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El eslabón clave del escándalo por el millonario contrato en Mintic
Funcionario de centros poblados en zonas rurales

Centros Poblados asegura que invirtió en equipos los $ 70.000 millones del anticipo.

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Archivo particular Centros Poblados

El eslabón clave del escándalo por el millonario contrato en Mintic

Centros Poblados asegura que invirtió en equipos los $ 70.000 millones del anticipo.

Jorge Molina sería la vía para llegar a ‘cantera’ de garantías turbias. Rastrean apartamento y yate.

Suplantación de correos electrónicos y de una carta del Banco Itaú, firmas burdamente falsificadas, chats filtrando documentos confidenciales, millonarias garantías señaladas de falsas…

Las irregularidades que levitan en torno al contrato por 1,07 billones de pesos que la Unión Temporal Centros Poblados se ganó en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) están dejando al descubierto un oscuro entramado en torno a jugosas y millonarias licitaciones públicas.

(Lo invitamos a leer: Escándalo por garantías falsas al Mintic destapa otro millonario caso

Adriana Vivas, delegada de Mintic, declaró la caducidad

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Archivo Particular

Hace apenas 48 horas, el Mintic declaró de tajo su caducidad, una decisión que afecta a cuatro poderosas firmas (miembros de la Unión Temporal) que aseguran tener contratos abiertos por 8 billones de pesos en Colombia, Panamá y hasta en Emiratos Árabes.

Una de ellas es ICM Ingenieros S. A. S. –ligada al condenado exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz–, que completa más de una década en las grandes ligas de la contratación y que actualmente ejecuta un contrato con el Invías, congelado por cuenta de este escándalo (ver nota abajo).

Y aunque se trata de curtidos jugadores de la contratación pública, todos los miembros de la UT aseguran que no sabían que las garantías que presentaron –para quedarse con la conectividad de más 7.000 colegios rurales en 15 departamentos, más Bogotá– eran falsas, según lo ha certificado el Itaú, su supuesto emisor.

(Le puede interesar: Entutelan al Mintic dentro del escándalo por contrato con garantías falsas

Itaú entregó examen pericial en torno a las firmas falsificadas.

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EL TIEMPO

Yate y anticipo

Este es el chat al que la ministra Abudinen se refirió cuando habló de filtraciones.

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EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que desde antes de que se les adjudicara el contrato, la propuesta que Centros Poblados le presentó a Mintic ya tenía líos.

En efecto, la garantía de seriedad de la oferta (presentada en octubre de 2020) también es apócrifa, según se lo certificó el Itaú a este diario.

El vocero de SES Colombia S. A. S., firma contratada para verificar pólizas y garantías en el Ministerio, le dijo a EL TIEMPO que ya están colaborando con la Fiscalía.

Y a Mintic le señalaron que partieron de la buena fe de los participantes en la licitación y por eso entregó concepto favorable.

Y aunque la investigación se ha centrado en las garantías que el Itaú califica de falsas, hay información según la cual una de las piezas clave estaría en Estados Unidos.

(Le puede interesar: Las piezas ocultas del escándalo en millonario contrato de Mintic

Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados.

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Archivo Particular

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados.

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Archivo Particular

A ese país fue a parar parte del anticipo, por 70.000 millones de pesos, que recibió la UT.

Su apoderado, Jorge Pino Ricci, ha sido enfático en que 58.301 millones de pesos se le giraron a la firma Nuovo Security LLC. (en Florida) para adquisición de equipos. Y a Inselsa, en Colombia, se le entregaron 11.941 millones para el mismo fin.

Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, asegura que en bodegas hay equipos por 20.828 millones de pesos; se han instalado otros, por 26.300 millones; y ya montaron 1.002 centros digitales en Magdalena, Bolívar, Chocó y Boyacá.

(Sobre el tema: Los chats que probarían filtración en Mintic del contrato del escándalo

EL TIEMPO estableció que autoridades quieren descartar o confirmar información sobre un supuesto vínculo entre el caso y la reciente compra de un apartamento y de un yate en Estados Unidos.

Este diario se abstiene de revelar datos para no entorpecer la verificación que se adelanta.

