bienestar”.
Un alto funcionario del gobierno de Iván Duque, quien nos pidió mantener su nombre en reserva, nos comentó lo siguiente sobre la deforestación: “Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2018, encontramos que la deforestación estaba creciendo de forma acelerada, por eso buscamos bajar la curva con el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Uno de los principales problemas durante 2016, 2017 y 2018 fue un acaparamiento de tierras
impresionante. Hubo un apoderamiento masivo de tierras descontrolado después del acuerdo de paz. En el Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos a reducir la deforestación a una cifra viable, teniendo en cuenta que en los últimos años venía incrementando y que llegar a cero deforestación no era posible”. De acuerdo con el Ideam, en 2019 la disminución de deforestación fue del 19,2 por ciento y en 2018, del 10 por ciento.
Un alto funcionario del gobierno de Iván Duque, quien nos pidió mantener su nombre en reserva, nos comentó lo siguiente sobre la deforestación: “Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2018, encontramos que la deforestación estaba creciendo de forma acelerada, por eso buscamos bajar la curva con el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Uno de los principales problemas durante 2016, 2017 y 2018 fue un acaparamiento de tierras impresionante. Hubo un apoderamiento masivo de tierras descontrolado después del acuerdo de paz. En el Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos a reducir la deforestación a una cifra viable, teniendo en cuenta que en los últimos años venía incrementando y que llegar a cero deforestación no era posible”. De acuerdo con el Ideam, en 2019 la disminución de deforestación fue del 19,2 por ciento y en 2018, del 10 por ciento.
En los primeros trimestres, como reconoce el funcionario, suele incrementar la deforestación por las siguientes razones: “¿Los que deforestan cómo se aprovechan de las tierras? Primero talan, luego hacen tráfico ilegal de especies, luego de madera, se apoderan de las tierras, prenden fuego, generan incendios y meten ganado de manera ilegal y comienzan el proceso de tenencia de la tierra. Todo eso se denunció ante la Fiscalía porque hay muchos ilegales en los parques naturales. Por eso llegamos primero a Chiribiquete y luego a otras partes de la Amazonia, no solo con el Plan Artemisa, sino con diferentes proyectos sociales”.
Tanto en el Ideam como en el Ministerio de Ambiente señalan que un programa clave para frenar la deforestación ha sido Visión Amazonia, el cual se creó en 2016 con una inversión por 85 millones de dólares, donados por los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido, y con una duración estimada de cinco años. El objetivo de este programa es reducir a cero la deforestación neta en la Amazonia colombiana.
En la Amazonia se han presentado reducciones de deforestación en los últimos años, aunque no la esperada por los donantes. Mientras que en 2016 se deforestaron 70.074 hectáreas en la Amazonia, en 2017 la cifra aumentó a 144.147 hectáreas. En 2018 bajó a 138.176 hectáreas y en 2019, a 75.000 hectáreas. Sobre la ganadería, el director de Visión Amazonia, José Yunis, explicó que si se implementan modelos de ganadería sostenible, no solamente se puede disminuir la deforestación, sino que se pueden presentar beneficios para los campesinos que dependen de esta actividad. En todo caso, en el gobierno admiten que un primer paso antes de impulsar la ganadería sostenible es controlar la que se está impulsando de forma ilegal en áreas protegidas.
AGRICULTURA
La Caverna de Pedra Pintada, un abrigo rocoso en la sierra de Paituna en Brasil, es el lugar desde donde se podría comenzar a contar la historia de la agricultura en la Amazonia. Allí, en el arte rupestre, están los indicios de la presencia de los Homo sapiens desde el año 9.200 antes de Cristo. En ese entonces, la subsistencia de cazadores y recolectores dependía de la biodiversidad amazónica, la cual se fue transformando con el paso de los siglos. Alrededor del primer milenio antes de Cristo, en esta selva inmensa existía la horticultura, sobre todo en las tierras bajas inundadas por el río Amazonas. Después de esta fase, las comunidades sedentarias comenzaron a cultivar yuca y maíz, alimentos que hoy son sagrados para las comunidades indígenas.
De acuerdo con el historiador Juan Carlos Solórzano, en los mil años que transcurrieron entre la introducción de nuevos sistemas agrícolas y la llegada de los europeos alrededor del siglo XVI proliferaron asentamientos en toda la región amazónica y producción de alimentos, así como cosechas de semillas y raíces, monocultivos y diferentes cultivos en una misma superficie. Se desarrolló piscicultura en estanques, cultivos permanentes y cultivos de gran escala, como uno de 15,5 kilómetros cuadrados en Caño Ventosidad en Venezuela.
