¿Por qué no cuadran cifras de Gobierno y ONU sobre masacres?

¿Por qué no cuadran cifras de Gobierno y ONU sobre masacres?

Organismo las contabiliza cuando hay 3 muertos o más; el Gobierno con 4. Hubo lapsus en caso Dilan.

Guterres y Duque

El secretario de la ONU, António Guterres, y el presidente Iván Duque se reunieron este lunes en Nueva York, donde se ratificó un acuerdo de cooperación.

Foto:

Justin Lane. EFE

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
11 de marzo 2020 , 12:06 a.m.

Ni el Gobierno ni Naciones Unidas, ni las diferentes orillas políticas del país desconocen que a Colombia regresaron las masacres.

Además, que el asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos es una tragedia que ya le ha costado al país varios llamados de atención de la comunidad internacional, así como la muerte del estudiante Dilan Cruz, en plena marcha de protesta.

Dilan Cruz

Dilan Cruz falleció tras recibir un impacto de un arma activada por un miembro del Esmad.

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Instagram: @ _dilan88_

Sin embargo, Gobierno y Naciones Unidas se trenzaron hace dos semanas en una polémica con visos internacionales sobre las cifras de la violencia en Colombia y las políticas de implementación del acuerdo de paz con las ex-Farc.

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Los roces escalaron a tal nivel que miembros del oficialista Centro Democrático –como Ernesto Macías y María Fernanda Cabal– llegaron a exigir la salida de Colombia de ese organismo multilateral.

Este lunes, tras la tormenta, se reunieron en Nueva York el presidente Iván Duque y el secretario general de la ONU, António Guterres. Al cabo de 40 minutos de reunión, Duque dijo que “las relaciones entre Colombia y la ONU atraviesan por un muy buen momento” y anunció el cierre de un acuerdo marco de trabajo que va hasta 2023, lo que despeja cualquier suspicacia sobre la salida del organismo del país.

Alberto Brunori, representante de la ONU

Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

Foto:

Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

En todo caso, las diferencias siguen sobre la mesa. La génesis de la discusión entre el gobierno Duque y la ONU fue el informe anual del alto comisionado para los Derechos Humanos, presentado el 26 de febrero de 2020 por Alberto Brunori, representante de esa oficina en Colombia.

Aunque luego se conocieron otros dos reportes de oficinas ligadas a la ONU –que también cuestionan el panorama en el país–, lo dicho por Brunori y confirmado por su jefa, Michelle Bachelet, fue lo que levantó más ampolla.

Para establecer qué genera las diferencias, EL TIEMPO habló con Naciones Unidas, con al menos cinco funcionarios de alto nivel del Gobierno Duque y con expertos internacionales en la materia, y estableció que hay desde diferencia de criterios de medición y estadísticas hasta lapsus a la hora de dar la información.

Las relaciones entre Colombia y la ONU atraviesan por un muy buen momento

Las masacres

Brunori aseguró que durante el 2019 se registraron 36 masacres, con un total de 133 víctimas mortales.

Este diario le pidió al organismo internacional el listado, en el que este incluyó la de Jamundí, el 11 enero; barrio El Universal, de Barranquilla, el 26 de enero; Las Terrazas, en Barranquilla, el 2 de febrero; Ragonvalia, Norte de Santander, el 14 de febrero; Torcoroma III de Cúcuta, Norte de Santander, ese mismo día, y Caucasia, el 18 de febrero. La lista la completan Miranda, Cauca, el 4 de marzo; Corinto, Cauca, el 2 de abril; Ábrego, Norte de Santander, 28 de abril; Montería, Córdoba, 30 de abril; Segovia, Antioquia, el 25 de agosto; Tarazá, el 8 de diciembre, y Bolombolo, Antioquia, el 20 de diciembre, entre otras.

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Y agregaron que para ese organismo internacional se considera masacre la muerte de tres personas en adelante que mueran en el mismo sitio y a manos del mismo actor ilegal.

Y si bien en el listado del Gobierno aparecen varias de las masacres mencionadas por la ONU, su listado es de tan solo 23. ¿Cómo se esfumaron 13?

De manera oficial, el Ministerio de Defensa le dijo a EL TIEMPO que para el Gobierno, una masacre es cuando hay cuatro o más muertos y se clasifica como homicidios colectivos.

“Desconocemos cuál es la metodología que usa la ONU, más aún cuando hacen referencia a que es la cifra de masacres más alta reportada desde 2014, esto en el entendido de que los reportes de esa oficina de 2014, 2015 y 2016 no hacen mención alguna de esta clase de hechos”, explicaron voceros autorizados de esa cartera.

Naciones Unidas riposta diciendo que su definición de masacre responde a estándares internacionales.

