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Registraduría sigue bajo la lupa pese a frenar jugoso contrato
Alexánder Vega

Alexander Vega, registrador Nacional, frenó contrato de 120.000 millones de pesos para la elección de consejos juveniles tras una cumbre entre organismos de control y el presidente Duque.

Foto:

Prensa Registraduría Nacional

Registraduría sigue bajo la lupa pese a frenar jugoso contrato

Debe explicar por qué usó selección abreviada y calificó de seguridad nacional una elección juvenil.

Después de una cumbre de dos horas en Casa de Nariño, este martes se tomó la decisión de frenar el proceso contractual para las elecciones de Consejos Municipales y locales de Juventud.

Si bien su programación se había aplazado para el 7 de marzo de 2021, el proceso contractual –que asciende a 120.000 millones de pesos–, seguía su curso en medio de denuncias de supuesto direccionamiento.

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Sin embargo, tras una reunión entre el presidente Iván Duque, las cabezas de los entes de control y el registrador, Alexander Vega, todo quedó paralizado, bajo el argumento de que los recursos se deben priorizar para la atención de la emergencia sanitaria.

“Este año, los recursos públicos deben enfocarse prevalentemente a la contención de la más grave situación social experimentada por Colombia”, señalaron en un comunicado conjunto Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

Pero la decisión no sofoca las dudas que se plantearon en torno del proceso de contratación. Aunque para algunos cesó cualquier duda sobre el proceso, porque no hubo ejecución de recursos, fuentes de la Procuraduría aseguraron que los requerimientos hechos a Vega siguen abiertos.

Oferente único

En efecto, Liliana Caballero, delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, le ha enviado varios oficios a Vega pidiendo explicaciones.

(Lo invitamos a leer: Así opera la poderosa mafia trasnacional que ronda a la Registraduría)

EL TIEMPO tuvo acceso a la documentación y estableció que en uno de ellos, del 14 de mayo pasado, se le hace una observación sobre el valor del contrato, cuyo monto específico ha llamado la atención.

Tras señalar que la cifra exacta del contrato es de 119.692.700.398, la delegada señala que “coincide integralmente con los presupuestos presentados por Thomas Greg, Carvajal, ASD e Indra”.

Y recuerda que la solicitud de cotización no es la única fuente de información que debe considerar la entidad para determinar el presupuesto oficial del proceso.

Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional informó que la elección de consejos juveniles quedó integralmente aplazado hasta el 2021.

Foto:

Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Dicha cuantía fue acogida por la Registraduría como el presupuesto oficial del proceso de contratación que dejaba a Thomas Greg como único oferente.

Por eso, la Procuraduría le pide a Vega que explique cómo y cuáles datos se tuvieron en cuenta para estructurar y elaborar el estudio de mercado que sustenta el proceso de contratación, condiciones de participación, criterios de evaluación y factores de puntuación.

La Procuraduría también está pidiendo que le expliquen por qué se van a destinar $ 83.703 millones en servicios técnicos, más de $ 6.484 millones en servicios de edición y materiales y más de $ 28.555 millones en servicios de alojamiento, transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Y llamó la atención que los tiempos y plazos del cronograma se debían reconsiderar, debido a la importancia de proceso contractual.

¿Cuáles son las razones jurídicas y técnicas que justifican que la Registraduría enfoque este proceso dentro de los necesarios para la defensa y seguridad nacional?

¿Seguridad nacional?

Otra de las observaciones de peso que hace la Procuraduría es el por qué se acude a la modalidad de selección abreviada para este contrato, bajo el argumento de que se trata de un tema de defensa y seguridad nacional.

“¿Cuáles son las razones jurídicas y técnicas que justifican que la Registraduría enfoque este proceso dentro de los necesarios para la defensa y seguridad nacional?”, le pregunta la delegada a Vega en otro de sus oficios.

Una de las críticas que se le hace a ese proceso es que la Registraduría nunca publicó las observaciones de otros proveedores interesados.

Además, se recusó a su gerente de informática, Alejandro Campo Valero, por haber trabajado en Thomas Greg & Sons, la firma que quedó como única oferente. Sin embargo, la recusación no prosperó.

En cualquier caso, Vega dijo en su comunicado que, una vez culmine la emergencia sanitaria, se retomaran las actividades de preparación y logística de esas elecciones.

Mientras tanto, el fiscal general, Francisco Barbosa; el contralor, Felipe Córdoba y el procurador, Fernando Carillo, celebraron que se haya aplazado el proceso integralmente el proceso para el 2021, dándole prioridad a la inversión de recursos en la emergencia sanitaria.

(Lea aquí los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Esta es la primera vez que entes de control y el ejecutivo intervienen de manera directa para que se aplace la contratación de un proceso electoral, en el que se iban a poner a prueba elementos tecnológicos de punta, según dijo Vega.

UNIDAD INVESTIGATIVA
​@UInvestigativaET
u.investigativa@eltiempo.com

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