Un juez de Zipaquirá, Cundinamarca, le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) suspender uno de los procesos que adelanta tras el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó en diciembre, por 1,07 billones de pesos.
Para el lunes 9 de agosto estaba prevista la continuación de la diligencia de descargos del Consorcio PE2020 Digitales, interventor del polémico contrato, entregado a la Unión Temporal Centros Poblados.
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“Esta decisión se mantendrá mientras se profiera sentencia”, le notificó el juzgado de Zipaquirá al Mintic.
Pero el juez laboral Dominick Cybulkiewicz no solo admitió una tutela, interpuesta por el apoderado de la interventoría.
Además, decretó como medida provisional la suspensión de la audiencia que se les seguía por el presunto incumplimiento de sus obligaciones.
“Esta decisión se mantendrá mientras se profiera sentencia”, le notificó el juzgado de Zipaquirá al Mintic.
Voceros del consorcio interventor le dijeron a EL TIEMPO que interpusieron la tutela porque, en su criterio, se les está violando el debido proceso al no darles tiempo para que ejerzan su defensa.
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Ministra de las TIC, Karen Abudinen, dice que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.
MinTIC
Solo estamos pidiendo plazo para demostrar que hemos cumplido a cabalidad con nuestras obligaciones”, explicó el vocero de la interventoría.
“Para defendernos de un primer cargo nos dieron 15 días. Pero sumaron cuatro cargos más, otro operador y querían que respondiéramos en 24 horas. Solo estamos pidiendo plazo para demostrar que hemos cumplido a cabalidad con nuestras obligaciones”, explicó el vocero de la interventoría.
Y cuando se le preguntó si ellos daban fe de que el contratista –Centros Poblados– había invertido los cerca de 70.000 millones de pesos del anticipo, respondió: “Eso debemos constatarlo en la verificación de campo, y no se ha programado porque el contratista aún no ha cumplido con unas metas”.
Por su parte, en Mintic alistan la respuesta a la acción de tutela del interventor.
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Este es el fallo de tutela que ordena congelar las audiencias hasta que exista un fallo de fondo.
EL TIEMPO
De manera paralela, EL TIEMPO conoció un documento en el que se busca vincular a un asesor de la dirección de Infraestructura del Mintic con una empresa de Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.
Molina es el constructor al que denuncias en Fiscalía señalan de haber servido de puente para obtener las garantías presuntamente falsas. Además de contratista, figura como accionista de CM Construcciones y Mantenimiento S. A. S.
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Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros, dice que Jorge Molina consiguió las garantías presuntamente falsas.
Archivo Particular
Esa firma aparece en un tribunal de arbitramento (de 2017) en el que actuó como apoderado de una de las partes el abogado Felipe de Vivero Arciniegas, el asesor del Mintic.
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De Vivero es un experto en derecho administrativo que estructuró jurídicamente el proceso licitatorio en el que resultó adjudicatario Centros Poblados.
Además, está haciéndole el acompañamiento legal al Ministerio en el proceso de caducidad de ese contrato, al que el apoderado de la Unión Centros Poblados se opone.
En efecto, Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal, asegura que solo un juez de la República puede decidir si las garantías son o no falsas.
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Esa empresa nunca se presentó al proceso. Por eso, el tribunal me nombró curador 'ad litem', una especie de asistente judicial (...) Pero nunca lo vi, conocí o apoderé. Abogado Felipe de Vivero
El abogado De Vivero fue enfático en que no conoce a Molina.
Además, en que él solamente apoderó –en el tribunal de arbitramento– a la empresa Disico, que hacía parte de un consorcio en el que aparecía la firma de Molina.
“Esa empresa nunca se presentó al proceso. Por eso, el tribunal me nombró curador ad litem, una especie de asistente judicial, de designación forzosa. Pero nunca lo vi, conocí o apoderé”, explicó el abogado.
De hecho, dijo que, posteriormente, su cliente había denunciado penalmente a Molina. Por eso descartó de plano que tuviera algún tipo de impedimento para asesorar al Mintic en este caso.
EL TIEMPO obtuvo un nuevo celular de Molina y se comunicó con el empresario para conocer su versión sobre el tema de las garantías presuntamente falsas que le endilgan.
Desde el WhatsApp respondieron que está interesado en aclarar el asunto en el que lo implican , ya que –dice– la información que ha salido en medios “no es la realidad de la situación”.
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