Pelea entre JEP y Fiscalía por juzgamiento a políticos por corrupción

Pelea entre JEP y Fiscalía por juzgamiento a políticos por corrupción

Fiscal se niega a enviar caso de Á. Ashton por cartel de la toga. Tesis aplicaría para los 'Ñoños'.

Senador Álvaro Ashton

El senador Álvaro Ashton goza de libertad tras ser admitido en la JEP. Pero el caso por el 'cartel de la toga' no ha sido remitido por la Fiscalía a esa jurisdicción.

Foto:

Cortesía Colprensa

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
30 de enero 2020 , 09:47 a.m.

La suerte del veterano político barranquillero Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de convertirse en un precedente judicial para otros excongresistas, investigados por corrupción, que buscan los beneficios de esa justicia transicional.

Aunque Ashton ya completa cuatro meses en libertad, tras lograr que su proceso por nexos con grupos paramilitares fuera admitido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, aún tiene en vilo el caso que se le sigue por el llamado ‘cartel de la toga’.  

Si bien la JEP también pidió su remisión inmediata, Claudia Patricia Vanegas, la fiscal delegada ante la Corte Suprema que lleva ese caso, completa seis meses negándose a remitirlo.

Su argumento es que una investigación por presunta corrupción no es de la competencia de la JEP. Por eso, hace 8 días, Vanegas le pidió a la Corte Constitucional que dirima ese conflicto de competencias ya que, en su criterio, la JEP se está extralimitando en sus funciones.

“Si los políticos que enfrentan procesos de corrupción se van a deslizar a la JEP, van a acabar con la jurisdicción ordinaria, que es la que debe procesar esas conductas. Esos casos quedarían en la impunidad”, le aseguró a EL TIEMPO un experto en la materia.

Si los políticos que enfrentan procesos de corrupción se van a deslizar a la JEP, van a acabar con la jurisdicción ordinaria

Y agregó que, de manera hábil, se está echando mano de una supuesta ‘conexidad residual’ para vincular la corrupción con el conflicto armado y quedar en libertad.
Bajo esa tesis encuadrarían otros casos como los de Musa Besaile, quien ya fue aceptado en la JEP, y el de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien pidió pista en diciembre.

Besaile, también procesado por ‘el cartel de la toga’ y por ‘parapolítica’, anunció que revelaría detalles de nexos con ‘paras’, empresarios y exmagistrados de la Corte. Sin embargo, sigue preso.

Musa Besaile

Musa Besaile sigue preso, a pesar de obtener un cupo en la JEP.

Foto:

César Melgarejo/EL TIEMPO

¿Reversazo de la JEP?

Para la fiscal delegada que tiene el caso Ashton es claro que a la JEP solo van a parar los responsables de conductas ilegales que tengan nexo directo o indirecto con el conflicto, incluidas las cometidas por agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública y terceros civiles.

En criterio de la delegada, un presunto cohecho, por dar u ofrecer, como el que se investiga en el caso Ashton, no encuadra en ese escenario judicial.

“El interés de Ashton (con el ‘cartel de la toga’) era afectar la investigación penal adelantada en su contra, pero en ningún momento los presuntos sobornos fueron cometidos con ocasión, por causa, en relación o motivados por el conflicto armado”, anota Vanegas en su comunicación a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz.

Y asegura que, incluso, esa fue la tesis inicial de la propia JEP, cuando el 7 de mayo de 2018 rechazó la primera postulación de Ashton a esa jurisdicción.

En efecto, en esa ocasión se dijo que el delito de cohecho es común y que su conexidad con el conflicto se hallaba ausente en el caso de Ashton.

“No se consta cómo un presunto acto de corrupción puede resultar conexo con el conflicto armado ni cómo el conflicto influyó, determinó o jugó un papel sustancial en el señor Ashton para que hiciera el supuesto ofrecimiento económico”, anotó la fiscal Vanegas, haciendo alusión a la resolución 083 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

Apelación y esguince

Sin embargo, la fiscal dice que la JEP varió su postura al señalar que, respecto al cohecho, se podría aplicar “un análisis de baja intensidad” de un delito común (fuera de la órbita de la JEP).

