Agentes del FBI de la oficina de Miami y fiscales de Nueva York completaban ocho meses pidiendo información en Colombia sobre capítulos del escándalo de Odebrecht sin que se supiera hacia dónde apuntaban.
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Sin embargo, la Fiscalía anunció este martes que, en un trabajo conjunto con esa agencia estadounidense, se llamó a imputación de cargos a otros presuntos involucrados en el pago de sobornos. Son 10 personas, entre ellas tres brasileños, dos españoles, un uruguayo y cuatro colombianos.
De izquierda a derecha: Luiz Bueno, Andrés Sanguinetti y Manuel Cabral.
Archivo particular
Tal como EL TIEMPO lo ha venido informando, las pesquisas de los federales se concentraron en las investigaciones en contra de los ejecutivos de la constructora que se encargaron de mover los sobornos entre funcionarios y exfuncionarios públicos, y entre congresistas y empresarios.
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Además, de las denuncias que instauró Leonardo Espinosa Quintero, cuando fungió como fiscal ad hoc de Odebrecht, luego de que el fiscal titular, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido por haber trabajado en proyectos relacionados con la multinacional.
El pez gordo
Gabriel García Morales, condenado.
Rodrigo Sepúlveda-EL TIEMPO
Si bien son tres los exdirectivos de la constructora los que será imputados, sin duda el pez gordo es Luiz Antonio Bueno Junior.
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El brasileño se creía a salvo porque sirvió de testigo en algunos procesos. En efecto, el exdirectivo de Odebrecht entregó detalles sobre las reuniones para la entrega del soborno por 6,5 millones de dólares, para garantizar la entrega del proyecto de la Ruta del Sol II.
Vía teleconferencia y en busca de inmunidad total, Bueno Junior señaló que, para acordar el pago de los sobornos, se reunió en diferentes oportunidades con el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.
De hecho, en el juicio contra José Elías Melo, la Fiscalía lo citó como testigo.
Ahora, y luego de que se removió el caso con apoyo del FBI, la Fiscalía les imputará a Bueno Junior y a Amilton Hideaki Sendai –en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia– enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
En ese paquete también aparecen los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce. Ambos están ligados a la empresa Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S. A.-DCS Management.
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“En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, en julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el 0,9 por ciento del contrato”, señaló la Fiscalía.
Un investigador indicó que esa línea de investigación venía de atrás.
Los otros imputados
En otro paquete de imputaciones, por interés indebido en la celebración de contratos, están los otros dos brasileños –Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes– y el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) David Eduardo Villalba Escobar.
Según el ente acusador, Villalba Escobar, con pleno conocimiento y voluntad, habría usado el cargo y su función para favorecer a la concesionaria Ruta del Sol II.
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“El exfuncionario suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II”, asegura el ente de control.
Fiscal Daniel Hernández.
Archivo particular
Y aunque para investigadores cercanos al caso llama la atención que Bueno Junior pasara de testigo a imputado, la sorpresa es el llamado a imputación del denominado fiscal estrella de Odebrecht: Daniel Hernández.
Según el ente acusador, se le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.
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El primer cargo está relacionado con las órdenes de captura frustradas contra tres de los brasileños involucrados en el pago de coimas.
En 2017, Hernández obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
El fiscal Hernández
Otto Bula, exsenador cordobés.
Abel Cárdenas / EL TIEMPO
“Hernández, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registró en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (Sian) para que se hicieran efectivas”, señala la Fiscalía. Y se asegura que tampoco pidió inmediatamente la notificación azul de Interpol para ubicarlos. Además, habría intimidado a Otto Nicolás Bula.
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Allegados a Hernández señalaron que se trata de una persecución en su contra. Y recordaron que Hernández documentó que los brasileños habían salido de Colombia en enero de 2017, y que era ineficaz ejecutar las órdenes de captura.
Y dijo que era inútil solicitar una circular azul de la Interpol para su localización, porque venían contactándolos en Brasil a través del consulado.
Sobre el caso, el fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa) sobre la no ejecución de capturas. El mismo caso que acaba de revivir.
Y no se descarta que haya coletazos en Estados Unidos.
Condenados dentro del caso
Bernardo 'el Ñoño' Elías, condenado.
Archivo / EL TIEMPO
El primer capturado en Colombia por el caso Odebrecht fue el exviceministro de Transporte y exgerente del Inco Gabriel García Morales, condenado a cinco años de cárcel en 2017 por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. García implicó a los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, también condenados.
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En el listado figuran, además, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, por falsedad en documento privado en calidad de determinador, y los excongresistas Otto Bula y Bernardo Miguel el ‘Ñoño’ Elías.
En marzo pasado la Corte Suprema condenó a 13 años de cárcel el exsenador Antonio Guerra de la Espriella por intermediar para favorecer a la constructora brasileña. Hay otros casos pendientes por definir.
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