En todo caso, el abogado Pino Ricci ya anunció que presentará la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato. Además, insiste en que la ministra Karen Abudinen prejuzgó a sus clientes (ver nota abajo).

El señor Molina

Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros.

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Archivo Particular

Y Pino Ricci busca librar de total responsabilidad a la UT bajo el argumento de que se pagaron 2.800 millones de pesos por las garantías, aunque no han entregado los soportes.

Además, dice que estas se tramitaron a través de Juan José Laverde, gerente suplente de la reputada firma paisa Rave Agencia de Seguros Ltda., y de Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.

“Aparentemente, Molina las tramitó a través de funcionarios del Itaú”, dijo Pino durante la audiencia de caducidad.

Laverde le pidió a la Fiscalía que investigue a Molina, a quien hasta hace unas semanas calificaba como uno de sus mejores clientes.

(En contexto: Contratista de escándalo en Mintic busca aplazar audiencia de caducidad

“Lo conozco desde 2019. Lo habíamos buscado como cliente desde hace rato porque maneja mucha contratación. Hemos participado en licitaciones con él y le he vendido unas 30 pólizas. Él fue quien tramitó la consecución de las garantías”, le dijo Laverde a EL TIEMPO.

Y en una denuncia ante la Fiscalía agregó: “Molina me manifestó que poseía un lote en Santa Marta de un alto valor comercial, pignorado a través de una banca de inversión al Banco Itaú-Corpbanca Colombia, y por tal motivo era que tenía la facilidad de conseguir los cupos de crédito y garantías bancarias”.

El presidente Iván Duque le ha dado todo el respaldo a su ministra de las TIC, Karen Abudinen.

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Néstor Gómez. EL TIEMPO / Ministerio TIC

Interrogantes y denuncias

Adelantamos demandas civiles en su contra y hemos logrado embargos. También interpusimos una denuncia penal que se archivó por supuesta atipicidad de la conducta. Vamos a pedir que se desarchive”.

¿Qué sabe Molina sobre las garantías? ¿Es otro tercero de buena fe, como alega la UT? ¿Conoció a supuestos empleados del Banco Itaú? ¿Por qué también aparece ligado a garantías (calificadas de falsas por el Itaú) presentadas a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), tal como lo reveló una investigación de EL TIEMPO?

La Fiscalía ha estado indagando por este bogotano, de 55 años, y encontró su nombre en varios contratos y en denuncias que él mismo interpuso o que le han puesto.

Voceros de Disico S.A. Ingenieros, socios de Molina en un contrato de construcción de una cárcel con Fonade (en 2009), aseguran que “se evidenciaron una serie de irregularidades que involucraban la falsificación de contratos y pólizas, además de la apropiación de dineros del anticipo”.

“Adelantamos demandas civiles en su contra y hemos logrado embargos. También interpusimos una denuncia penal que se archivó por supuesta atipicidad de la conducta. Pero vamos a pedir que se desarchive”, le dijeron a EL TIEMPO.

(Además: Mintic buscará que contratistas paguen cláusula por $ 39 mil millones

Esta es la garantía de seriedad, presuntamente falsa, que presentó Centros Poblados antes de que le adjudicaran la licitación.

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EL TIEMPO

Y confirmaron que, cuatro años después de los hechos denunciados, contrataron a la oficina del abogado Felipe de Vivero –hoy asesor de Mintic y estructurador de la licitación– para que representara a la Unión Temporal en un tribunal de
arbitramento contra Fonade.

Sin embargo, advirtieron que De Vivero no representó a CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., la firma de Molina que ni siquiera se hizo presente en el caso.

¿Más casos?

Otro expediente que los investigadores están desempolvando está relacionado con un lujoso proyecto, de 210.000 metros cuadrados, en Pozos Colorados, corregimiento de Gaira (Magdalena). El denunciante dice que tiene cómo demostrar que desembolsaron 200 millones de pesos y que nunca se volvió a saber del proyecto.

Pero Molina, quien aún no ha salido a dar su versión pública sobre las garantías de Mintic, también ha denunciado haber sido víctima de atropellos. En julio de 2019 denunció por amenazas a tres personas, a las que admitía deberles 700 millones de pesos.

