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El fallo del cuestionado magistrado Mola Capera en contra de la Supersalud
Jorge Eliécer Mola Capera

Jorge Eliécer Mola Capera, magistrado del Tribunal de Barranquilla.

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César Melgarejo / EL TIEMPO

El fallo del cuestionado magistrado Mola Capera en contra de la Supersalud

Jorge Eliécer Mola Capera, magistrado del Tribunal de Barranquilla.

Dio 2 días para suspender toma de posesión de EPS Ambuq. Ordenó revertir distribución de afiliados.

El magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior, le acaba de dar una orden perentoria y polémica a la Superintendencia de Salud.

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En un fallo de tutela de segunda instancia, el togado le dio 48 horas a la entidad para que revierta un proceso que viene ejecutando desde hace 8 meses: la intervención forzosa para liquidar la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq).

En la decisión contra de la Superintendencia de Salud, de los cuatro miembros de la sala, dos se declararon impedidos  y uno de ellos, salvó el voto.

Después de someterla a vigilancia durante 4 años, la Súper tomó esa decisión bajo el argumento de que debía proteger la vida y la salud de sus 771.557 afiliados en los departamentos de Chocó, Atlántico, Bolívar, Valle, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba.

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Aunque el juez tercero penal del circuito de Soledad, Atlántico, negó, en primera instancia, la tutela, Mola Capela –como ponente– revocó ese aparte del fallo en una apretada decisión.

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El duro salvamento de voto

Este es el fallo contra la Superintendencia de Salud.

Foto:

El Tiempo

El togado es el mismo cuya conducta viene siendo indagada por la Fiscalía por presuntas irregularidades dentro del sonado caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se trata de la misma trama que hoy tiene tras las rejas al exsenador Eduardo Pulgar.

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En la decisión contra de la Superintendencia de Salud, de los cuatro miembros de la sala, dos se declararon impedidos –Jorge Cabrera y Demóstenes Camargo– y uno de ellos, Jorge Luna, salvó el voto. Por eso se acudió a un conjuez.

En el caso se disputaban el manejo de la Universidad Metropolitana.

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

En su salvamento, Luna toma distancia de la ponencia y asegura que “no se puede calificar como ligera, improvisada o infundada” la intervención forzosa.

“Como se advierte, es el resultado de múltiples actuaciones tanto de la entidad de vigilancia y control como de la propia EPS. En consecuencia, no considero que a través de la presente acción constitucional (la tutela), procedimiento sumario, se suspendan los efectos jurídicos de la mencionada resolución, cuando los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial”, señala Luna.

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Racismo y carcelazo

La EPS Ambuq tenía 771.557 afiliados en 8 departamentos. Estos fueron distribuidos en 10 EPS de todo el país.

Foto:

Archivo particular

También descarta que se esté violando el derecho al trabajo y al debido proceso de todos los trabajadores de Ambuq: “No es claro este argumento y, por el contrario, tiende a confundir, pues ante el riesgo financiero en que se encuentra la EPS, establecido en estudios adelantados por la Superintendencia de Salud, el cual se incrementó durante los últimos 11 meses de funcionamiento, no hay garantía de que cuente con liquidez para cancelar los salarios y prestaciones de trabajadores”.

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En el fallo, sin embargo, se ordena a la Súper que, dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la notificación, proceda a suspender el acto administrativo de la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPS, hasta tanto la jurisdicción contenciosa emita una decisión de fondo.

Está violando todos los lineamientos de la tutela. Vamos a entablar todas las acciones legales del caso. Son órdenes imposibles de cumplir.
Fabio Aristizábal, superintendente de Salud.

Y, para tal efecto, les da 4 meses a las accionantes para que presenten la demanda respectiva. Según la decisión, con ello se ampara el derecho al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la no discriminación de las accionantes.

En efecto, en la tutela se plantea que puede existir “racismo”, al ser los fundadores de Ambuq afrocolombianos y de clase media o baja. Además, se ordena devolver de inmediato los afiliados, distribuidos entre 10 entidades EPS.

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¿Qué va a pasar?

Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de Salud anunció que tomarán medidas legales.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, calificó de arbitrario el fallo: “Está violando todos los lineamientos de la tutela. Vamos a entablar todas las acciones legales del caso. Son órdenes imposibles de cumplir”.

Y agregó que está probado que esa EPS no cumple estándares y que había afiliados en peligro: “Desde hace tres años, cuando se sometió a vigilancia Ambuq, han desplegado toda una batería jurídica en contra de la entidad. Nosotros estamos protegiendo la vida y la salud de los afiliados”, explicó.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Este diario llamó al despacho del magistrado Mola para conocer su posición sobre el caso y el curso de la indagación que se le sigue, pero al cierre de esta edición no había respondido el mensaje que se dejó con su asesora.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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