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‘Zar’ de raciones, en líos por intento de meter celulares a cárceles
Celulares incautados

El Inpec descubrió los celulares, cargadores y USB en una inspección de rutina. La empresa dice que no va a responder por la conducta de sus empleados.

Foto:

Archivo particular

‘Zar’ de raciones, en líos por intento de meter celulares a cárceles

Firma podría perder contratos, su dueño dice que despidió a empleados y que actúa apegado a la ley. 

En medio de un procedimiento rutinario de requisa, los guardianes del Inpec se encontraron con una sorpresa mayúscula, el sábado 28 de febrero, tras revisar una nevera que debía llevar raciones carcelarias y que estaba a punto de cruzar la reja de seguridad de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

En el refrigerador, en el que habían embalado verduras y tubérculos para preparar la comida de los 9.000 internos recluidos –varios de ellos narcotraficantes extraditables–, había una caleta en la parte trasera.

Cuando levantaron la tapa, el habitáculo estaba repleto de aparatos tecnológicos que están prohibidos dentro del establecimiento pero que entran de contrabando por tarifas que van desde los 2 millones de pesos hasta los 5 millones, dependiendo del móvil.

Los guardas se percataron de que tres empleados de la empresa que surte los alimentos habían escondido 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías para aparatos móviles.

El centro penitenciario y el propio Inpec, que libran una batalla para erradicar redes de extorsionistas y otras mafias que actúan desde las cárceles gracias a los móviles de contrabando que ingresan, abrieron de inmediato investigaciones internas para establecer quiénes eran los destinatarios de la mercancía. Además, informaron que se había echado a andar un procedimiento administrativo contra la firma involucrada en el caso.

Cárcel de Combita

Los celulares iban encaletados en una nevera que estaba a punto de ingresar a  la cárcel de Combita.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que los empleados pertenecen a Proalimentos Liber, firma de Jairo Humberto Becerra Rojas y de su familia. Tanto Becerra como su empresa están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro del expediente abierto por las irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá.

En el caso de los celulares de Cómbita hay otro antecedente fresco: otros dos empleados de Proalimentos Liber intentaron ingresar al menos 20 celulares de forma irregular a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. El ‘modus operandi’ fue similar: encaletaron los aparatos entre la comida que debían ingresar para las 4.500 internas del penal.

Ninguno de los casos dejó capturas o investigaciones de carácter penal porque, según explicaron en el Uspec, la irregularidad está en el intento de ingresar los teléfonos sin permiso, pero su porte no es en sí un delito.

Pero por tratarse de empleados de una misma firma, los dos episodios llevaron a la entidad a revisar la contratación de Proalimentos, para darlas por terminadas.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que en ninguno de los contratos –uno de 9.170 millones de pesos por la alimentación de Cómbita y otro de 15.046 millones de pesos por la de El Buen Pastor (ambos vigentes hasta mayo próximo)– existen cláusulas para terminarlos por este tipo de irregularidades.

Además, la firma está argumentando que son casos aislados y que los empleados involucrados ya fueron apartados de sus cargos.

Sin embargo, reporteros de este diario establecieron que se conformó un comité arbitral para que analice la terminación anticipada de estos dos millonarios contratos.

El proceso está a cargo de la Bolsa Mercantil, escenario en el que se desarrollan procesos contractuales entre proponentes y entidades públicas como la Uspec.

Además, se empezó a implementar una medida administrativa para que en las fichas técnicas de negociación y contratación se introduzca una cláusula que contemple que, más allá de cumplir con los controles de ingreso a cada cárcel, se pueda sancionar de forma directa a las firmas que incurran en irregularidades como las cometidas por los empleados de Proalimentos.

Clausuran cocina del Buen Pastor por comida en descomposición

Hace 15 días el Inpec descubrió el mismo modus operandi en el Buen Pastor.

Foto:

ARCHIVO EL TIEMPO

El expediente PAE

“Se busca que quien haya incurrido en hechos como estos no pueda presentarse ni siquiera en los procesos licitatorios. Ya estamos trabajando con la Bolsa Mercantil en las sanciones a las que haya lugar en los casos que se acaban de presentar, pero ya pedimos la terminación del contrato”, le confirmó a EL TIEMPO Ricardo Varela, director de la Uspec.

En el otro frente, el de la SIC, Becerra y su empresa figuran en la indagación que busca establecer si 18 empresarios, 10 contratistas y una asociación habrían direccionado al menos 21 procesos de contratación, por 1,5 billones de pesos, que supuestamente iban a beneficiar a 750.000 niños del sistema de educación pública de la capital durante las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Hasta el momento, los implicados han negado en la SIC su participación en hechos irregulares.

Y en el caso de los celulares, Becerra Rojas ha hecho saber que su firma actúa conforme a los parámetros legales y que los empleados que quisieron meter los celulares a las cárceles ya fueron despedidos.

Pero mientras Proalimentos y su presidente aseguran que tienen cómo demostrar que han actuado de buena fe y apegados a todos los parámetros legales, los procesos en el comité arbitral de la Bolsa de Valores y en la SIC están a punto de resolverse.

Por el primero podrían perder los jugosos contratos, y por el segundo tendrían que asumir millonarias multas y posiblemente enfrentar cargos penales posteriores.

La defensa de Proalimentos

Tras negar que sea uno de los zares de las raciones, Jairo Humberto Becerra, presidente de Proalimentos, advirtió que ni él ni su firma tienen responsabilidad con el intento de ingresar celulares a las cárceles de Cómbita y de El Buen Pastor: “Son hechos aislados cometidos por personas que no representan a la empresa y por los cuales tampoco se nos puede endilgar culpabilidad. Los responsables tienen que responder; ya los sacamos de la empresa”.

Dijo que su firma ha cumplido los parámetros legales de los contratos y que hay una persecución para intentar quebrarlo. Y calificó como injustas y desmedidas las acciones de la Uspec y de la Bolsa Mercantil que podrían derivar en la terminación de los contratos.

“Se nos quiere juzgar por algo que cometieron otros. De manera cumplida entregamos cada una de las raciones, jamás nos hemos saltado ninguna norma”, enfatizó.

Y advirtió que ya le dijo a la Uspec que si le terminan los contratos, cerraría la empresa -acogida a la llamada ley de reorganización- y se perderán 200 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

Sobre la investigación en la SIC, dijo que tiene un trasfondo político, pues dice que no hay pruebas en su contra y que no lo pueden condenar solo por el hecho de no quererse presentar a licitaciones que no eran viables: “La SIC solo tiene una instancia y si nos condena, a pesar de que no tiene ni una sola prueba, acudiremos a instancias internacionales para demostrar que lo que hay es un complot para acabar con una firma que lleva más de 25 años en el mercado”, aseguró.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @UEinvestigativTa

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