Un grupo de peritos e investigadores de la Dijín llegó hace 12 días, de manera discreta, a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Una vez allí, pidieron acceder a documentos y archivos e hicieron varias e insistentes preguntas sobre las personas que viajaron al Mundial de Rusia 2018.
Tras solicitar una copia fiel de la relación de boletas que se entregaron para que dirigentes deportivos e invitados asistieran a los partidos, los investigadores pidieron hablar con Ramón Jesurún, presidente de la FCF.
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EL TIEMPO estableció que la inspección al máximo ente del fútbol nacional está relacionada con una de sus funcionarias, la cual tuvo en sus manos la investigación por la reventa de boletas para las eliminatorias a ese mundial.
Lo que los investigadores buscan establecer es si una de las fiscales que llevó el caso en sus inicios –Yajaira Cáceres Pacheco– recibió o no algún tipo de dádiva por parte de los miembros de la FCF, a quienes el Ministerio del Deporte ha pedido que investiguen por el caso de la reventa de boletas.
La indagación la adelanta la Fiscalía, y la Dijín actúa en calidad de policía judicial. De hecho, recientemente se ordenaron interceptaciones de celulares dentro del caso.
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Tal como lo reveló EL TIEMPO en mayo pasado, ya se estableció que a la entonces fiscal –quien lideró casos como el del suicidio del estudiante Sergio Urrego por discriminación y participó en el equipo que ubicó a alias Guacho– le tramitaron desde la Federación el Fan ID que exigía el gobierno de Rusia para aprobar la visa de quienes asistían al mundial.
Boletas de la Selección Colombia en juegos anteriores.
Jaime Moreno/EL TIEMPO
Pero Cáceres, nacida en Cúcuta, aclaró que se trató de un trámite gratuito y que le pidió el favor a su paisano Claudio Javier Cogoyo, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, para que se lo ayudara a realizar.
Además, fue enfática en aclarar que si bien estuvo con su pareja en el Mundial, tienen todos los soportes contables de que pagaron de su bolsillo los viajes, hoteles y boletas para los partidos.
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Con esas declaraciones y con el poder que le otorgó al penalista Julián Quintana, muchos creyeron que el tema se había conjurado.
Pero los investigadores han recaudado testimonios y fotos que tienen viva la investigación de crácter interno.
Hace 12 días, un grupo de la Dijín inspeccionó la sede de la Federación de Fútbol y le tomó declaración a Ramón Jesurún
Aunque el acta de la diligencia de hace 12 días aún no ha sido remitida a la Fiscalía, EL TIEMPO estableció que la Dijín le preguntó a Jesurún directamente por la exfiscal Cáceres, y él admitió que la conocía por haber adelantado el caso en sus inicios.
Además, enfatizó que ni en ese entonces ni ahora la FCF es investigada penalmente.
Al respecto, la propia exfiscal le dijo a EL TIEMPO que asistió a partidos de las eliminatorias (como el de Brasil-Colombia) con una credencial de la Federación, porque estaba haciendo labores de inteligencia, encubierta, por el caso de la reventa.
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Incluso, en el expediente hay un par de fotos de Cáceres en la pista atlética del estadio de Barranquilla, en uno de los partidos de las eliminatorias.
Pero, Jesurún manifestó que había autorizado la expedición de tres boletas dobles para los partidos de la primera ronda del Mundial de Rusia para una persona que, según los investigadores, es allegada de la exfiscal.
Sin embargo, en la diligencia quedó dicho que fueron más de mil boletas de cortesía que se dieron y que no sabía quién había solicitado esos tiquetes.
EL TIEMPO se comunicó con la Federación y voceros autorizados dijeron que no se van a pronunciar sobre la inspección, pero recordaron que ni Jesurún ni algún miembro de la FCF han sido vinculados al proceso penal.
No obstante, en julio pasado sí fueron sancionados con millonarias multas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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EL TIEMPO se comunicó con el abogado Julián Quintana, apoderado de la exfiscal, quien aseguró que no han sido citados aún a la legalización de ninguna inspección.
Por tanto, desconocen qué pudo haber dicho o no Jesurún.
Pero ratificó que su clienta no recibió ninguna dádiva de miembros de la FCF, que asumió todos los gastos de su desplazamiento a Rusia y que su conducta es impecable y ceñida a la ley.
De manera paralela, al inicio de la semana, la Fiscalía hizo un nuevo avance en la investigación por la reventa de boletas.
En esta ocasión le imputó los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir al reconocido empresario de la costa Elías Yamhure Daccarett, uno de los socios de la empresa Ticket.
Investigadores tienen evidencia que indica que Rodrigo Rendón Cano (q. e. p. d.), propietario del equipo de fútbol Real Cartagena y Ticket Ya, obtuvo información privilegiada de la Federación para buscar socios y quedarse con la distribución exclusiva de las entradas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aportó pruebas de reuniones, llamadas y correos electrónicos en los que Rendón aseguró que ya habían supuestamente direccionado el contrato y así se logró que Ticketshop participara y que Elías José Yamhure Daccarett entrara como socio capitalista. En declaraciones ante la SIC, Yamhure dijo que si bien se llevó algunas boletas a Barranquilla, era por “una deuda moral”.
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“Les dije a los institucionales de Ticketshop en Bogotá: esas boletas me las mandas para Barranquilla porque los barranquilleros se merecen ver a Brasil porque fueron a ver Venezuela, Bolivia, Ecuador, palos en ventas. ¿Y se iban a vender en Bogotá? No, papitos”.
Ahora, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en la reventa de boletas para el partido entre las selecciones de Colombia y Brasil, que se jugó el 5 de septiembre de 2017, en la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.
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La investigación señala que 13.854 entradas habrían sido comercializadas por encima del precio definido, el cual era de cerca de $ 2.840 millones; el valor de venta superó los $ 5.900 millones, dejando una utilidad aproximada de $ 3.105 millones.
Adicionalmente, la Fiscalía constató que, ante la denuncia pública sobre la posible reventa, TicketYa ofertó a través de su página web 6.000 boletas al público, una cifra ficticia, porque –según el ente investigador– ese número de entradas nunca salió a la venta.
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