En el transcurso de los últimos dos siglos, la Amazonia ha vivido cambios sin precedentes. Ganadería, tala de madera, cultivos de palma, minería, entre otras actividades productivas han transformado la selva, con una aceleración mayor en los últimos 20 años. Como lo registró la Fundación Gaia, el total del área agropecuaria en la Amazonia de Suramérica en el año 2000 era de 794.429 km2 y en las siguientes dos décadas se reportó un incremento de 647.411 km2, es decir, un aumento del 81,5 por ciento del territorio transformado para actividades agropecuarias (lo cual incluye la ganadería).
De acuerdo con Gaia, la agricultura y la ganadería son motores centrales de deforestación en la Amazonia: “La transformación de los ecosistemas naturales en áreas de uso agropecuario se produce de dos formas: deforestación de ecosistemas forestales y reemplazo de ecosistemas naturales no forestales”. De hecho, de acuerdo con el análisis de Raisg y MapBiomas, la actividad agropecuaria está siendo responsable por lo menos del 84 por ciento de este flagelo que azota a la selva amazónica.
Para el caso particular de Colombia, Gaia encontró que entre 2000 y 2018 entre 600 y 1.400 km2 de bosques amazónicos fueron transformados para actividades agropecuarias, principalmente para praderas, expansión de infraestructura vial y acaparamiento de tierras. Según la misma fuente, en los últimos dos años se presentó un incremento acentuado “en parte explicado por el proceso de paz con las Farc, el cual eliminó el control territorial que ejercía este grupo al margen de la ley en el llamado ‘Arco de la Deforestación’”.
En el transcurso de los últimos dos siglos, la Amazonia ha vivido cambios sin precedentes. Ganadería, tala de madera, cultivos de palma, minería, entre otras actividades productivas han transformado la selva, con una aceleración mayor en los últimos 20 años. Como lo registró la Fundación Gaia, el total del área agropecuaria en la Amazonia de Suramérica en el año 2000 era de 794.429 km2 y en las siguientes dos décadas se reportó un incremento de 647.411 km2, es decir, un aumento del 81,5 por ciento del territorio transformado para actividades agropecuarias (lo cual incluye la ganadería).
De acuerdo con Gaia, la agricultura y la ganadería son motores centrales de deforestación en la Amazonia: “La transformación de los ecosistemas naturales en áreas de uso agropecuario se produce de dos formas: deforestación de ecosistemas forestales y reemplazo de ecosistemas naturales no forestales”. De hecho, de acuerdo con el análisis de Raisg y MapBiomas, la actividad agropecuaria está siendo responsable por lo menos del 84 por ciento de este flagelo que azota a la selva amazónica.
Para el caso particular de Colombia, Gaia encontró que entre 2000 y 2018 entre 600 y 1.400 km2 de bosques amazónicos fueron transformados para actividades agropecuarias, principalmente para praderas, expansión de infraestructura vial y acaparamiento de tierras. Según la misma fuente, en los últimos dos años se presentó un incremento acentuado “en parte explicado por el proceso de paz con las Farc, el cual eliminó el control territorial que ejercía este grupo al margen de la ley en el llamado ‘Arco de la Deforestación’”.
El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, ubicado en los municipios San vicente del Caguán y Uribe, ocupó en 2017 el cuarto lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por tala en el país.
Foto: Juan Diego Buitrago
Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO
¿Cómo está repartido el territorio?
Actualmente, según la Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane, en Colombia la ganadería ocupa 39 millones de hectáreas y para el uso agrícola se utilizan
Actualmente, según la Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane, en Colombia la ganadería ocupa 39 millones de hectáreas y para el uso agrícola se utilizan 4’600.000 hectáreas. En este último caso, la mayoría son destinadas a cultivos agroindustriales, con 1’800.000 hectáreas, y 911.093 hectáreas para cereales. En 2017, el Ministerio de Agricultura, junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), definió la frontera agrícola nacional, la cual se puede definir como las áreas aptas para cultivar.