(Sobre el tema: )

Por ahora, además del caso de la Upme, se han encontrado tres licitaciones más en las que se habrían presentado documentos falsos. Los investigadores indagan si en estas aparece alguno de los protagonistas del escándalo en Mintic.

A mitad de semana, Jorge Molina le hizo saber a EL TIEMPO que estaba interesado en dar su versión, con asistencia de su abogado, porque lo que se estaba diciendo sobre las garantías no era cierto.

Este diario lo volvió a buscar para preguntarle, además, por las denuncias. Pero al cierre de esta edición no había respondido.

El presidente Iván Duque respaldó a la ministra Abudinen. Aun así, la oposición radicó una moción de censura en su contra.

Las 4 empresas que conforman Centros Poblados.

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EL TIEMPO

Las 4 firmas vetadas

La responsabilidad en la consecución de las garantías presuntamente falsas se le encomendó a Intec de la Costa,

La caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, declarada por Mintic, trae consigo una inhabilidad para contratar con el Estado –por 5 años– para las empresas que la conforman.

Se trata de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, cuyo representante legal es Carlos Paramos Samper. La firma aparece con un 35 por ciento de participación en la Unión Temporal (UT).

Le sigue ICM Ingenieros S. A. S., con el mismo porcentaje dentro del contrato e Intec de la Costa S. A. S., cuyo representante legal es Hugo Armando Canabal Hoyos, con un 15 por ciento del contrato caducado.

La cuarta sancionada es Omega Buildings S. A. S., que presentó como representante legal a Juan Sebastián Vergara Ortega y que tiene el resto de la participación.

Si bien Jorge Pino Ricci, abogado de la UT, ha insistido en que esta es un tercero de buena fe, ha sido claro en que la responsabilidad en la consecución de las garantías presuntamente falsas se le encomendó a Intec de la Costa, contra quien debería recaer de manera exclusiva la sanción.

(Le puede interesar: Explosivos hallazgos en indagación por atentados a Duque y Brigada 30

Adriana Vivas, delegada de Mintic, fue delegada por la ministra Abudinen para asumir el proceso administrativo contra Centros Poblados. 

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Archivo Particular

De hecho, en la audiencia de caducidad, dijo que a sus clientes se les violó el debido proceso. Y que si bien él representa a la UT, se debió citar a los representantes legales de cada una de las firmas para que ejercieran su defensa.

Pino también alega que, en su criterio, los términos del proceso estaban suspendidos por una incapacidad médica que presentó.

Además, sigue insistiendo en que es a un juez de la República a quien le corresponde establecer si las garantías presentadas son falsas.

Y aunque Adriana Vivas Robles –asesora de Mintic y delegada para adelantar el proceso de caducidad– advirtió que contra la decisión tomada no procede ningún recurso, el abogado Pino dijo que pedirá la revocatoria de este acto administrativo.
Además, le dijo a EL TIEMPO que no descarta interponer una tutela por la supuesta violación del debido proceso, que Vivas Robles desestimó.

Según Pino, se avecina un millonario pleito contra la nación por la caducidad, que impacta a los miembros de la UT que –dice– tienen contratos vigentes por 8 billones de pesos.

¿Qué viene ahora?

La oficina jurídica del Mintic buscará hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato, la cual establece que los contratistas deben pagar la suma de 39.000 millones de pesos.

Tras declarar la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, la ministra Karen Abudinen dijo que se buscará recuperar el anticipo, por 70.000 millones de pesos.

Además, que la oficina jurídica del Mintic buscará hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato, la cual establece que los contratistas deben pagar la suma de 39.000 millones de pesos. Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a EL TIEMPO que adelantan cuatro líneas de investigación y que pronto habrá resultados.

“Una primera línea tiene que ver con funcionarios involucrados o que trabajaron en la estructuración, evaluación o aprobación de los documentos precontractuales; otra línea, relativa a la entidad o el contratista que presentó esos documentos (las garantías); y otra, sobre la expedición de las garantías”. La cuarta línea evalúa cómo se giró el anticipo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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