La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de imponer una millonaria multa, por 295 mil millones de pesos, por la existencia de un acuerdo anticompetivito que permitió la adjudicación del contrato “Ruta del Sol Tramo 2', en una primera fase.
En la misma decisión, la SIC archivó las actuaciones contra funcionarios del grupo Aval a quienes les había formulado pliego de cargos en el 2018, porque se demostró que no tuvieron participación alguna en los actos relacionados con la Ruta del Sol II.
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Según la entidad, "hubo pagos irregulares, que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto".
La histórica sanción recae sobre la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Participaciones e Investimentos S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol); Concesionaria Ruta del Sol SAS en Liquidación (Concesionaria) y Gabriel Ignacio García Morales.
Andrés Barrero González, cabeza de la SIC .
Mauricio Moreno / ETCE
La millonaria multa se debe pagar de manera conjunta entre los sancionados según esta tabla.
EL TIEMPO
Además, se sancionó a cuatro personas naturales, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica: José Elías Melo Acosta ($393.991.455); Luiz Antonio Bueno Junior ($1.755.603.135); Luiz Antonio Mameri ($1.228.975.605); y Yezid Arocha ($ 185.521.470)
El resto de la sanción debe ser pagada por las empresas en porcentajes que aparecen en una tabla a la cual tuvo acceso este diario de manera anticipada.
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EL TIEMPO estableció que la decisión de la SIC contó con concepto favorable y unánime del Consejo Asesor de Competencia, en una sesión celebrado el 2 de diciembre de 2020.
Exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales, también es testigo de la Fiscalía.
EL TIEMPO
La investigación, adelantada por la Delegatura para la Protección a la Competencia de la SIC, contó con la colaboración del exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, en calidad de delator, quien confesó y señaló conductas violatorias del régimen de libre competencia económica durante la estructuración, adjudicación y ejecución de la Ruta del Sol II.
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Se desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.
José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, otro de los sancionados.
Claudia Rubio / EL TIEMPO
La investigación pudo corroborar y apoyarse en los actos de corrupción
reconocidos por Odebrechr en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) celebrado el 21 de diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos), que se desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.
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Los sobornos, como se sabe, se distribuyeron a través de una compleja red de empresas fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior.
Luiz Bueno (der.) Luiz Mameri y Luiz Da Rocha deben pagar millonarias multas a la SIC.
Archivo particular
En rueda de prensa, la SIC señaló que "encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol, a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un
acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, en favor de la Concesionaria y, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos".
(En contexto: Odebrecht: ordenan pruebas clave por supuestos giros a Campaña de 2014)Ese mecanismo, para la SIC, les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo.
Adicionalmente se encontró que, desde el primero de agosto de 2010 hasta el 10 de noviembre de 2017, los gerentes de CONSOL así como el 'controller' de la concesionaria, identificaron pagos irregulares que carecían de soporte o justificación, tanto en una fase inicial por pagos relacionados con “estudios adicionales” en la preparación de la oferta —DCS MANAGEMENT—, o posteriormente a la adjudicación con obras que no estaban asociadas con la ejecución del proyecto. Dichos pagos irregulares fueron puestos en conocimiento de José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana para esa época.
Melo Acosta fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por este caso.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) A varios investigados, la SIC les archivó el proceso por falta de evidencia en su contra. Entre ellos se encuentra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y al Grupo Aval.
En el caso de Sarmiento Gutiérrez, presidente de Aval, la SIC señaló que no tuvo participación en los hechos investigados. Luego de evaluar todas las pruebas recaudadas, descartó su responsabilidad en cualquier conducta relacionada con las irregularidades.
También se archivaron las actuaciones en contra de los demás ejecutivos del grupo Aval, a quienes se les había formulado cargos en 2018.
En comunicado oficial, Aval señaló que celebra que la decisión final de la SIC haya confirmado, "como lo ha sostenido a lo largo de los últimos años, que la empresa, sus directivos y funcionarios, no se les puede imputar responsabilidad alguna en este censurable caso".
Por su parte, el superintendente Andrés Barreto señaló que la sanción contra Corficolombiana se origina en las actuaciones de José Elías Melo y aseguró que el ex ejecutivo, hoy condenado por la justicia colombiana, "mantuvo en secreto y en concurso con Odebrecht" los sobornos, "procurando evitar el cumplimiento del control de su compañía y del grupo para el cual trabajaba".
Por estas actuaciones ilegales, que afectaron los intereses de su socio colombiano en la Ruta del Sol II, Odebrecht tuvo que reintegrarle en 2016 a Consol 33 mil millones de pesos que corresponden a las millonarias sumas desviadas.
El fraude fue puesto en evidencia gracias a las auditorías internas de la concesionario.
En un comunicado público Corficolombiana y Episol se pronunciaron sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Según destacaron las firmas del Grupo Aval, la decisión de la Superintendencia, aunque les impone sanción por uno de los cargos en la investigación "pone de presente que las pruebas recaudadas frente a Corficolombiana y Episol no las comprometen corporativamente en los actos investigados, en la medida en que sus órganos directivos competentes no aprobaron ninguna conducta ilegal para la adjudicación y posterior ejecución del contrato respectivo, ni mucho menos pagos irregulares a servidores públicos para obtener la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol".
En ese sentido, destacaron que "la graduación diferencial de la sanción impuesta por la SIC pone en un distinto plano de responsabilidad la conducta de Odebrecht - socio mayoritario y controlante de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S- y la de Episol, en su calidad de socio minoritario".
Esto, resaltan, "necesariamente descarta la existencia de un acuerdo entre los accionistas de la Concesionaria, para llevar a cabo prácticas contrarias a la libre competencia".
Este lunes, al anunciar la decisión, el Superintendente Barreto resaltó que fueron funcionarios de Corficolombiana "quienes alertaron sobre varios de los pagos irregulares”.
"El señor Javier Mejía, quien era funcionario de Consol en misión de Episol, en el 2015, se negó a autorizar pagos al Consorcio Sión, Consorcio Torrosa y RGQ Logistics”, dijo.
Señaló que esos pagos fueron dispuestos exclusivamente por decisión de Odebrecht.
En el comunicado, las dos firmas del Grupo Aval destacaron la decisión de la Super de archivar la investigación por el denominado cargo número 2 (aprovechamiento de un conflicto de interés). Esta decisión favoreció a Corficolombiana, a dos de sus funcionarios y a Episol.
"La decisión anunciada por el Superintendente no se encuentra en firme, por lo que Corficolombiana y Episol continuarán defendiendo hasta las últimas instancias su posición legal con el fin de demostrar su buen actuar y reputación, en defensa de sus principios y valores construidos por más de 60 años", señala el comunicado.
Las dos firmas expresaron su rechazo "a los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en Colombia y varios países del mundo", y recordaron que "se necesitó un lustro para conocer que Odebrecht era una máquina de corrupción con una División de Operaciones Estructuradas que lideraba y ejecutaba prácticas corruptas a nivel mundial". "Antes de conocerse sus ilicitudes, esta compañía gozaba de altísima reputación y era reconocida como modelo exitoso a nivel internacional", dijeron".
"A diferencia del actuar corporativo de Odebrecht, el país puede tener la certeza de que los valores corporativos de Corficolombiana y Episol impiden su participación en cualquier acto ilícito. Aunque esta decisión empieza a aclarar el asunto, no renunciaremos en nuestro propósito de que, al final de las todas las instancias, quede demostrado que Corficolombiana y Episol son ajenos a cualquier responsabilidad", concluye el comunicado.
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