Así las cosas, la JEP cree que la relación con el conflicto armado “podría derivarse del móvil que determinó la intención del solicitante para tratar de encubrir con un manto de impunidad las alianzas delictivas celebradas entre políticos, empresarios y paramilitares del departamento del Atlántico (...), lo que evidenciaría una eventual conexidad consecuencial entre los delitos de concierto para delinquir y el cohecho”.

Por su parte, la fiscal señala que el cohecho se cometió a finales de 2013, cuando las autodefensas o ‘paras’ ya no eran un actor del conflicto interno.

En efecto, el último de sus bloques se desmovilizó en agosto de 2006, y el escándalo del ‘cartel de la toga’ tuvo su origen muchos años después.

“En estas condiciones encuentra esta delegada que se halla acreditada la falta de competencia de la JEP y por ende su extralimitación de funciones al asumir el conocimiento de esta investigación”, le señala Vanegas a la Corte Constitucional.

Y califica de inadmisible que se pretenda sustituir el nexo objetivo entre el cohecho y el conflicto armado por un nexo psicológico entre esa conducta y el concierto para delinquir.

La Procuraduría respaldó la postura de la Fiscalía y apeló la decisión de la JEP de solicitar el expediente. Pero la Sección de Apelación mantuvo la orden.
Por eso, ahora se pide que sea la Corte la que dirima el conflicto de jurisdicciones, “para dotar de seguridad jurídica a los afectados y a toda la sociedad”.

El alto tribunal se pronunciará en los próximos días, como ya lo hizo cuando decidió que la administración de los bienes que las Farc no entregaron en el proceso de paz quedara en cabeza de la Fiscalía.

Bernardo Miguel el ‘Ñoño’ Elías

El exsenador se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

Los otros casos cuya jurisdicción se tendría que revisar

Aunque, por ahora, la Corte Constitucional solo entraría a revisar el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la JEP, en el caso por cohecho de Álvaro Ashton, fuentes del ente acusador señalaron que se sentaría jurisprudencia sobre otros procesos por corrupción que intentan saltar a la JEP.

Allí se enmarcaría, por ejemplo, el caso del político cordobés Musa Besaile, capturado en agosto de 2017, dentro del proceso que se le sigue por intentar sobornar a magistrados de la Corte Suprema para que le engavetaran la investigación que le llevaban por sus nexos con paramilitares.

En enero de 2019, Besaile solicitó su ingreso a la JEP y, un año después, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas admitió su sometimiento por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y peculado por apropiación.

“Los delitos por los cuales fue admitido también tienen que ver con los hechos que investiga la Corte Suprema, que generaron actos de corrupción con algunos miembros de esa corporación”, anunció la propia JEP hace una semana.

Y se ventila la misma tesis que en el caso Ashton: “Estos actos apuntaban a encubrir la investigación en su contra por nexos con los paramilitares y buscar su impunidad”.

Aunque Besaile anunció que daría detalles sobre las estructuras paramilitares con las que tuvo relación para su elección como congresista, con otros agentes del Estado y con empresarios de su departamento, así como con hechos de corrupción en los que participó con miembros de la Corte Suprema, no se le concedió la libertad.

Permanece recluido en el Batallón de Artillería de Bogotá.

La decisión en torno al caso Ashton y el cohecho también podría afectar la carrera de Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías hacia la JEP.

En diciembre, su defensa manifestó que las conductas ilícitas por las que Ñoño Elías ya fue condenado se enmarcan dentro del conflicto armado colombiano.

La Corte lo condenó, en 2018, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht vinculados a la Ruta del Sol II.

Además, continúan andando dos procesos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Sin embargo, la defensa del otrora poderoso barón electoral de Córdoba manifestó que los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia condenó al exparlamentario “están enmarcados dentro del conflicto armado colombiano”.

La JEP aún no se pronuncia sobre su caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

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