“De la manera más atenta y de acuerdo con lo hablado personalmente, me permito dejar a su disposición los documentos que se relacionan en este oficio que dan cuenta de la comisión de posibles hechos graves sucedidos en la División de Aviación del Ejército Nacional y empresas del sector público y privado”.
Así comienza la denuncia que el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla le envió al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el 14 de noviembre de 2017.
Para ese momento, ya estaba en marcha la llamada operación de contrainteligencia Bastón, que la semana pasada volvió a agitar el tema de la corrupción en las filas del Ejército y que buscaba identificar focos de corrupción incluso entre el generalato.
Inicialmente, fue bautizada como Dante y había avanzado considerablemente cuando se dio un cambio en el mando.
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“Antes de que varios miembros del grupo élite que adelantaban las operaciones fueran trasladados e incluso retirados, alcanzaron a enviar varios hallazgos a los entes de control”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de alto nivel.
Sin embargo, las investigaciones no avanzaron y Bastón se congeló. Versiones señalan que uno de los abogados de un grupo de militares involucrados terminó en un alto cargo en uno de los organismos que tenían la información.
Para esa misma fecha, Lasprilla le entregó al entonces ministro los nombres de tres coroneles y un teniente que le habían entregado siete carpetas con un total de 1.278 folios.
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El alto oficial pidió protección para los uniformados que la suministraron: “A usted, como hombre probo, le solicito muy comedidamente se brinde protección debida a los oficiales que valerosamente han entregado la documentación y a sus familias por las implicaciones que esto conlleva”.
También dijo que era urgente tomar medidas para “proteger los archivos que reposan en todas las dependencias y unidades de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército y oficinas afines, con el objeto de evitar manipulación, desvío o desaparición de pruebas documentales”, calificadas como determinantes.
Fuentes castrenses señalan que algunos de los contratos que Lasprilla le envió al entonces ministro Villegas estaban incluidos en ese dosier de Dante y Bastón.
Además, que con esa denuncia, intentaba desviar otras investigaciones.
En todo caso, Lasprilla le advirtió a Villegas que a la fecha del envío de los documentos no había investigaciones en su contra en ninguno de los organismos de control. Y entregó los nombres de otros dos coroneles y de tres tenientes que estaban listos a declarar.
Allegados a Lasprilla le dijeron a EL TIEMPO que aún hoy no tienen investigaciones abiertas en su contra.
El general Lasprilla le entregó la denuncia al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Carlos Ortega/ ELTIEMPO
“Algunos fueron enviados a agregadurías militares en otros países, trasladados y ascendidos, y tampoco se avanzó en la denuncia de Lasprilla”, señalaron fuentes castrenses.
EL TIEMPO estableció que, la semana pasada, el alto mando recibió un listado con los nombres de varios oficiales que siguen en las filas y que habrían engavetado varios de los expedientes de Bastón.
Y si bien la Contraloría General ya viene indagando algunos de los contratos, ha sido a través de sus auditorías y no por denuncias. Mientras tanto, la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en la revisión de información que el Comando del Ejército les remitió sobre la llamada operación Bastón.
El comandante de las Fuerzas Militares general Alberto José Mejía.
César Melgarejo / EL TIEMPO
Oficiales activos y retirados de la División de Aviación del Ejército salieron este fin de semana a responder las denuncias que, en 2017, hizo el general Jaime Lasprilla sobre malos manejos en la compra y alquiler de equipos.
La denuncia de Lasprilla, excomandante del Ejército, tomó relevancia luego de que un sector del Ejército asegurara que a la par con la llamada operación Bastón, otros sectores denunciaron millonarias irregularidades, sin tener efecto en los organismos de control.
Sin embargo, militares de alto rango le hicieron llegar a EL TIEMPO certificaciones del Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en las que funcionarios de turno aseguran que, tras indagar, no encontraron ninguna irregularidad.
Una de ellas fue Ivonne Jiménez García, contralora delegada para el sector defensa. En un oficio fechado el 17 de julio de 2018, dice que una vez analizadas las denuncias contenidas en un anónimo sobre presunto detrimento patrimonial en la adquisición de algunos equipos, no se había encontrado irregularidad alguna.
Específicamente, la funcionaria habla de los procesos de contratación para la adquisición y arriendo de unas instalaciones y hangares para los aviones pequeños del Ejército en Guaymaral, el entrenamiento en simuladores para la tripulación de helicópteros MI-17, los cursos de entrenamiento de altura o en montaña a gran altitud y la adquisición del combustible de aviación.
Para Jiménez “no se evidenciaron hechos o situaciones que configuren detrimento patrimonial”.
También hicieron llegar un oficio de la Procuraduría del 28 de mayo de 2018, en el que el procurador Fernando Carrillo resuelve inhibirse de adelantar actuación disciplinaria contra el general Alberto José Mejía, entonces comandante de Aviación del Ejército, y contra el mayor general Emiro Barrios.
Este es uno de los oficios de la Procuraduría en los que se señala que no se encontraron irregularidades.
EL TIEMPO
Según el oficio, la decisión se tomó tras evaluar información que había llegado en un anónimo. Finalmente, anexaron un oficio de la Fiscalía en el que se ordenó el archivo de esa misma investigación por “atipicidad de la conducta”.
Y hay otra decisión de la Procuraduría, también basada en un anónimo, en la que el ente disciplinario emite un auto inhibitorio de archivo y prescripción de otra investigación contra oficiales de la División de Aviación, entre los que aparecen los mayores César Gómez, Andrés Fernández Osorio, Andrés Córdova Vallejo y el oficial Wilson Arévalo. En este caso, la indagación también partió de un oficio que llegó a control interno del Ministerio de Defensa.
El oficio de la Fiscalía está firmado por la fiscal delegada ante la Corte Sandra Ramírez, lo que llama la atención es que las tres certificaciones están basadas en investigaciones hechas a partir de anónimos y en ninguna se menciona la denuncia hecha por Lasprilla.
Gente cercana al general (r) asegura que los oficiales que él pidió que fueran llamados a declarar nunca fueron citados.
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