4’600.000 hectáreas. En este último caso, la mayoría son destinadas a cultivos agroindustriales, con 1’800.000 hectáreas, y 911.093 hectáreas para cereales. En 2017, el Ministerio de Agricultura, junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), definió la frontera agrícola nacional, la cual se puede definir como las áreas aptas para cultivar.
Así las cosas, la Upra definió que el departamento de Amazonas tiene una frontera agrícola de 126.592 hectáreas de un total de 48 millones de hectáreas. Según el Gobierno colombiano, este departamento dispone de cerca de 33.000 hectáreas aptas para la producción de carne bovina y de leche bovina, superando áreas dispuestas para otros tipos de cultivos, como las hectáreas aptas para el maíz tecnificado (25.397) o para los cultivos de arroz (13.302) e incluso para los de cacao (12.344).
Al revisar los usos recomendados por esta entidad, llama la atención que aparecen 86.333 hectáreas aptas para la producción de diferentes tipos de pastos, como humidicola, guinea y estrella, todos con una proyección de uso para la ganadería. Adicionalmente, para la palma de aceite, señala la Upra, existen 20.120 hectáreas aptas para su cultivo. Más allá de los terrenos aptos formales registrados en la Upra, existen 2’000.000 de predios rurales informales que presentan situaciones técnicas y jurídicas complejas, lo que se traduce en que son de difícil control estatal.
Como en tiempos milenarios, los cultivos de yuca siguen predominando en la selva amazónica. De acuerdo con el Dane, el 73,1 por ciento de los cultivos permanentes en el departamento de Amazonas corresponden a la yuca, seguidos por los de plátano, con 12,7 por ciento. En los cultivos transitorios, por otro lado, están el arroz, con el 63 por ciento, seguidos de los de maíz, con 20 por ciento. Estos cultivos, la mayoría para el consumo de las comunidades étnicas, no han sido catalogados como principales causas de deforestación, pues por el tipo de intervención en los ecosistemas sobresalen la ganadería o la praderización, por lo cual preocupa el potencial que se les ha otorgado a la ganadería y al sector de la palma en la definición de la frontera agrícola.
Las dinámicas de la economía ilegal predominantes en esta región del país estarían llevando al establecimiento de actividades agropecuarias, entre ellas la siembra de palma de aceite, en áreas deforestadas o excluidas de la frontera agrícola. Dinámicas que hemos denunciado ante las diversas autoridades competentes, cumpliendo con nuestro deber de alertar a las autoridades”
Fedepalma
En las últimas dos décadas, la Amazonia ha sido un lugar estratégico para los cultivos de palma de aceite. Si bien el epicentro no ha sido la selva colombiana, la palma se ha abierto un paso importante, pues con su uso se pueden elaborar decenas de productos, desde ropa, detergentes hasta chocolates. Es, de acuerdo con WWF, el aceite vegetal más consumido en el mundo. En 2020, de acuerdo con Fedepalma, el área sembrada de palma en Colombia aumentó 2 por ciento, pasando de 559.582 hectáreas en 2019 a 573.058 hectáreas.
El crecimiento del sector palmero ha sido impresionante: la palma de aceite pasó de 1.000 hectáreas sembradas en 1960 a 170.000 a finales de 2001. Los núcleos de cultivo de palma en Colombia están concentrados en el centro del país. En la zona sur, según Fedepalma, priman los proyectos en el departamento de Nariño, dejando a la Amazonia, en teoría, con poca presencia de palma. No obstante, en el sur del Meta y San José del Guaviare, en la Reserva Forestal de la Amazonia, se han desarrollado proyectos ilegales de cultivos de palma.
Teniendo en cuenta la rentabilidad de los productos derivados de la palma, el acaparamiento de tierras también se está dando para este producto. Frente a estos casos, Fedepalma ha denunciado la ilegalidad de cultivar en áreas protegidas, como ha sucedido también en el Parque Nacional Chiribiquete, en donde, a través de sobrevuelos, han quedado en evidencia tierras arrasadas para cultivo de palma.
Frente a este problema, Fedepalma señaló que, por lo menos en Colombia, el cultivo de palma de aceite no es un motor de deforestación. Para argumentarlo, se remiten a las cifras del Ideam, entidad que encontró que entre 2011 y 2017 se deforestaron 1’108.386 hectáreas, de las cuales 4.455 hectáreas corresponden a deforestación por cultivos de palma, lo cual representa el 0,4 por ciento.
¿Qué dice el gobierno?