En el caso, por ejemplo, de Dilan, llegamos a la conclusión de que pudo haber sido una ejecución

¿Dilan, una ejecución?

Además de diferencias conceptuales de fondo, en el caso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) también se encontraron errores, pero esta vez de forma. El Gobierno calificó de intromisión en la soberanía la sugerencia de la ONU de trasladar la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior para prevenir abusos.

Según la ONU, hay 15 casos de privación arbitraria de la vida, incluyendo el de Dilan Cruz, quien murió el 26 de noviembre de 2019, víctima de una munición activada por un miembro del Esmad.

Alberto Brunori dijo que hay indicios de que esto podría ser una ejecución, exacerbando aún más los ánimos.

En el caso, por ejemplo, de Dilan, llegamos a la conclusión de que pudo haber sido una ejecución”, dijo.

La Policía salió a quejarse de que la ONU nunca los visitó y de que desconocía los protocolos del Esmad. Además, de que, en el caso de Dilan, la Policía inició la investigación disciplinaria correspondiente, que fue asumida por poder preferente por la Procuraduría.

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“Así mismo, se lleva investigación penal en la Justicia Penal Militar (...), las autoridades competentes serán quienes determinen las responsabilidades individuales a que haya lugar”, dijo el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

Enfrentamientos con el Esmad en el Sur

El Esmad va replegando a los manifestantes siguiendo protocolos.

Foto:

César Melgarejo / CEET

También hicieron saber que, desde el 21 de noviembre de 2019, se han registrado 2.821 actividades de protesta social, de las cuales 852 han sido marchas; 1.084, concentraciones, y 165, bloqueos. “Del total, solo en 194 ha intervenido la Policía para restablecer el orden”, dijo el Ministerio de Defensa.

De manera paralela, voceros de la ONU indicaron que nunca habían dicho que la muerte de Dilan era una ejecución, como lo replicaron varios medios.

EL TIEMPO les pidió grabaciones de la rueda de prensa de Brunori a colegas (como Caracol Radio y RCN Radio), y en todos los audios se escucha que sí lo dijo, en un claro lapsus.

Brunori menciona el caso de Dilan Cruz

El relator de la ONU señaló que el caso del joven fue una ejecución.

Los líderes sociales

En el capítulo de líderes sociales se presenta una situación similar a la de las masacres.

Ni siquiera en Colombia las diferentes autoridades se han puesto de acuerdo en la definición de líder social, impactando directamente las estadísticas de muertos.

Para la ONU fueron 108 casos durante el año pasado, según trabajos hechos por sus equipos en terreno. Además, analiza otros 14 casos ocurridos en 2019 que podrían entrar en esta clasificación.

Fuentes del Gobierno le remitieron a EL TIEMPO un informe de la Fiscalía, presentado en enero en la Casa de Nariño, en el que se habla de 106 casos, una diferencia que, en términos de vida, es importante.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene un informe que habla de 134 casos en 2019, y en él advierte que está incluyendo a miembros de juntas de acción comunal que no son sumados en los listados de Naciones Unidas.

Implementación de la paz

Otro punto polémico está relacionado con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

Según la ONU, si bien se han implementado 16, observó “pocos avances y una mínima coordinación con otros programas relevantes, como el Plan de Reparación Colectiva, establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Además, dijo que dicha reforma debe contar con un presupuesto adecuado y no limitar su enfoque a los Pdet: “El presupuesto para el 2020 se redujo para todas las instituciones responsables de implementar la reforma”.

El apartado fue de inmediato refutado por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien le dijo a EL TIEMPO que tales afirmaciones desconocen por completo los avances e inversiones en la implementación de la paz.

Y agregó que la misma ONU administra recursos para reparaciones colectivas y que esos montos –entre 2019 y 2020– suman 4 millones de dólares.

Advirtió, además, que 170 de los municipios más golpeados por la guerra han diseñado sus planes de desarrollo junto con las bases de los Pdet.

Consejero Emilio Archila PDET

El consejero Emilio Archila asegura que hizo observaciones al informe que no fueron tenidas en cuenta.

Foto:

Ricardo Ajiaco

“Para estos lugares tenemos un presupuesto de inversión de 3 billones de pesos. Además, tenemos 700 obras ejecutándose y trabajamos con unos 8.500 excombatientes”, enfatizó el consejero.

Y se quejó de que, en su caso, envió comentarios al informe final de Brunori que no fueron tenidos en cuenta en su totalidad. La ONU respondió que algunas observaciones enviadas por distintas instancias del Gobierno sí fueron incorporadas al informe final.

A pesar de las diferencias, en la reunión Duque-Guterres se refrendó el compromiso de instalar mesas de trabajo para abordar de manera conjunta los temas de derechos humanos, de cara a los próximos informes independientes de Naciones Unidas.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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