Miembros de agencias federales de Estados Unidos revisaron con lupa las resoluciones expedidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en las que reconoció como representantes de dos estructuras criminales a 16 delincuentes.
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Sus nombres fueron postulados ante el comisionado Danilo Rueda por delegados autorizados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) con el propósito de “desarrollar acercamientos exploratorios y confidenciales”.
El objetivo, dicen, es “adelantar conversaciones y lograr los términos del sometimiento a la justicia”.
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Por eso, el Gobierno ordenó comunicar la decisión a las autoridades correspondientes para suspender las órdenes de captura por 15 días. La medida estuvo antecedida por la declaratoria de cese bilateral del fuego que implica suspender operaciones militares y policiales en contra de esas organizaciones, desatando una controversia judicial que incluso llegó esta semana a Washington.
El fiscal Francisco Barbosa durante su visita a EE. UU. esta semana.
Cortesía
Las dudas de EE. UU.
Documento donde el Gobierno le pide a la Fiscalía levantar las órdenes de captura a miembros de las Acsn.
Captura de documento
Fuentes federales le aseguraron a este diario que varios de esos representantes “están resaltados con rojo” en la lista de 299 solicitudes de extradición pendientes, que Estados Unidos le ha elevado a Colombia.
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“Para nuestro gobierno se trata de delincuentes de alto valor y de miembros de estructuras criminales que siguen enviando grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, sin que en Colombia se les esté persiguiendo”, le dijo a EL TIEMPO una fuente desde Miami.
El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha estado en varias mesas de paz, instaladas en cárceles del país.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Y aseguró que tanto el FBI como la DEA han manifestado su preocupación por el aumento del narcotráfico y la disminución de capturas e incautaciones de droga.
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Esta semana, tras su visita al Departamento de Justicia, en Washington, el fiscal general, Francisco Barbosa, reiteró lo que ya había dicho en Colombia cuando argumentó jurídicamente por qué no levantaría las órdenes de captura, como lo solicitó el gobierno Petro. Y, de paso, dijo por qué resulta ilegal la medida y riesgoso frenar operativos antimafia.
Resolución donde el Gobierno pide a la Fiscalía levantar las órdenes de capturas a miembros de las Agc.
Captura de documento
“Los grupos armados herederos de estructuras paramilitares no tienen un carácter político, y no existe una ley de sometimiento con las condicionalidades constitucionales que deben acatarse en estos procesos”, enfatizó Barbosa al término de una reunión con Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos.
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Y agregó que en la lista de los 16 hay cinco peligrosos extraditables: cuatro solicitados por Estados Unidos y uno preso en España.
“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el cartel de Cali”, dijo.
Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos.
EFE
El ‘pacto de Rancherito’
La resolución con la que el Gobierno reconoce a miembros de la Acsn para los acercamientos de paz.
Captura de documento
¿De quiénes habla Barbosa? EL TIEMPO investigó y estableció que, tácitamente, desde 2022, bandas (con extraditables incluidos) ya pactaron acuerdos de no agresión con autoridades locales, con miras a que los dejen ingresar a la paz total.
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En Antioquia se habla del ‘pacto de Rancherito’, sellado antes de las elecciones presidenciales para bajar la intensidad del conflicto.
“Allí estuvieron un cura, un funcionario paisa y voceros de bandas locales”, dijo una fuente enterada.
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Y afirmó que entre los nombres que el fiscal Barbosa compara con Pablo Escobar están Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5, y José Miguel Demoya, alias Chirimoya.
Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo de 2022.
Policía Nacional
Dos de los que más le inquietan a Estados Unidos, por su peligrosidad, son ‘Chiquito Malo’ y José Gonzalo Sánchez, ‘Gonzalito’, aunque este último aún no tiene el rango de extraditable. ‘Chiquito Malo’ habría asumido la comandancia de las Agc tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien esta semana aceptó cargos en Estados Unidos.
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A ‘Chiquito Malo’, en 2015, una corte de Brooklyn lo acusó de operar redes criminales internacionales.
‘Pinocho’, el refugiado
Estas son las imágenes del momento de la captura de Fredy Castillo, alias Pinocho o Ganadero.
Policía
Otro de los señalados es Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, capturado el 22 de enero de 2022 en España.
En este caso, EL TIEMPO estableció que se pedirá que se aclare que es un mediador, postulado por líderes de la Sierra Nevada y no por las estructuras criminales.
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Su apoderado, el penalista Álex Fernández, advirtió que Castillo ni siquiera ha sido imputado y menos condenado, por lo que –dice– se trata de una persecución y de una solicitud de extradición atípica.
“Se ha pedido de manera reiterada que lo dejen venir a defenderse”, afirmó el abogado. Y agregó que Castillo no es responsable del crimen del que se le sindica ni del concierto para delinquir con estructuras mafiosas: “Ni siquiera conoce a Alejandro Llinás (el muerto) y no hay homicidio sin móvil”.
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Según dice, a su cliente lo amenazaron en Colombia y viajó a México, donde logró estatus de refugiado. Luego, viajó a España por nuevas amenazas.
Francisco Barbosa, fiscal general, y Gustavo Petro, presidente de Colombia se reunirán este lunes.
El Tiempo
La lista de los ‘Pablo Escobar’ la completan José Miguel Demoya, alias Chirimoya, cabecilla de las Agc; y Norberto Quiroga, alias 5.5, de las Acsn, con una trayectoria criminal de 24 años por desapariciones, homicidios y narcotráfico. Este es parte de la mesa de paz de la cárcel ‘La Tramacúa’.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Ahora, el Gobierno estudia alternativas jurídicas para hacer frente a la posición de la Fiscalía, respaldada por Washington, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial. Para este 30 de enero está prevista una reunión entre el presidente Petro y Barbosa, para discutir el tema.
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