Al preguntarle a José Yunis sobre la frontera agrícola y el rol del Gobierno en proteger los ecosistemas frente al avance no solo de acaparamiento de tierras, sino de otros tipos de cultivos, el director de Visión Amazonia señaló que “se está buscando restaurar y hacer reconversiones productivas en toda la región amazónica, utilizando incluso la metodología de pagos por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación para mantener la conectividad de los bosques”.
Todas las áreas deforestadas a partir del año 2010 no serán parte de la Frontera Agrícola, con lo cual se pone freno a la adjudicación de baldíos en tierras deforestadas”
Simplemente no podemos ignorar a quien esté dentro de los parques nacionales y haya deforestado, pese a que no sea el gran determinador. Es la manera de desincentivar a los pequeños campesinos: sacándolos y mostrándoles que cometen un delito. La única medida de aseguramiento contra ellos es que se les prohíbe ingresar al parque”
Ministerio de Agricultura
Según el Ministerio de Agricultura, “todas las áreas deforestadas a partir del 2010 no serán parte de la frontera agrícola, con lo cual se pone freno a la adjudicación de baldíos en tierras deforestadas”; segundo, “el Gobierno está trabajando en el cumplimiento de la Sentencia 4360 de la Corte Constitucional, la cual reconoce a la Amazonia como un sujeto de derechos y ordena un plan de acción y un pacto intergeneracional para proteger la vida de la Amazonia, y tercero, el ministerio está promoviendo nuevas políticas como prohibir, desde el Banco Agrario de Colombia, la financiación de proyectos agrícolas en zonas protegidas”.
Con la definición de una nueva frontera agrícola, el Gobierno está generando acuerdos con diferentes sectores para asegurar una “producción sostenible”. Es así, por ejemplo, que Fedepalma y gremios lácteos, de cacao y ganaderos han firmado acuerdos de cero deforestación. Y aunque estas iniciativas se vienen empleando desde 2017 y, como han señalado diferentes expertos, en estos acuerdos participan actores legales, en cuanto al control de la deforestación en la ilegalidad es difícil que estos acuerdos tengan algún tipo de efecto.
cultivos de uso ilícito
El cultivo de la hoja de coca en la región de la Amazonia viene desde los tiempos ancestrales. Las comunidades amazónicas cuentan que los grupos indígenas que han habitado este territorio históricamente han sembrado coca, entre ellos los huitotos, muinane, andoques, nonuyas, mirañas, yucunas y matapís. En la cosmogonía indígena, adquirir conocimiento es un proceso colectivo, en el cual mambear coca es fundamental. En algunas culturas indígenas, el chamán usa la hoja de coca para mantener su conciencia conectada con las dos dimensiones: la mágica y la ordinaria.
Esta concepción de la hoja de coca cambió radicalmente desde mediados de 1970, una época marcada por la introducción del cultivo de coca con fines comerciales. La Amazonia llamó especialmente la atención para el cultivo de coca debido a su fácil adaptación en las selvas húmedas, en donde los indígenas la conocían y cultivaban. Para inicios de los ochentas, los cultivos comerciales se extendieron desde la región del Vaupés hacia el occidente, siguiendo la vertiente del río Vaupés hasta llegar a Miraflores, en Guaviare. Las plantaciones industriales, que cubrían hasta 300 hectáreas y eran dirigidas por narcotraficantes, fueron establecidas en Guaviare a partir de los años noventa. De hecho, en 1994, este departamento era el mayor productor de coca del país.
Cultivos de uso ilícito en la región amazónica
En la Amazonia colombiana, 32 municipios cuentan con presencia activa de cultivos de coca: Vista Hermosa, El Retorno, Puerto Asís, Puerto Concordia y Mapiripán son los que reportan mayor número de hectáreas, según datos de
Cealdes. Más aún, los seis departamentos que constituyen la región amazónica han estado relacionados con la dinámica de los cultivos de coca en alguna de sus etapas: producción, procesamiento, cristalización, comercialización o tráfico. Históricamente, Putumayo, Caquetá y Guaviare se han caracterizado por tener grandes extensiones de cultivos de coca y por la presencia de laboratorios para su procesamiento.
Los cultivos de uso ilícito se han relacionado con la ganadería, la construcción de vías clandestinas y la aceleración de la transformación de bosque a agricultura con el fin de legitimar las actividades económicas y lavar activos.
