La carrera militar del coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes está temporalmente congelada por cuenta de un contrato que firmó para adquirir elementos de sanidad con miras a contener la pandemia del coronavirus entre miembros del Ejército.
Se suscribió el pasado 27 de marzo, por 200 millones de pesos, por el director de la Central Administrativa y Contable Regional de Medellín (Cenac) con Pacific Group and Business SAS, la cual nació hace un año en Bogotá con un patrimonio similar al monto del contrato.
La firma ofrece importar y comercializar desde franelas y cobijas hasta minas de todo tipo, granadas y otros artefactos militares.
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Entre los elementos adquiridos están los tapabocas N95, que son de uso exclusivo para personal del sector salud –incluyendo el militar– y por los cuales se comprometió a desembolsar 19 millones de pesos del monto global acordado, para adquirir 21 cajas de 20 unidades cada una.
Esto se traduce en que cada tapabocas terminó costando poco más de 45.000 pesos, cuando en el mercado mayorista no superan los 10.000 pesos por unidad, con los impuestos incluidos.
También se adquirieron productos como desinfectante de cloro, hipoclorito de sodio, alcohol industrial y hasta jabón antibacterial, pero, según las cláusulas avaladas por el coronel Baquero Jaimes, se terminarían pagando sobrecostos de entre el 10 y el 20 por ciento.
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“El Ministerio de Defensa ha determinado la centralización de la adquisición de elementos de protección e higiene para el sector Defensa, con el objetivo de robustecer los controles y la eficiencia en esta contratación. (…) Se suministrará toda la información contractual de este caso a los organismos de control”, enfatizó la cartera de Defensa en un comunicado en el que también confirma que el coronel Baquero fue apartado de sus funciones.
Se suministrará toda la información contractual de este caso a los organismos de control
EL TIEMPO investigó a la firma proveedora de este contrato, Pacific Group and Business SAS, y confirmó que está domiciliada en Bogotá y que su registro de operación es de febrero de 2019.
Su representante legal y propietaria, Luisa María Zapata Castiblanco (arquitecta de profesión), presentó ante estamentos oficiales las actividades económicas de la firma.
Estas van desde la comercialización de productos eléctricos, machetes, serruchos, sables, gas pimienta, baterías, llantas y carpas hasta equipos para análisis de identificación de voz, sistemas de armamento mayor y menor, artefactos navales y aeronaves.
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También ofrece la comercialización de granadas, proyectiles, minas de todos los tipos, material blindado, equipos de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo.
El domicilio de la empresa es Bogotá, así que se podría haber pagado un costo adicional por el transporte. De hecho, este será uno de los aspectos que el coronel Baquero y la señora Castiblanco tendrán que explicar ante las autoridades competentes.
EL TIEMPO llamó a la contratista para conocer su versión sobre los precios y el proceso de contratación, pero no ha respondido los mensajes.
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