Un nuevo camino se abre en la fase dos de investigaciones en el caso del millonario contrato entre Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) por 1.07 billones de pesos.
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Tal como lo anunció el fiscal este miércoles se realizaron cinco nuevas imputaciones por peculado ligado con los 70 mil millones de pesos que se pagaron del anticipo del contrato de conectividad para 7.000 planteles rurales del país.
Este es el registro en Miami de OLT Logistic LLC, donde aparece Ottomar Lascarro.
EL TIEMPO
Si bien, cuatro nombres no sorprendieron - Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque Y Juan Carlos Cáceres- el quinto imputado no estaba en las cuentas de algunos.
Se trata de Ottomar Lascarro Torres, un poderoso contratista, cabeza de una casta política de la costa que se inició con su papá (del mismo nombre) exalcalde del Carmen de Bolívar.
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“Ottomar Lascarro es tan cercano a Emilio Tapia que planearon irse a vivir en unas mansiones vecinas en Rionegro, Antioquia” le aseguró a EL TIEMPO un investigador y este diario reveló que además de pagar vuelos charter y de cotizar un jet privado, Emilio Tapia ordenó girarle plata del anticipo a una empresa de Lascarro asentada en Miami.
En efecto, Cáceres admitió haberle entregado dinero del anticipo a una cuenta del Bank Of America, a nombre de OLT (de Otomar Lascarro) por 300.000 dólares.
El 13 de agosto pasado, se revocó el contrato de la vía Caimito-La Unión por el hallazgo de un documento falso.
Archivo Particular
EL TIEMPO reveló un entramado societario ligado al clan Lascarro que se ha quedado con jugosos y polémicos contratos y que algunos ligan a Emilio Tapia.
La Fiscalía está rastreando contratos de los Lascarro, de hecho, se revisa un episodio que estalló después del escándalo con Centros Poblados.
Se trata del contrato que se le entregó al Consorcio Vial Caimito 2021, por 31.000 millones de pesos, para pavimentar la vía Caimito-La Unión.
El contrato se vino abajo por la presentación de un documento falso del Ministerio de Trabajo y por dudas en un certificado de experiencia, expedido en Málaga (España).
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Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC y de Centros poblados es otro de los imputados.
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Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros, también será imputado.
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Y si bien, la alcaldía de Caimito manejó la obra, el gobernador de sucre, Hector Olimpo Espinosa, fue quien gestionó los 31.000 millones de pesos para ejecutarla, pero Espinosa fue enfático en que la parte contractual la hizo Caimito.
EL TIEMPO encontró a fichas de Centros Poblados en ese negocio. En Construcciones Maquinarias y Vías S. A. S., socia del negocio en Sucre, figura Tatiana Lascarro Torres, vinculada a Intec de la Costa. También aparece LT Building S. A. S., cuyo directivo es el monteriano Juan Sebastián Vergara Ortega, el mismo de Omega Building, socia de Centros Poblados.
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El tercer componente del Consorcio Vial Caimito 2021 es Andina Ingeniería y Construcciones S. A. S. Su principal accionista es OLT Logistics, la empresa de Lascarro.
El gobernador Espinosa (izq.) admite que se ha reunido socialmente con Emilio Tapia y con Inocencio Meléndez (der.)
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EL TIEMPO se comunicó con allegados de los Lascarro y aseguraron que se trataba de una familia trabajadora dedicada a la construcción de obras públicas desde hace años.
Hace 5 años, Ottomar Lascarro también perdió un contrato por 4.000 millones de pesos.
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En esa ocasión se supo que antes de llamarse OLT Logistics, su empresa era Gustavo Fontalvo y su banda, dedicada a animar fiestas.
El Área Metropolitana de Medellín se enteró de la metamorfosis societaria y de que tenía un incumplimiento por un contrato con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para el mantenimiento y la adecuación de la cárcel Bellavista (Antioquia).
Aparte de OLT Logistics aparecen detrás de Lascarro las firmas Andina, 4L, AZ Civil, Tecnical Civil, Asfalto, Betcom y Lastor Contructores.
Adicional al escándalo de Centros Poblados, el apellido Lascarro sonó últimamente por el fallecimiento en extrañas circunstancias de Ana Regina Lascarro Torres, aparentemente por una explosión por una supuesta fuga de gas en un apartamento en Bogotá el pasado viernes 13 de agosto.
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