En la Amazonia colombiana, 32 municipios cuentan con presencia activa de cultivos de coca: Vista Hermosa, El Retorno, Puerto Asís, Puerto Concordia y Mapiripán son los que reportan mayor número de hectáreas, según datos de Cealdes. departamentos que constituyen la región amazónica han estado relacionados con la dinámica de los cultivos de coca en alguna de sus etapas: producción, procesamiento, cristalización, comercialización o tráfico. Históricamente, Putumayo, Caquetá y Guaviare se han caracterizado por tener grandes extensiones de cultivos de coca y por la presencia de laboratorios para su procesamiento.
Los cultivos de uso ilícito se han relacionado con la ganadería, la construcción de vías clandestinas y la aceleración de la transformación de bosque a agricultura con el fin de legitimar las actividades económicas y lavar activos.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 en Putumayo se registró un total de 24.972,91 hectáreas de cultivos de coca, siendo el departamento amazónico con mayor extensión de cultivos de uso ilícito; seguido por Caquetá,
con 4.511,46 hectáreas. Esta entidad advierte que el enclave productivo Frontera Putumayo, que se ubica en el límite de la frontera con Ecuador, contiene el 25,5 % de la coca de la región y el 5 % del total nacional sembrado. Por su parte, Vaupés, Guainía y Amazonas, si bien han registrado bajos índices de hectáreas de siembra de cultivos de coca, son territorios fundamentales para el tráfico por parte de actores ilegales.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 en Putumayo se registró un total de 24.972,91 hectáreas de cultivos de coca, siendo el departamento amazónico con mayor extensión de cultivos de uso ilícito; seguido por Caquetá, con 4.511,46 hectáreas. Esta entidad advierte que el enclave productivo Frontera Putumayo, que se ubica en el límite de la frontera con Ecuador, contiene el 25,5 % de la coca de la región y el 5 % del total nacional sembrado. Por su parte, Vaupés, Guainía y Amazonas, si bien han registrado bajos índices de hectáreas de siembra de cultivos de coca, son territorios fundamentales para el tráfico por parte de actores ilegales.
¿La deforestación en la Amazonia se puede explicar por los cultivos de coca?
Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), existe una relación compleja entre la deforestación y los cultivos de uso ilícito. “En algunas regiones, los dos fenómenos, deforestación y coca, se concentran en la misma zona; en otras regiones, la coca se concentra en sitios ya deforestados, y en otras, la deforestación no está asociada a los cultivos de coca”. Esta idea la corroboraron diferentes líderes de la región, quienes le adjudican a la ganadería y a los grandes acaparadores la principal responsabilidad de la deforestación.
Lo que está claro es que los cultivos de coca inciden en la destrucción de los bosques en la medida que permiten abrir la puerta a otras actividades productivas con mayor impacto directo, como la ganadería. Por ejemplo, Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), mencionó que se ha evidenciado la transición de cultivos de uso ilícito a ganadería, debido a que esta segunda actividad económica no contiene la connotación negativa e ilegal que tienen los cultivos de coca. Asimismo, los cultivos de uso ilícito se han relacionado con la construcción de vías clandestinas y la aceleración en la transformación de bosque a agricultura con el fin de legitimar sus actividades y lavar activos.
No se puede establecer una relación directa entre el aumento de la pérdida de bosque en los años posteriores al proceso de paz y el establecimiento de cultivos de coca.
Según Cealdes, la dinámica de la deforestación a raíz de los cultivos de uso ilícito varía cuando se ponen en el radar a los parques nacionales naturales (PNN). Si bien el número de hectáreas a nivel regional aún no parece ser importante, sí existe una correlación entre la pérdida de bosque y el aumento de los cultivos de uso ilícito dentro de áreas protegidas. En particular, Cealdes resalta el caso del PNN Sierra de La Macarena, un área protegida marcada, entre otras cosas, por el establecimiento de cultivos de coca. Y en el parque natural La Paya, ubicado en el departamento del Putumayo, el área sembrada por cultivos de uso ilícito presentó un incremento del 49 % en 2018, según la FIP. Esta entidad explica en su último reporte que el 47 % de los cultivos de coca en Colombia están en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), zonas de reserva forestal de resguardos indígenas y tierras de comunidades negras.
