Es cuestión de horas para que la cúpula de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sea notificada oficialmente de una decisión que sacudirá a la dirigencia de ese deporte y que podría terminar reconfigurando su alineación.
EL TIEMPO estableció, en exclusiva, que el propio superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, confirmará en todos sus puntos la millonaria sanción impuesta en julio pasado a 9 de sus miembros y a particulares por el entramado que se tejió para la reventa de boletas de las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018.(Lo invitamos a leer: Ramón Jesurún admite que dieron boletas a allegado de fiscal del caso ).
Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, ratificó la millonaria multa y ordenó traslado del caso a Fiscalía Y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mauricio Moreno
Se encontró probada la existencia de un acuerdo ilegal entre la Federación y las empresas Ticket Ya y Ticketshop a través del cual, en criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, idearon y ejecutaron un sistema que permitió desviar de forma masiva la boletería, con fines de reventa a precios muy superiores a los establecidos.
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Dicha trama incluyó la adjudicación direccionada del contrato de comercialización de las entradas a los partidos a Ticketshop, dándole acceso a información privilegiada, según consta en testimonios de al menos dos de los participantes.
El superintendente negó todos los recursos presentados por los apoderados de los investigados, incluyendo una acción de tutela y una solicitud de recusación en su contra, instaurada por Luis Bedoya
El superintendente negó todos los recursos presentados por los apoderados de los investigados, incluyendo una acción de tutela y una solicitud de recusación en su contra, instaurada por Luis Bedoya, el otrora poderoso presidente de la Federación, que ahora es procesado por recibir sobornos dentro del llamado ‘Fifagate’.
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Pero la decisión va más allá: se remitirá este lunes a dos fiscales que la han solicitado de manera directa, para evaluar posibles alcances en el campo penal.
De hecho, el ente acusador indaga el testimonio que EL TIEMPO reveló (desde 2019) sobre el supuesto pago de sobornos a miembros de la Federación para sellar el contrato de las boletas.(Además: Influenciadores: multas por disfrazar comerciales en redes).
Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO
Otra copia fiel de la decisión irá directo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, dentro del convenio de cooperación bilateral, debido a que uno de los sancionados, Luis Bedoya, está procesado en ese país dentro del llamado ‘Fifagate’.
Y otra copia se enviará al Ministerio del Deporte, para que se inicien los proceso administrativos a que haya lugar en contra de los miembros de la FCF.
Incluso, se le pedirá a la Judicatura investigar a uno de los abogados que entuteló a esa cartera para tumbar la sanción.
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En la decisión, la SIC desmonta, uno a uno, los reparos jurídicos de los apoderados de la Federación, incluidos los de Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, Jorge Fernando Perdomo, Juan Alejandro Hernández, Claudio Javier Cogollo Merlano, Elkin Enrique Arce Mena, Andrés Tamayo y Rodrigo José Cobo Morales. También, los de los particulares vinculados.
Los aficionados terminaron siendo víctimas de esta trama, pagando boletas por encima del precio.
EFE
Aunque la decisión se mantiene en reserva, EL TIEMPO estableció, por ejemplo, que el apoderado de Bedoya presentó una recusación contra el superintendente, el 22 de julio, mediante un correo electrónico que aparece enviado a las 16:58:38 de ese miércoles. Pero le fue negada porque, 10 minutos antes, a las 16:43:47 de la tarde de ese día, había presentado un recurso de reposición para tumbar la resolución sancionatoria inicial.
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Y la ley es clara en que una recusación se debe rechazar de plano si quien la instaura ya había actuado dentro del proceso en el que la presenta. Y como en las finales de infarto, los 10 minutos corrieron a favor del equipo de la Súper.
La Fiscalía busca establecer es si hubo o no irregularidades en el manejo de boletas para el Mundial.
EFE
Aun así, la Superintendencia analizó los argumentos de la recusación impulsada por Bedoya, desde el apartamento en Nueva York, donde permanece recluido, y se concluyó que no se configuró causal alguna de impedimento por las declaraciones que Barreto hizo sobre el tema. El mismo argumento usó la defensa de Jesurún y de otros procesados.
Para la SIC, tal como lo establecen sentencias del Consejo de Estado, no toda opinión, concepto o noticia tiene el peso para condicionar al juez o sembrar dudas respecto de su capacidad de decidir apegado a los hechos, a las pruebas y al ordenamiento jurídico.
(Más información sobre el tema: Nuevo escándalo salpica a cabeza de la Federación de Fútbol).
La Federación también alegó, sin suerte, que ninguna prueba permitía tener certeza de las conductas irregulares, más allá de una duda razonable.
La SIC también le pidió a la Judicatura investigar a un abogado que intrpuso tutela para tumbar la sanción inicial
Además, insistió en que a sus miembros se les estaba violando la presunción de inocencia por parte de “funcionarios parcializados que viciaron todo el proceso administrativo”. Incluso, señaló que en la resolución sancionatoria de primera instancia se tuvieron en cuenta pruebas que ellos no conocían, violándoles el derecho a la defensa y al debido proceso.
En este punto mencionan la indicación de Luis Bedoya a Rodrigo Rendón (dueño del Real Cartagena) sobre un valor concreto del anticipo que debía presentarse junto a la propuesta de Ticketshop, que a la postre se ganó el contrato. De hecho, la Federación alegó que la declaración de Rendón, en torno a que tenía el contrato asegurado, no se debió tener en cuenta porque este falleció sin que ratificara su declaración.
Hasta echaron mano de la pandemia para señalar que la situación financiera de la Federación es muy difícil por la suspensión de los partidos y que la multa impuesta a la entidad, en solitario, representaba el 12 por ciento de su patrimonio, en 2018.
Pero ningún argumento les prosperó, como tampoco los de otros implicados que incluso exigieron anular evidencia material hallada en computadores y celulares.
Para despejar dudas, la SIC fue clara en que delatores confesaron haber participado en un acuerdo anticompetitivo que contó con la participación de la Federación y en virtud del cual se les garantizó la adjudicación del contrato de boletería para la posterior reventa.
(Consute acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
César Carreño, de Ticketshop, se ha sostenido en que Rendón le garantizó la adjudicación del contrato, siempre y cuando se sentara con él para saber qué poner en la propuesta, ya que él tenía información y contactos en la FCF.
La Fiscalía, que ya les imputó cargos a varios particulares dentro del caso, también alista decisiones.
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