El canciller Álvaro Leyva tiene agendada una cita para el próximo 30 de noviembre en la que se definirá la suerte judicial de esa cartera por la adjudicación de la licitación de los pasaportes.
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La polémica se desencadenó luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, declarara desierta la licitación LP-001-2023, para el suministro, expedición y entrega de pasaportes y etiquetas de visa.
El contrato fue entregado por urgencia manifiesta.
Archivo particular
El pasado 23 de octubre, la firma Thomas Greg radicó una petición ante el Ministerio Público en el que argumentaba que la Cancillería incurrió en “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540 al no existir situaciones que impidan una escogencia objetiva del adjudicatario y como consecuencia no había lugar a la declaratoria de desierta”.
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En el documento, el abogado Juan Pablo Estrada, apoderado de la compañía, pide que se revoquen las resoluciones que declararon desierta la licitación a pesar de que ellos salieron como virtuales ganadores con mil puntos de mil posibles en la licitación por 599 mil millones de pesos.
La fecha de la conciliación
El proceso de la licitación se aplazó en tres oportunidades.
Cancillería
EL TIEMPO estableció que ya se fijó fecha para la conciliación que quedó agendada para el 30 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de la Nación.
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Con esta cita Thomas Greg busca que "se condene al Ministerio a pagar a la Unión Temporal una suma superior a los $107 mil millones".
Según la compañía, habría una vulneración a sus intereses y derechos al haber declarado desierta la licitación y ellos haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato.
En la oficina de pasaportes.
Jaiver Nieto Álvarez /ETCE
De no realizarse el pago de los 107 millones de pesos, la firma le pide a la Cancillería que "a título de restablecimiento del derecho se le adjudique el contrato" a la Unión Temporal Pasaportes 2023.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
El ente de control, en sus tareas preventivas ya había advertido de posibles fallas en el proceso de selección y más tratándose de un contrato cercano a los 600 mil millones de pesos.
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