Las políticas del Gobierno
Según la FCDS, el 50 % de la deforestación histórica del país está ubicada en zonas de conflicto armado. Entre 2017 y 2018, algunos municipios, entre ellos La Macarena, presentaron un aumento de eventos asociados al conflicto armado que coincide con sus indicadores de deforestación. Por eso, el Estado colombiano se ha empeñado en perseguir a los cultivadores de coca. En las últimas tres décadas han primado las acciones militares y estrategias como el uso de glifosato para erradicar la coca, políticas que han generado tensión con la población campesina y daños en los ecosistemas.
De acuerdo con María Alejandra Vélez, directora del Cesed, el uso del glifosato como método de erradicación ha tenido graves efectos. “Hay riesgos para la salud que no son bajos ni mitigables”, dijo la directora, y agregó que el glifosato está clasificado como “probablemente cancerígeno” desde el 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sobre los ecosistemas, Vélez señaló que existen efectos nocivos en ríos, bosques y amenazas directas a la vida de especies como mariposas, peces y ranas.
De otro lado, Vélez señala que, como método de erradicación, las fumigaciones han ocasionado la propagación de cultivos a nuevas ubicaciones, causando deforestación en otros lugares. Según la directora, esta medida “ataca el eslabón más débil que menos ganancia le aporta a la economía ilícita de la cocaína (no afecta las finanzas de los narcotraficantes o grupos armados) y no es costo-efectiva para disminuir los cultivos de uso ilícito”. De hecho, un informe de Naciones Unidas señaló que en el periodo de 2001 a 2005 —época de fumigación con glifosato— en la región del Meta-Guaviare, el 52 % del área de cultivos de uso ilícito detectada correspondía a lotes nuevos de coca.
Los seis departamentos que constituyen la región amazónica han estado relacionados con la dinámica de los cultivos de coca en alguna de sus etapas: producción, procesamiento, cristalización, comercialización o tráfico.
¿Y el Pnis?
Con el acuerdo de paz, el Gobierno instauró el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Este programa tiene como objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos alternativos. De acuerdo con el último informe de la UNODC, presentado en agosto de 2020, bajo el Pnis han sido erradicadas 36.965 hectáreas de manera voluntaria. Del total erradicado, el 25,9 % se reporta en el Putumayo, convirtiéndolo en el departamento que más hectáreas ha erradicado voluntariamente según este informe.
En palabras de María Alejandra Vélez, el Pnis, por ahora, ha resultado más beneficioso que otras estrategias. Por ejemplo: mientras que el porcentaje de resiembra con aspersión es del 36 %, con el Pnis es de 0,8 %. Por otro lado, el costo de retomar la fumigación ronda los 72 millones de pesos por hectárea, casi el doble que la sustitución voluntaria (40 millones por familia). No obstante, de acuerdo con el último informe de la FIP, aunque el Pnis ha avanzado en la erradicación voluntaria y asistida, en general no muestra grandes avances en la sustitución, lo cual puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos, sobre todo en el noroccidente amazónico.
El último informe de UNODC reporta que el Pnis ha cumplido con el 91 % en pagos de seguridad alimentaria, 82 % en asistencia técnica y 6,7 % en proyectos productivos de corto y largo plazo. Al respecto, la directora del Cesed señala que “el porcentaje de cumplimiento de los proyectos productivos sigue siendo muy preocupante, y son justamente estos proyectos la garantía para que no se presente resiembra”.
MINERÍA
En las inmediaciones del municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía, está un majestuoso tesoro nombrado hace más de 200 años por Alexander Von Humboldt como “la estrella fluvial del oriente”. En este punto se encuentran tres ríos de diferentes colores: el Guaviare, el Inírida y el Atabapo, este último perteneciente al territorio venezolano. La unión de estas tres corrientes da origen al gran río Orinoco, uno de los más largos del continente y el tercero más caudaloso del mundo.
Esta zona es una de las más biodiversas del país. No obstante, debido a su riqueza en minerales como oro y coltán, este territorio hacía parte de las 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia reservadas para proyectos mineros. Fue solo hasta 2014 que este ecosistema pudo respirar nuevamente, pues ese año el Gobierno
colombiano declaró la estrella fluvial como sitio Ramsar, esto quiere decir que su reconocimiento ambiental pasó a una escala internacional y debe ser protegido de las economías extractivas.
Esta zona es una de las más biodiversas del país. No obstante, debido a su riqueza en minerales como oro y coltán, este territorio hacía parte de las 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia reservadas para proyectos mineros. Fue solo hasta 2014 que este ecosistema pudo respirar nuevamente, pues ese año el Gobierno colombiano declaró la estrella fluvial como sitio Ramsar, esto quiere decir que su reconocimiento ambiental pasó a una escala internacional y debe ser protegido de las economías extractivas.
Pese a las medidas de protección, en la Amazonia colombiana se ha evidenciado que en las zonas donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, la pérdida de bosques fue una o dos veces mayor en el periodo de 2000-2015, en comparación con los puntos donde no se realizan actividades de extracción minera. Así lo corrobora la investigación del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
El World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) encontraron que en la Amazonia colombiana en las zonas donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de bosques en el periodo de 2000-2015, respecto de las tierras sin minería.
Minería legal en la Amazonia
Una investigación del WRI encontró que las concesiones mineras a gran escala cubren más del 18 % de la Amazonia continental. En 2018, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Nacional de Minería, se registraron 188 títulos mineros en 122.571,49 hectáreas de la Amazonia colombiana. Estos datos registraron un decrecimiento en los títulos mineros en relación con años anteriores. Pese a esto, la solicitud de licencias mineras mostró un aumento en 2018: se registraron en total 527 solicitudes, lo que equivale a 846.603,42 hectáreas.
Los 118 títulos mineros adjudicados se ejecutaron en mayor medida en los departamentos de Caquetá y Putumayo, seguidos por los departamentos de Guainía y Guaviare. Sin embargo, vale la pena resaltar que, en términos de superficie otorgada para la minería, Guainía es el departamento con mayor número de hectáreas tituladas. Según los registros, estos títulos buscan extraer piedras preciosas y semipreciosas, como el oro; metales de diferentes categorías, entre ellos el cobre, hierro y coltán; minerales industriales, a decir, roca fosfórica, sales de potasio y magnesio y minerales energéticos como el carbón.
Según el Sinchi, muchos de los títulos mineros se desarrollan en áreas de protección especial, como los resguardos indígenas. En particular, esta entidad reporta que hay presencia de extracción minera legal en los resguardos de Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, ríos Cuiari e Isana, selva de Matavén, Tonina, Sejal, San José, Vaupés y Vegas de Santana, entre muchos otros.
Pese a que en el papel cerca del 66 % del territorio de la Amazonia se encuentra declarado bajo alguna figura de protección especial, en terreno la situación es diferente. Como explica el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, en los resguardos es legal hacer minería, contrario a lo que ocurre con los parques naturales y áreas protegidas en la Amazonia, que legalmente son zonas excluibles de la minería. Esto quiere decir que, en términos reales, solo el 18 % del territorio amazónico está declarado como área protegida de la minería.
El caso del parque Yaigojé Apaporis
El Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis está ubicado en la cuenca del río Amazonas y tiene una extensión de 1’055.740 hectáreas, en las que habitan 19 comunidades indígenas. Antes de su constitución en 2009, este PNN era en realidad un resguardo indígena: la Reserva Forestal Yaigojé Apaporis. En 2007, cuando aún se reconocía legalmente como resguardo, una empresa canadiense, Cosigo Resources, solicitó al Gobierno una concesión minera para realizar extracción de oro dentro de este territorio. Ante esta situación, pueblos indígenas del resguardo pidieron al Gobierno declarar esta zona como un parque nacional natural, formalización bajo la cual la minería se encuentra prohibida.
A pesar de que el parque se constituyó en 2009, solo fue hasta el 2015 que la Corte Constitucional ordenó la suspensión de todas las actividades de exploración y explotación minera en este territorio. Finalmente, en este año, al cambiar la naturaleza del territorio de resguardo a parque, los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis lograron impedir la incursión minera en sus tierras.
En 2018, nueve años después de su constitución como parque natural, se instauró un Régimen Especial de Manejo (REM) en esta área protegida. Este régimen permitió a los indígenas retomar su voz sobre el manejo del territorio con Parques Nacionales, algo que no sucede en todos los parques, pues lo usual es que el Gobierno asuma todo el plan de manejo. Si bien este es un caso especial de gobernanza ambiental, las comunidades indígenas han perdido territorio por cuenta de la minería ilegal y por disputas locales sin resolver.
Minería ilegal en la Amazonia
De acuerdo con el Sinchi, en la Amazonia colombiana la minería ilegal ha atravesado diversas bonanzas durante las últimas tres décadas. A la fecha, se han evidenciado varios puntos en donde se realiza esta actividad. En particular, el instituto Sinchi identifica cinco zonas que son claves para el desarrollo de la minería ilegal: la zona de Caquetá y Putumayo, el río Caquetá, el río Cotuhé, Vaupés y Guainía. Según Raisg, la incidencia de la minería ilegal en la Amazonia, especialmente en los territorios indígenas y áreas naturales protegidas, ha crecido exponencialmente en los últimos años debido al alza del precio del oro.
En la minería ilegal se destacan dos técnicas de extracción. Las dragas, una maquinaria que tiene la capacidad de retirar gran cantidad de material de las orillas de los ríos, técnica que impacta gravemente los afluentes hídricos al aumentar su cauce, y las balsas, que son embarcaciones que extraen los minerales de forma artesanal. Una balsa usualmente funciona con el trabajo de seis a ocho personas que desempeñan diferentes labores. Entre ellas se encuentra el buzo, quien está a cargo del oficio más peligroso: operar la manguera de succión con la cual se dirige hacia el fondo del río. El buzo y su equipo se encuentran en la parte baja de la cadena de valor y reciben solo una pequeña parte de las ganancias.
El oro extraído del fondo de los ríos es comercializado por grandes comerciantes que tienen los recursos para sacar el producto a zonas donde pueden negociarlo a un mejor precio, y son quienes reciben la mayor parte de la utilidad. El oro, extraído de manera ilegal, se legaliza bajo diferentes mecanismos, ya sea vendiéndolo a grandes joyerías con falsos permisos de explotación o declarándose como extraído en zonas autorizadas.
Según Gaia Amazonas, la minería ilegal históricamente ha sido una de las principales fuentes de financiación de las Farc y hoy en día se vincula directamente con las disidencias de este grupo armado. Asimismo, de acuerdo con la Fundación Heinrich Böll, la extracción ilegal de minerales se convirtió en una fuente principal para la financiación de las actividades de los actores ilegales que operan en el Amazonas.
La minería ilegal, principalmente de oro, ha sido una de las principales fuentes de financiación de las Farc y hoy en día se vincula directamente con las disidencias de este grupo armado.
¿Cómo se ha enfrentado la minería en la Amazonia?
Algunos estudios han demostrado que, en todo el país, el 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria se realiza bajo la ilegalidad y en escenarios caracterizados por el abandono estatal. El gobierno actual, como respuesta a las actividades de minería ilegal, ha desarrollado una estrategia denominada ‘burbujas ambientales’, con la cual busca, por medio de la militarización, reducir el impacto de algunas economías ilegales, entre las cuales se encuentra la minería.
No obstante, de acuerdo con Gaia, hay una tendencia de aumento de las actividades mineras ilegales, sobre todo en el nororiente amazónico colombiano, en la zona que limita con Venezuela y Brasil. Esta dinámica, según la fundación, tiene que ver precisamente con el aumento en la presión del Estado en contra de la economía ilícita de minerales, lo que ha ocasionado el desplazamiento de estas actividades hacia las fronteras. Además, el enredo legal en la Amazonia les ha dejado las puertas abiertas a grandes consorcios mineros.
Una draga, una motosierra o miles de galones de gasolina pueden acabar con los bosques amazónicos. Es lo que sabemos. Pero detrás de esos bosques, como en pocas ocasiones se dice, está la vida misma del planeta. En la estrella fluvial del Inírida, por ejemplo, se han registrado 903 especies de plantas, 200 de mamíferos y 476 de aves. La nutria, el jaguar y el delfín rosado, por solo mencionar algunas, ya se encuentran amenazadas por el cambio devastador de su hábitat natural. Esta transformación, si no se detiene, terminará por acabar con el agua y los recursos.
víctimas y deforestadores
Mientras el país avanza en la judicialización de las personas que talan los bosques de las áreas protegidas, reverdece todo un conflicto social. Se revelan omisiones del Estado que hoy, al parecer, se están corrigiendo.
Ver artículoAmazonia: una selva que arde
Esta investigación periodística, elaborada con la academia y diversos expertos, muestra cómo y quiénes están acabando con este bosque clave para enfrentar el cambio climático. Aborda, además, los conflictos sociales —incluso en pandemia— que han surgido cuando se busca detener su desaparición.
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